Dos modelos de ciudad en disputa: fuerte exposición de Pamela Mackey en la audiencia por el ordenamiento territorial de Merlo

En la audiencia pública por el Plan de Ordenamiento Territorial, la trabajadora social e integrante de la Multisectorial del Noreste de San Luis, Pamela Mackey, planteó que en la Villa de Merlo se enfrentan dos modelos de ciudad, y que lo que se discute no es solamente un plan técnico, sino la definición de qué tipo de desarrollo y de comunidad se quiere para el futuro.

Su exposición fue una de las más extensas de la jornada y combinó datos, reconstrucciones de conflictos recientes y cuestionamientos al proceso político que rodea el proyecto impulsado por el oficialismo municipal.

“La neutralidad no existe. En cualquier territorio hay disputas de poder y modelos de ciudad en juego”, afirmó al cuestionar el argumento de que la consultora externa contratada -“Estudio Estrategias”, de la provincia de Córdoba- aportaría una mirada técnica imparcial.

Según planteó, el modelo impulsado por el oficialismo responde a una lógica mercantil del territorio, mientras que del otro lado se ubican vecinos, organizaciones sociales y ambientales que defienden una ciudad basada en el derecho a la ciudad, el bien común y la participación comunitaria.

Para explicar cómo se llegó al debate actual, Mackey repasó una serie de conflictos territoriales y decisiones políticas que se suceden desde el año 2022.

El recorrido comenzó con la crisis hídrica de ese año, cuando vecinos comenzaron a organizarse ante la falta de agua y a debatir públicamente el funcionamiento del sistema y las responsabilidades del municipio, la cooperativa y la empresa San Luis Agua.

También, mencionó los intentos de privatización e intervención de la Cooperativa de Agua, un proceso que generó fuertes tensiones en la comunidad.

La trabajadora social también recordó otros episodios que reflejan disputas sobre el modelo de desarrollo de la ciudad, entre ellos la intención del Ejecutivo de desalojar la cooperativa de recicladores.

Otro punto señalado fue la modificación de la ordenanza que regula los estudios de impacto ambiental, una norma que redujo mecanismos de participación ciudadana. Mackey indicó que esa ordenanza se encuentra actualmente en proceso judicial y podría ser declarada inconstitucional, además de haber sido considerada “incongruente” por el propio Defensor del Pueblo.

Para la expositora, estos antecedentes forman parte del contexto político que explica el debate actual sobre el ordenamiento territorial.

Dentro de ese marco, Mackey defendió la preservación de la sierra, recordando que la normativa vigente establece que no se permiten construcciones por encima de la cota 1.000, una zona considerada ambientalmente sensible y cuyo criterio también se refleja en la legislación del Parque Presidente Perón.

Mackey fue crítica de la propuesta de ajustar ese límite y habilitar desarrollos urbanísticos hasta la cota 1.100, una discusión que cobró fuerza a partir del “fallo Mercau” en un predio ubicado por encima de los 1.000 metros.

Durante su exposición, la expositora también compartió fragmentos de una entrevista realizada hace nueve meses al intendente Juan Álvarez Pinto, en la que el jefe comunal -ya ministro de Turismo y Cultura de San Luis- afirmaba que la cota 1.000 no se tocaría.

Para la expositora, esa declaración contrasta con la postura más reciente del intendente electo, que plantea flexibilizar el límite.

Denuncias de persecución y hostigamiento

Uno de los tramos más duros de su intervención fue cuando se refirió a lo que definió como mecanismos de persecución y disciplinamiento hacia quienes cuestionan el modelo de desarrollo urbano.

Entre los ejemplos mencionó el caso del ambientalista y fundador de la organización Juvennat Mario Nicoletti, que fue descalificado y difamado públicamente y hasta tuvo que sufrir que drones del mismo Álvarez Pinto sobrevolaran sobre su propiedad privada, en medio de conflictos vinculados al uso del territorio.

También recordó que periodistas y comunicadores locales denunciaron presiones y ataques en el marco de estos debates, lo que refleja un clima de hostigamiento hacia las voces críticas.

“Difamar, estigmatizar o censurar a quienes piensan distinto no puede convertirse en una forma de hacer política”, afirmó.

Mackey también cuestionó el modo en que se convocó la audiencia pública. Entre otros puntos, señaló la escasa difusión institucional del proceso, indicando que durante enero y febrero las redes del municipio publicaron numerosos contenidos vinculados al Festival Valle del Sol, pero ninguno referido a la audiencia.

También criticó que la convocatoria se realizara en plena temporada turística, lo que dificultó la participación de muchos vecinos.

Además, advirtió que una parte importante de los expositores eran funcionarios municipales, pese a que la audiencia está pensada como un mecanismo para escuchar la opinión de la ciudadanía.

En el cierre de su intervención, Mackey propuso extender el proceso de debate al menos seis meses, con talleres abiertos, acceso previo a la información y mayor participación comunitaria. “Esta audiencia pública debería ser el punto de partida de un proceso participativo real”, afirmó.

“Quien no tenga licencia social, no tendrá licencia para tocar las sierras”, advirtió.

Con esa frase, Mackey cerró una de las exposiciones más extensas y críticas de la audiencia pública.