Convocan a movilizarse contra la reforma de la Ley de Glaciares
Asambleas socioambientales de San Luis convocaron a la comunidad a movilizarse este miércoles 8 de abril en defensa de la Ley de Glaciares y en rechazo a su reforma, que será tratada ese mismo día desde las 15 en la Cámara de Diputados de la Nación.
En Villa de Merlo, la concentración está prevista para las 18 en Plaza Sobremonte, en conjunto con jubilados autoconvocados. En la ciudad de San Luis se realizará a las 17 horas el conversatorio “La Ley de Glaciares no se toca” en el Correo Central, tras lo cual los participantes se sumarán a la movilización. Desde las organizaciones también llamaron a replicar acciones de visibilización en otras localidades.
La convocatoria se da en un escenario donde el oficialismo, con apoyo de bloques aliados y provincias con actividad minera, proyecta contar con los votos necesarios para aprobar la modificación de la Ley N° 26.639, que ya tiene media sanción del Senado.
En ese marco, las Asambleas solicitaron a los diputados nacionales por San Luis -Carlos Almena (LLA), Mónica Becerra (LLA), Claudio Álvarez (Innovación Federal), Jorge Fernández (Primero San Luis) y Ernesto Alí (Unión por la Patria)- que voten en contra del proyecto, al considerar que la iniciativa no responde a los intereses de la población. “Seguiremos con atención su desempeño en esta votación”, advirtieron a los legisladores en un comunicado.
Las asambleas sostienen que la reforma es inconstitucional, al vulnerar el principio de no regresividad ambiental, y cuestionan el proceso de debate previo. Señalan que, pese a más de 100 mil inscriptos en la audiencia pública, solo alrededor de 400 personas pudieron exponer.
También indican que los cambios propuestos afectarían glaciares y zonas periglaciares -reservas estratégicas de agua- y pondrían en riesgo actividades productivas que dependen de esos recursos.
Además, denuncian que la iniciativa responde a intereses de empresas megamineras y cuestionan la influencia del sector en el avance del proyecto.
La Ley de Glaciares vigente, sancionada en 2010, establece la protección de estos ecosistemas y prohíbe actividades que puedan dañarlos. Su modificación se debate en un contexto de tensión entre el impulso a la actividad minera y la preservación de recursos naturales estratégicos.
