Impulsan un programa para erradicar la violencia gineobstétrica
A pocos días de un nuevo 8M, es necesario visibilizar que las mujeres y diversidades, así como las infancias, continúan viendo vulnerados sus derechos y siendo violentadas de distintas maneras, pese a las normas existentes. Una de las formas más comunes de violencia es la ginecobstétrica, a la que se somete a personas que transitan o transitaron un embarazo, ya sea deseado o no.
Este tipo de violencia de género confluye en el incumplimiento/violación de dos leyes que rigen en la Argentina, surgidas a partir de una larga lucha feminista. Por un lado, se pasa por alto la de Parto Humanizado (Ley 25.929/ reglamentada en 2015); por el otro, se omite la vigencia de la Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo (27.610/ reglamentada en 2021).
En 2019 la ONU alertó que una de cada tres mujeres sufren o sufrieron violencia obstétrica durante el embarazo, el parto y el postparto. La infantilización, el maltrato verbal, la falta de contacto entre recién nacido y su madre o padre, el escaso acompañamiento en los estudios prenatales y parto, la insuficiente provisión de información sobre los derechos tanto de la persona gestante como del recién nacido, la sobremedicación e, incluso, la indiferencia hacia los tiempos biológicos y a las decisiones sobre el procedimiento más conveniente (parto vaginal o cesárea), son tan solo algunas de sus formas, que, por supuesto, vulneran el derecho al parto respetado que rige en nuestro país.
Si bien el concepto es más amplio, la violencia ginecológica hace referencia al maltratro y estigmatización que sufren las personas gestantes que acuden a los distintos centros de salud para solicitar un aborto, una decisión que para quienes lo atraviesan o atravesaron no es para nada fácil. Las trabas, ya sea bajo el procedimiento ILE (Interrupción Legal del Embarazo) o IVE (Interrupción Voluntaria del Embarazo), son aún un mal que no puede erradicarse.
Estas dos definiciones se unen en un punto para transformarse en la denominada violencia ginecobstétrica, que es nada menos que una violación a dos derechos fundamentales. Para erradicarla, sostienen desde Tribu Matriar, una organización nacida en la costa de los Comechingones pero en plena expansión, hace falta socializar las leyes.
La organización lanzó un petitorio para solicitar al Ministerio de las de Mujeres, Géneros y Diversidad que cree un programa para terminar con esta deuda pendiente (VGO), que es al fin de cuentas una política asumida por el Estado desde el momento de la reglamentación de ambas leyes.
Florencia Kot Hansen, coordinadora general de Tribu Matriar, explicó a ECN que "la violencia ginecobstétrica no solo la ejerce el personal de salud, sino todo el personal de la institución". "Por eso, también adherimos a la campaña 'Mi Parto, Mi decisión', que es nacional y arrancó el año pasado, y que pide la formación de todo el personal de salud en los parámetros de la Ley de Parto Respetado ", agrega la referente sobre el proyecto de ley que está inspirado en la Ley Micaela y que busca prevenir este tipo de violencia.
La iniciativa, a la que suscriben más de 20 organizaciones de todo el país, tiene más de 1.100 firmas. "Para nosotras es un lazo para convocar al feminismo, que tiene que abrazar esta lucha como propia", expresa Kot Hansen.
"Este 8M desde todas estas organizaciones, queremos visibilizar que la violencia ginecobstétrica es violencia de género e invitar a todxs a la Primera Marcha Nacional contra la violencia ginecobstétrica que será el #17Mayo, en el marco de la semana mundial por el Parto Respetado", concluye.
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