Análisis político
La película completa
La convicción de que Alberto Rodríguez Saá es el máximo responsable de dejar a la provincia quebrada y la caída en su imagen pública a niveles inéditos son las dos certezas que arrojan los estudios de opinión pública serios que se han hecho en los últimos días en San Luis.
Esos trabajos, porque son costosos, circulan entre muy pocas manos en las escasas mesas políticas que alumbran el escenario y sus decisiones a la luz de ese tipo de estudios más allá de los tiempos electorales.
Ambas conclusiones parecen estar estrechamente ligadas: el desfonde de su imagen viene a cuenta de su (i)responsabilidad al frente de un gobierno que se fue dejando todo roto y manchado por la sospecha de la corrupción generalizada.
Ese fantasma que, en honor a la verdad siempre merodeó a todos los gobiernos, pareció encarnarse y cobrar vida en buena parte de los elegidos para acompañarlo en el último tramo de su vida política y en la que su hijo Alberto ofició de lazarillo.
“Seré los ojos de mi padre” sabía repetir Junior, “porque si no, ellos se lo comen”. Así argumentaba su desconfianza sobre la dirigencia que rodeaba a su padre en 2015 y con la que llegó al gobierno. Lo veía rodeado de lobos.
Sin embargo, es curioso porque quienes hoy están denunciados por hechos de corrupción -que por cierto la Justicia deberá probar- son en su mayoría quienes llegaron de su mano, cuando se activó la frustrada transferencia generacional, amigos y compañeros de colegio que se convirtieron, sin preparación, en funcionarios de primera línea.
Rodríguez Saá padre los había definido como “los jóvenes brillantes” de su gabinete, mientras despreciaba a los dirigentes que lo habían acompañado durante años con sus berrinches y vaivenes políticos.
Aquel desplazamiento del poder que antes había hecho sobre Claudio Poggi apuntaba a evitar su olvido y a que el traspaso generacional se hiciera en manos ajenas.
“No se dan cuenta que si yo no intervengo todos ustedes pasan al olvido” repetía Alberto, palabras más, palabras menos, para justificar su movida política. Estaba viendo lo que iba a pasar.
Poggi había dejado su primer mandato en el gobierno con un altísimo nivel de reconocimiento social y cosechado en esa elección de 2015 más votos como candidato a diputado nacional que Rodríguez Saá a gobernador.
Aquel 25 de octubre de hace nueve años atrás Poggi había obtenido 10 puntos más que Rodríguez Saá. Ya estaba todo dicho.
Para ser justos hay que decir también que hubo redundantes gestos como para que todos se dieran cuenta qué estaba pasando y cuál era el nuevo camino por el que Alberto Rodríguez Saá quería que transitara la política de San Luis en los años que vendrían.
Si hasta la publicación en el diario de la familia de una fotografía de ese grupo de jóvenes en el ingreso al Hotel El Volcán, bajo el título “aquí está el futuro”, pareció ser un contundente mensaje para la dirigencia y en particular para su hermano Adolfo -luego expulsado del partido “con la ayuda policial”, como él mismo siempre se encarga de señalar.
Es increíble ver cuántas señales hubo del maltrato que le sobrevendría a esa dirigencia y lo complaciente que permaneció.
Como sea, ninguno de los jóvenes con los que Rodríguez Saá experimentó el llamado “recambio generacional” estuvo a la altura de la demanda política de San Luis. Hay quienes creen que en realidad él no supo conducirlos.
Si alguien alumbraba alguna expectativa alrededor de la componedora imagen del ex ministro Felipe Tomasevich, esa ilusión se deshizo la siesta del 15 de julio de 2020 con su renuncia -en plena pandemia-, noticia que le dio vida a esta página.
Aquel hecho merecía ser contado en un contexto mucho más amplio que la coyuntura, porque la repercusión de esa salida del gabinete que fue recordada hacia afuera por los aplausos de sus colaboradores y empleados que lloraron por su salida, en realidad hizo desastres puertas adentro.
Una ilusión se rompió internamente con la salida de Tomasevich: el entorno más íntimo de Rodríguez Saá padre supo entonces que ya no había una hoja de ruta, que no había plan que asegurara la continuidad y que lo único que quedaba por hacer era echar mano a las prebendas electorales a niveles de repugnancia. No hacían falta ministros, sino mozos para repartir la milanesa.
La dirigencia pejotista, bien gracias, pagando su cancelación con silencio.
