Adolfo Rodríguez Saá lanzó un registro para proteger a los trabajadores del estado

El senador nacional y candidato a gobernador de San Luis por el frente Juntos por la Gente, Adolfo Rodríguez Saá, y un grupo de abogados lanzaron este martes un registro para inscribir a los empleados públicos, becarios y beneficiarios de planes sociales y agentes que vean “perseguidos” o “echados” del Gobierno por expresarse en contra de los candidatos del oficialismo o a favor de postulantes de otras fuerzas en las elecciones del próximo 16 de junio.

“La persecución ideológica es peligrosa”, advirtió Adolfo en declaraciones formuladas a la prensa, tras  el encuentro con  abogados  de la provincia, junto a quienes conformó “una agrupación en defensa de la libertad de expresión y el pluralismo de ideas” de los trabajadores “a raíz del miedo que mete el gobierno de perseguir,  echar,  tomar lista  y obligar a  los empleados públicos y beneficiarios a asistir a los actos políticos”, bajo amenaza de “censurarlos, controlarlos por las redes sociales   si se expresan a favor de quiénes no sean los  candidatos del oficialismo”.

“Me parece que eso es antidemocrático, vamos a defenderlos  abrir un registro para que los becarios y beneficiarios de planes sociales  que han si do echados, empleados públicos que han sido trasladados o perseguidos por sus ideas se puedan inscribir, para defender sus derechos y oportunamente reincorporarlos”.

Acompañado por su compañero de fórmula, Marcelo Sosa, el candidato a la gobernación puntana, precisó que los trabajadores de la administración provincial, “temen perder su empleo o beneficio por pensar distinto”.

Respecto a los próximos comicios, se mostró optimista: “Me siento confiado para las elecciones, voy a ganar por amplio margen. Las encuestas dicen que estamos empatados con Alberto. Es una elección difícil pero vamos a ganar ampliamente”, afirmó Adolfo, en declaraciones formuladas a la prensa.

Ante una consulta referida al control de las elecciones, Rodríguez Saá indicó que el acto electoral “se garantizará con las fuerzas nacional federales”, tras considerar que las las fuerzas de seguridad de la Provincia  “están bajo control del gobernador y el ministro de Seguridad”.

En ese sentido, el candidato precisó que desde el espacio que lidera  “solicitamos a la secretaría Electoral Provincial que  controle los comicios del 16 de junio”.

A continuación, el documento que emitieron durante la reunión:

«En la Provincia de  San Luis, actualmente se está viviendo una situación de suma gravedad institucional, que afecta el sistema democrático; en efecto, los empleados públicos, los integrantes del Programa Trabajo por San Luis (Planes Sociales) y a muchos beneficiarios de distintos tipos de becas, el Gobierno de la Provincia de San Luis, no les permite expresar libremente sus opiniones políticas, manifestar sus pensamientos ideológicos, se les controla hasta su intervención  en la redes sociales, se les impide su participación en reuniones políticas, todo ello bajo amenazas de ser despedidos, las cuales en muchos casos se han concretado.-

De este modo el Estado Provincial, antidemocráticamente, controla y persigue al sector de la población más indefenso, más necesitado, amenazándolos con ser despedidos en caso de hacer alguna tipo  de manifestación política  a favor de algún candidato de la oposición, cualquiera sea, lo cual es absolutamente repudiable.-

La libertad de expresión es un derecho de carácter constitucional, pilar fundamental de la democracia, sin ella ésta no existe; es el derecho a expresar libremente las opiniones y convicciones políticas,  es el derecho a que ningún Gobierno, ni poder, criminalice a los ciudadanos por sus expresiones. Sin libertad de expresión no puede haber democracia, pues esta supone el derecho de los ciudadanos a participar en el gobierno y este derecho no se podría ejercer si los ciudadanos no pudiesen expresar libremente sus opiniones y convicciones políticas. En este sentido, los ataques a la libertad de expresión por parte del Gobierno Provincial pueden ser considerados ataques a la democracia.

Lo expuesto provoca una grave situación institucional, que los hombres y mujeres de derecho NO PODEMOS CONSENTIR, razón por lo cual decidimos:

1.  Conformar una ASOCIACION DE ABOGADOS EN DEFENSA DE LA CONSTITUCION Y DEL DERECHO DE EXPRESION, quienes asumimos el compromiso de ejercer una defensa activa de todos los ciudadanos, de cualquier signo político, que el Gobierno de la Provincia lo haya despedido de sus trabajo, o quitado alguna beca, como consecuencia de haber efectuado alguna manifestación política en contra del Gobernador de la Provincia de San Luis, Dr. ALBERTO RODRIGUEZ SAA o de alguno de los FUNCIONARIOS DEL GOBIERNO PROVINCIAL.-
2. Abrir un Registro de empleados públicos, integrantes del Programa Trabajo por San Luis (planes sociales) y de beneficiarios de distintos tipos de becas del Gobierno de la Provincia, que hayan sido perseguidos o despedidos de su trabajo, como consecuencia de haber  efectuado manifestaciones políticas a favor de algún candidato opositor al Gobierno Provincial.-
3. Proponer una legislación que devuelva la competencia de la protección de los derechos de los trabajadores y beneficiarios de planes y becas del Gobierno de la Provincia a los tribunales inferiores de nuestra Provincia, sacando la competencia originaria del Superior Tribunal.-
4. Proponer un nuevo sistema de votación que pueda garantizarle la independencia de los ciudadanos en la elección de los candidatos.-
5. Tomar medidas para garantizar una mejor calidad institucional, tales como exigir inmediatamente la designación del DEFENSOR DEL PUEBLO, que pueda actuar en resguardo de los derechos de los más necesitados.-
6. Exigir la inmediata integración del Superior Tribunal, con el número mínimo de miembros que exige nuestra Constitución.- 

Todo lo expuesto a los fines de efectuar una defensa y resguardo de los derechos de los trabajadores, cuyas garantías constitucionales han sido vulneradas.»