El Superior Tribunal dejó sin efecto la cautelar que suspendía la obra pública

El Superior Tribunal de Justicia dio de baja la medida cautelar que dictó la jueza Laboral N°2, María Eugenia Bona, para suspender adjudicaciones, contrataciones y licitaciones de obra pública.

El fallo judicial había sido pedido por el gobernador electo, Claudio Poggi, con la representación legal del vicegobernador electo, el abogado Ricardo Endeiza.

“El Tribunal Superior de Justicia ha dicho que se suspende la medida cautelar; seguimos trabajando y gobernando”, celebró el actual mandatario, Alberto Rodríguez Saá este jueves por la tarde.

De esta manera, las obras que habían quedado frenadas desde hace 10 días se reactivarán a la brevedad.

Desde que Bona emitió el fallo, desde el Gobierno habían anticipado la apelación de la medida. Además, Fiscalía de Estado recusó a la magistrada por “preopinar” sobre la tramitación del amparo presentado por Poggi para suspender las obras públicas hasta el 10 de diciembre, cuando cambie la gestión del Ejecutivo.

En una reunión de Gabinete ampliada, Rodríguez Saá se explayó: “Es de gravedad institucional no sólo la suspensión de la obra pública, sino que dentro de la obra pública hay escuelas, hay hospitales hay agua potable y hay muchas que son créditos. En realidad, son obras financiadas por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y la provincia de San Luis que tienen un plazo y se vence en pocos días y si eso se suspende, la provincia pierde todo ese dinero“.

“Su argumento era que se comprometía el presupuesto del año que viene. Todas las obras que estamos licitando están previstas para el presupuesto del año que viene. En la Cámara de Diputados no se trató, porque no quiso tratarlo la banca de Poggi, tampoco hablaron del presupuesto, tampoco pidieron sacar esas obras ni dijeron qué obras quieren”, añadió.

Sobre el mecanismo que permitió revertir la decisión de la jueza Bona, el gobernador detalló: “Para no paralizar la obra hay un recurso que se llama ‘per saltum’ y uno acude a la máxima autoridad judicial que es el Tribunal Superior de Justicia argumentando que hay gravedad institucional, que están en riesgo esas obras y la periodicidad de funciones. Esto quiere decir que los funcionarios tenemos un período de cuatro años. Empezamos el 10 de diciembre y esos cuatro años se cumplen el 9 de diciembre a las 24 horas. Hasta ese momento gobernamos nosotros”.

“La jueza dice que compromete al nuevo periodo, pero ella nos está quitando la parte de nuestro periodo y le está dando al otro que decida sobre este”, sentenció el mandatario.

Completó: “Quería contarles esta medida y decirles a los ministerios, que todos los que tuvieron algún expediente que quedó paralizado o suspendido, que trabaje y el martes tenemos que tratar de recuperar estos días. En un día hay que recuperar una semana”.

Aunque mostró su descontento por lo que causó la medida judicial: “Podemos decir que habernos tenido la plata congelada, la provincia ha perdido cerca de 5 mil millones de pesos. ¿Quién lo va a pagar?”.

SL24