Para pesar de Rodríguez Saá, ocho años después y nuevamente con el respaldo en las urnas, ese traspaso generacional está ocurriendo y es liderado por Poggi.
Alguien podría pensar que entonces estamos viendo una película con ocho años de atraso, y con otro final.
Lo cierto es que desde entonces las estadísticas confirman que sobrevino el período más destructivo de todos los indicadores económicos y sociales de los que haya registro en la provincia, y que culminó con las graves acusaciones de corrupción en las que quedó envuelta casi una decena de ex funcionarios y de las que a continuación damos cuenta.
Una por una, las acusaciones y los denunciados.
Marcelo Amitrano.
Ya en noviembre de 2022 Rodríguez Saá había dispuesto la utilización del sistema de lemas porque sabía que no había un candidato que por sí mismo estuviera en condiciones de enfrentar y ganarle a Poggi.
Así es que la llegada de Marcelo Amitrano al ministerio del Campo en la semana de la Navidad de 2022, y muy resistida por el resto del gabinete que siempre lo consideró como de otro palo, pareció anticipar el rol que le esperaba jugar cuando sólo tres meses después anunciara su postulación como candidato a gobernador en la búsqueda de sumar votos para el lema oficialista.
Le fue mal, rascó 1952 votos, pero se llevó consigo dos denuncias penales al dejar el Gobierno.
- La primera en relación a la causa que investiga la desaparición de cinco vehículos oficiales que estaban bajo su órbita ministerial y que registraban consumos de combustible en el sur provincial aparentemente para otros usos particulares.
Por esto Amitrano fue denunciado por los Delitos de Fraude en perjuicio de la Administración Pública e Incumplimiento de los Deberes de Funcionarios Públicos.
- La segunda, en relación a la causa que investiga la utilización de un vehículo oficial que hizo millonarias cargas de combustible en la ciudad de San Luis que aparentemente luego iban a tanques de otros vehículos particulares.
En este caso fue denunciado por los Delitos de Fraude en perjuicio de la Administración Pública e Incumplimiento de los Deberes de Funcionarios Públicos.
Cintia Ramírez.
La ex secretaria de Deportes, presidente del Ente desconcentrado San Luis Deportes y presidente de la Asociación San Luis Futbol Club, Cintia Ramírez, carga dos denuncias penales en su contra. Y el próximo 28 de febrero tendrá la oportunidad de defenderse de esas acusaciones ante el Juez de Garantías, Marcos Flores Leyes.
- La primera es en relación al manejo discrecional de recursos públicos que hizo y que otorgó al club que presidía. Entre 2022 y 2023 Ramírez (se) hizo 276 transferencias por un total de más de 176 millones de pesos. Gran parte de esos fondos fueron enviados-recibidos aún cuando el club que ella misma presidía no tenía siquiera personería jurídica.
Por eso fue denunciada por los delitos de negociaciones incompatibles con el ejercicio de funciones públicas, malversación de caudales públicos, peculado y fraude en perjuicio de la administración pública.
- La segunda denuncia corresponde con la causa que investiga el pago por contratación en forma directa -una semana antes de dejar su cargo en el Gobierno- de más de 88 millones de pesos en concepto de anticipo financiero a una empresa para que hiciera el movimiento de suelos y la instalación de alambrado olímpico en dos canchas en el predio de la Universidad de La Punta. Nada de esos trabajos se hizo realidad. Ese expediente de pago lleva también la firma del ex secretario General de la Gobernación, Miguel “Micky” Berardo.
En esta causa está denunciada por el delito de violación de los Deberes de Funcionarios Públicos.
Luciano Anastasi.
Luciano Anastasi asumió como ministro de Seguridad el 10 de agosto de 2020. Su gestión quedó marcada por la desaparición de Guadalupe Belén Lucero, que este jueves cumplió 8 años y la sociedad de San Luis reclama sana y salva.
Pero también acumula dos denuncias penales en su contra.
- La primera, apunta a que se investigue si favoreció a una empresa de un familiar constituida dos meses después de su asunción como ministro y que le facturó al Estado entre 2021 y 2022 por compras ordenadas por su cartera, más de 170 millones de pesos.
Por esta causa Anastasi fue denunciado por los Delitos de Negociaciones incompatibles con el ejercicio de funciones públicas y Violación de los Deberes de Funcionarios Públicos.
