Imputaron a las ocho mujeres que tomaron viviendas sociales en Tilisarao
Tras ser desalojadas este viernes a la noche por orden judicial, este lunes se realizó la audiencia de formulación de cargos contra las ocho mujeres que, por necesidad, tomaron viviendas sociales en construcción,Las en la localidad de Tilisarao.
El juez Jorge Pinto resolvió imputarlas por el delito de usurpación (artículo 181 del Código Penal) y ordenó a las acusadas acudir, del 1 al 10 de cada mes, la Comisaría 23° de Tilisarao para firmar el libro de imputados mientras dura el proceso, además de cumplir una serie de pautas de conducta establecidas por ley.
La audiencia
En el plenario del día de la fecha, luego de relatar los hechos que motivaron la causa y mencionar la evidencia colectada hasta el momento, la Fiscal Débora Roy Gitto efectuó la correspondiente formulación de cargos, imputando a cada una de las denunciadas el delito de usurpación, previsto en el artículo 181 del Código Penal, por haber resultado afectado el bien jurídico protegido, que es la propiedad, en perjuicio de la empresa Flama S.R.L.
Asimismo, solicitó al Juez de Garantía un plazo de 60 días para terminar de recepcionar testimoniales y efectuar las medidas pendientes de producción; requiriendo, además, que las encausadas firmen el libro de imputados en la Comisaría de Tilisarao, del 1 al 10 de cada mes, inter dure el proceso; y que, la primera vez que concurran a la dependencia policial, registren sus huellas dactilares a efectos de determinar la existencia de antecedentes penales.
Cedida la palabra a la Defensora de Niñez, Adolescencia e Incapaces de la Tercera Circunscripción, Dra. Gabriela L´Huillier, quien interviene en representación de las y los menores involucrados; comunicó que, al tomar conocimiento de la situación, se contactó con integrantes del Programa de Promoción y Protección de Derechos de Niños, Niñas, Adolescentes y Familia, perteneciente al Poder Ejecutivo provincial, quienes se hicieron presentes en el lugar y han estado trabajando con cada una de las denunciadas y su grupo familiar. A su vez, informó que solicitó medidas de protección para sus representados a través del Juzgado de Familia con asiento en Concarán, a cargo del Juez Carlos Hugo Orozco. “Es allí donde este Ministerio Público continuará solicitando las medidas pertinentes para el resguardo de los menores”, señaló la Defensora.
A su turno, el representante legal de la empresa denunciante manifestó que acompañaba en su totalidad la formulación de cargos efectuada por el Ministerio Público Fiscal.
Por su parte, la Dra. Antonella Muñoz, quien asumió en ese acto la defensa de las imputadas, refirió que presentará las pruebas correspondientes por separado y de manera escrita.
Finalmente, las ocho mujeres imputadas hicieron uso de su derecho a declarar, expresando que incurrieron en tal delito por un estado de necesidad, para poder ofrecerle una vivienda digna a sus hijos e hijas.
Fuente: Periódico Judicial
