El Gobierno de San Luis impulsa la emergencia económica y habitacional
En un contexto de retracción económica y fuerte caída de los ingresos provinciales, el Gobierno de San Luis envió este martes a la Legislatura un proyecto de ley para extender parcialmente la vigencia de la Ley de Emergencia, con el fin de preservar la estabilidad financiera del Estado. La medida, que propone una prórroga por dos años, se apoya en datos que muestran que en 2025 los recursos nacionales —coparticipación federal y transferencias automáticas— alcanzarán su nivel más bajo en la última década.
El eje del proyecto es la creación de una Reserva Salarial y Social, integrada por fondos equivalentes a dos meses de sueldos y dos liquidaciones de planes sociales. Según el Ejecutivo, esta herramienta permitirá enfrentar eventuales episodios de iliquidez sin poner en riesgo el pago de compromisos básicos ni paralizar áreas esenciales del Estado.
La iniciativa también sostiene la política de control del gasto público, con el congelamiento de la planta de personal y el freno al ingreso de nuevos beneficiarios al Plan de Inclusión Social. De este modo, la administración busca ordenar las finanzas sin acudir al endeudamiento ni comprometer el funcionamiento de los servicios.
La decisión de blindar recursos para salarios y asistencia social refleja el diagnóstico oficial de una situación crítica: la pérdida sostenida del poder adquisitivo de la coparticipación afecta de manera directa la capacidad operativa de las provincias. En este escenario, el Gobierno apuesta a una gestión que priorice la previsibilidad y el equilibrio fiscal, ante un panorama de alta volatilidad económica a nivel nacional.
