Banca del vecino con un fuerte sesgo opositor

-“Vecinos autoconvocados” hicieron uso de la banca del vecino durante más de una hora y media. Los cinco comerciantes, de los cuales tres se mostraron en la misma reunión, pidieron apoyo al Concejo para que las notas que le envían al gobierno lleguen efectivamente.

Pusieron como ejemplo el cierre de “Dulzuras Susana” como algo que no quieren que les pase. Además, anunciaron que dejarán de respetar la terminación de DNI para atender a los clientes, medida que el miércoles 16 fue derogada. Solicitaron también que todos los comercios sean declarados “esenciales”.
Expusieron que hay más de mil firmas en una nota que está en diversos comercios, las cuales según les informaron, representarían a la mitad de los comercios de Merlo. Aunque posteriormente la concejala Grendene confesó haberla firmado, por lo que se deduce que las mil firmas no representan a mil comercios necesariamente. Se definieron cómo obedientes a las normas y no “antipandemia ni anti cuarentena”. 

Solicitaron finalmente una suspensión de los impuestos retroactiva del 1 de enero de 2021 hasta el 31 de diciembre del mismo año y que se realice una medida similar en cuanto a las multas por incumplimiento de los protocolos de higiene.

Se declararon en estado de alerta y adelantaron que tomarán medidas según las respuestas recibidas. También, definieron que no van a seguir comportándose “de manera pasiva” con la sociedad. Les exigieron a los concejales una respuesta en un máximo de una semana.
“Acá hay un solo responsable: el gobernador”, declaró uno de los comerciantes.

Matías Herrera tomó la palabra e hizo un recuento de lo acontecido durante esta pandemia y del accionar del bloque San Luis Unido. Se mostró conforme con el trabajo de salud pero fue muy duro con las medidas económicas del gobierno diciendo que no son suficientes.

Ana Orlando denunció ser "perseguida política" por haber defendido a los vecinos de Merlo. Según la edil, una causa penal (en curso) y la obligación a realizarse un hisopado luego de una manifestación, son "la condena del gobierno provincial". 

El concejal Almena, que se definió como del PRO, siguió en la misma línea que el oficialismo municipal. De la misma forma lo hizo la concejala Morandé para terminar con las declaraciones. La nota enviada fue derivada a comisión y será tratada durante las próximas reuniones.

Simón González Alegre