- En la segunda causa contra Anastasi, en la que también quedaron involucrados el intendente de La Toma, Ernesto Alí y el ex jefe de la Policía, Claudio Latini, se investiga el pago de anticipos financieros superiores a los montos establecidos por contrato a una empresa que sólo hizo el 1% de las obras encomendadas en edificios policiales de esa localidad del departamento Pringles.
En este caso, tanto Anastasi, como Alí y Latini fueron denunciados por delitos Contra la Administración Pública y Abuso de autoridad e Incumplimiento de los Deberes de Funcionarios Públicos, en concurso real.
Eloy Horcajo.
Perdidas las elecciones del 11 de junio, el entonces ministro de Hacienda, Eloy Horcajo, puso su firma para pasar a planta permanente más de 5000 empleados públicos para agigantar el Estado y comprometer los recursos provinciales que le quedarían al próximo gobierno; y lo que legalmente significó una violación a la ley presupuestaria vigente.
- Esta es la razón por la que fue denunciado penalmente por el delito de incumplimiento de los Deberes de Funcionarios Públicos.
Carolina Agüero García.
Carolina Agüero García hizo con sus manos el gesto de corazón. Como agradecida. Una inolvidable fotografía que se puede ver en internet y que consiguió el atento lente del reportero gráfico del diario digital El Chorrillero.
Era el 16 de marzo de 2022 y asumía como secretaria de Comunicación del gobierno provincial, en el mismo acto junto a Cintia Ramírez en Deportes.
Desde entonces, según la denuncia de Fiscalía de Estado, utilizó ese cargo para “orquestar un sistema de prestaciones de servicios de promoción y difusión de actos institucionales, direccionados a su ex pareja y progenitor de su hija, Mariano Alberto Viteri dedicado a una actividad declarada en AFIP, diferente a las tareas encomendadas” que le permitió facturar más de 102 millones de pesos.
- Esta es la causa en la que se la investiga y por la que fue denunciada por Delitos en Contra de la Administración Pública, Negociaciones Incompatibles al Ejercicio de Funciones Públicas, sin perjuicio de aquellos contenidos en los artículos 260 y 261, del mismo cuerpo legal, esto es, “Malversación de Caudales Públicos” y “Peculado” o bien, aquel que resultare de la investigación dispuesta.
Cristian Niño.
Cristian Niño cumplió un papel similar al de Eloy Horcajo. El ex ministro de Salud que asumió a cuatro meses de las elecciones puso su firma para contratar en menos de 10 meses unos 800 agentes de salud adicionales a los 4.909 presupuestados para el año 2023.
Esas contrataciones empezaron a gotear días previos a la elección del 11 de junio y se abrieron desaforadamente -678 nuevos agentes- luego de la derrota electoral, sin importar el mandato de la Ley de Presupuesto.
- Esta es la investigación por la que Niño fue denunciado por el delito de Violación de los Deberes de los Funcionarios Públicos.
Sergio Freixes.
El lonko.
Alberto Rodríguez Saá no le perdonará jamás al “lonko” Sergio Freixes por haber llevado a su hijo a las arenas del escarnio público nacional.
Su dirigente todo terreno, ya para pedir las renuncias anticipadas de jueces, ya para administrar con recursos públicos el más millonario festival de la provincia, ya para asumir en ministerios vacantes o ya para alambrar políticamente el sur provincial cruzó una línea sin retorno. Se metió con su única debilidad, su hijo.
Freixes casi logra embarrar judicialmente al único que Rodríguez Saá le aseguraría salir indemne del gobierno: su propio hijo, su lazarillo.
De hecho, mientras el resto de los ex funcionarios se ven desprotegidos y afrontando las consecuencias de sus actos, Alberto hijo está fuera de los expedientes judiciales.
¿Utilizó Freixes el nombre del hijo del Gobernador como llave para abrir las puertas que necesitaba?
Lo cierto es que la denuncia interpuesta por el verdadero lonko de la comunidad ranquel, Manuel Baigorria, apunta contra Freixes, quien administró y se llevó las ganancias del campo mientras él había sido separado de la administración, lo que supone la posible comisión del delito de Administración Fraudulenta.
***
Para cerrar, un dato de la coyuntura en relación a las mayorías legislativas.
En las últimas horas un grupo de legisladores le pidió a la presidenta de la Cámara de Diputados, Silvia Sosa Araujo que convoque a sesión especial -tiene un plazo de 10 días para hacerlo- para elegir a las nuevas autoridades de ese cuerpo legislativo para el período 2024.
Aparentemente hay una nueva mayoría en condiciones de tomar la conducción de la Cámara baja.
