Caso Magalí Morales: piden que indaguen a policías por femicidio

A un año y cinco meses de que el cuerpo de Florencia Magalí Morales fuera hallado inerte en un calabozo de la Comisaría 25ª de Santa Rosa del Conlara, los peritos de parte dieron cuenta en su informe de lo que la familia de ella sospechó desde el primer momento: que la mujer de 39 años no se quitó la vida, que murió porque la estrangularon, que la asesinaron. Por eso, Santiago Calderón Salomón y Federico Putelli, los abogados de los Morales, y los de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación solicitaron que los cuatro policías investigados sean nuevamente indagados, por homicidio agravado por cuestión de género o, lo que es lo mismo, por femicidio.

Según la primera necropsia, Morales murió por asfixia mecánica. Después de reiterados pedidos por parte de la familia de la mujer, el 11 de agosto del año pasado una junta médica, conformada por profesionales del Cuerpo Médico Forense de las tres circunscripciones judiciales y la perito de parte propuesta por la parte damnificada, hicieron la segunda autopsia.

En ese segundo estudio, los profesionales no observaron "lesiones traumáticas macroscópicas de interés médico", es decir, contusiones, hemorragias, fracturas en la zona del cráneo. Tampoco traumatismos de ese tipo en la parte genital. Y, en ese examen, los médicos extrajeron muestras que fueron enviadas a analizar a un laboratorio de La Pampa.

Los especialistas de aquella provincia concluyeron que, debido al avanzado estado de putrefacción de las muestras y el hecho de que no fueron conservadas como correspondía, no era posible establecer si la asfixia mecánica fue provocada por un estrangulamiento o por un ahorcamiento, detalló Calderón Salomón.

Asimismo, los profesionales pampeanos sugirieron que "se trabaje sobre el lugar del hecho a través de la ciencia Criminalística". Esa tarea estuvo a cargo de Mónica Checchi y David Demassi, peritos de parte propuestos por los Morales.

Hubo una segunda inspección en el calabozo donde la mujer estuvo encerrada supuestamente por violar el aislamiento social contra el coronavirus. Fue el lugar en el que luego la encontraron muerta. "Para ello, la licenciada Checchi contó con los distintos elementos secuestrados, entre ellos el cordón con el que encontraron a Magalí", precisó Putelli. En su informe, la especialista describió cómo habría sido "la secuencia de los hechos y, en base a las pruebas, teniendo en cuenta el lugar, la bisagra de la puerta donde pendía el cordón atado al cuello de Magalí y otros elementos probatorios", concluyó que la causa de muerte fue una "asfixia mecánica por estrangulamiento".

Si bien las pruebas, los indicios puestos en contexto los llevan a concluir que la mujer no se suicidó, para los abogados de los Morales eso ahora es corroborado por la parte técnica. "El anclaje del cordón dentro de la bisagra de la puerta del calabozo; la altura de Magalí; la posición en la que ella estaba según lo que declararon los partícipes, que sería enfrente de la puerta, obstaculizando el ingreso o apertura; el largo del cordón y los surcos hacen inviable la posibilidad de que se haya suicidado", por la ubicación del cuerpo, de la soga y dónde estaba colgada, explicó Calderón Salomón.

Las conclusiones de la licenciada de Criminalística Checchi coinciden, además, con las de Vanina Elizondo, la perito que representó a la familia de la mujer en la segunda autopsia. "Se determinó que en base a la altura de la bisagra de la puerta, del cordón, a cómo encontraron el cuerpo, no habría forma de que se haya suicidado, tomando muy fuerte posición respecto a una asfixia mecánica por estrangulamiento, lo que nos llevaría a considerar un homicidio agravado", refirió Putelli.

Por todo ello, los abogados solicitaron la ampliación de indagatoria de María Eugenia Argüello, Johana Paola Torres, Marcos Dionisio Ontiveros y Reynaldo Heraldo Clavero, los cuatro policías investigados.

Todos ya fueron indagados el 14 de junio. En el caso de Argüello, por "Incumplimiento a los deberes del oficio en concurso real con el delito de incumplimiento a los deberes de funcionario público"; Torres, por "Incumplimiento a los deberes propios del oficio"; y Ontiveros y Clavero —quien fue el jefe de la dependencia— por "Aplicación de severidades a un detenido, siendo funcionario policial en concurso real con el delito de incomunicación indebida del detenido, ambos en concurso ideal con el delito de abuso de autoridad e incumplimiento a los deberes de funcionario público". Los cuatro se abstuvieron de declarar ante el juez Jorge Pinto.

A la luz de los resultados de las pericias y del pedido de ampliación de indagatoria hecho por Calderón Salomón y Putelli, el fiscal debe establecer si tal imputación les cabe "a los cuatro o a unos sí y a otros no, y en qué grado, por ejemplo, si les cabe a las mujeres como cómplices". 

EDR