Villa de Merlo
Solo el 15,6% respalda el POT tal como está y la mayoría pide cambios o lo rechaza
Lo que este medio anticipó semanas atrás como una crisis inevitable de plazos y contenidos tuvo esta semana su confirmación oficial y documental. La presentación del informe técnico sobre el Relevamiento Territorial Barrial expuso el absoluto estancamiento del Plan de Ordenamiento Territorial (POT 2050) elaborado por la consultora cordobesa Estudio Estrategias e impulsado por el Municipio de Villa de Merlo.
Sin embargo, lejos de transparentar la totalidad del diagnóstico, la gestión municipal optó por una difusión selectiva y parcial de los datos en sus canales oficiales. Detrás de las piezas publicitarias que aseguran que el proyecto "avanza con la mirada de la comunidad", se esconde una marcada omisión de las críticas más severas expresadas por los vecinos y una maniobra aritmética para maquillar los resultados.
Un anuncio a medias: los datos que el Municipio prefirió no publicar
El relevamiento barrial incluyó 357 encuestas presenciales realizadas en Piedra Blanca (41,5%), Rincón del Este y Los Nogales (35,3%) y Cerro de Oro (23,2%), sectores donde el proyecto de ordenamiento planteaba las principales modificaciones. El perfil de los consultados otorga un peso determinante a los resultados, ya que el 92,9% son residentes permanentes y más del 64% vive en su barrio desde hace más de cinco años.
Al contrastar el cuestionario aplicado en las calles con las placas publicitarias lanzadas este miércoles por la Municipalidad, queda al descubierto que el Ejecutivo hizo un recorte selectivo de la información.
- Se ocultó la evaluación del daño ambiental (Pregunta 6): El formulario consultaba explícitamente si la habilitación de nuevos loteos generaría un "daño irreversible en el ecosistema y el paisaje serrano". Ese dato fue completamente omitido en la publicación oficial.
- Censura a las respuestas abiertas (Preguntas 8 y 15): No se hicieron públicos los casilleros cualitativos donde los vecinos definieron el "patrimonio intocable" que el POT debía proteger por ordenanza, ni los comentarios finales dejados de puño y letra.
- Ocultamiento de los servicios colapsados (Pregunta 1): El Municipio promocionó la nota positiva de la recolección de residuos (3,93 sobre 5), pero silenció que el Transporte Público tocó el fondo de la escala con un reprobatorio 2,23 sobre 5.
- Modificación de opciones en redes sociales: En el informe técnico presentado ante los concejales, la opción elegida por el 32,9% decía textualmente "Plan cerrado que no representa al barrio". En las placas difundidas para el público general, el Ejecutivo suavizó el texto reemplazándolo por "Reevaluar el POT íntegramente".
La maniobra del 67% vs. la realidad del 84,4%
El punto neurálgico del conflicto reside en la interpretación de la "legitimidad del Plan". En su campaña institucional, la Municipalidad publicó con gran despliegue gráfico que un 67,1% considera al POT una base aceptable.
La construcción de esa cifra responde a una suma interpretativa, ya que el oficialismo tomó al 15,6% que aprobaría el texto tal como está y le adicionó el 51,5% de los encuestados que condicionaron su postura exigiendo que el proyecto sea modificado y consensuado obligatoriamente en talleres abiertos.
La lectura cruda y real de los datos demuestra lo opuesto: un 84,4% de los vecinos le dijo "NO" al proyecto en su estado actual (resultado de sumar el 51,5% que exige reformas estructurales con el 32,9% que lo definió directamente como un plan cerrado e inadecuado).
Los datos irrenunciables que dejó el Relevamiento Barrial
Más allá de la batalla del relato, la muestra oficial fijó pisos de demanda clarísimos en los sectores donde se pretendía flexibilizar la normativa:
- Muro a las alturas: El 89,1% de los encuestados rechaza la edificación en altura (57,6% rechazo total) o exige una regulación sumamente estricta (31,5%). Solo el 11% apoya la densificación vertical.
- Defensa del lote grande: El 67,6% exige mantener o aumentar la superficie mínima de las parcelas para resguardar la absorción del suelo y la tranquilidad barrial, rechazando las subdivisiones intensivas (opción apoyada por apenas un 15,8%).
- Condición hídrica previa: El 59,7% ubicó como prioridad urgente e indispensable garantizar la provisión definitiva de agua potable antes de autorizar cualquier nuevo loteo o incremento de altura.
- Alerta ambiental: El 64,9% situó al desmonte masivo y a los incendios forestales como las amenazas ambientales más graves provocadas por el crecimiento sin planificación.
"No aceptamos que transformen un reclamo en un cheque en blanco"
Frente a la difusión de las piezas publicitarias de la gestión municipal, los concejales de los tres bloques no oficialistas —Ana Ferrarotti (Colectivo Comechingones), Daniel Orué (Socialismo Merlino) y Lucía Miranda (Frente Justicialista)— emitieron un duro comunicado de prensa conjunto denunciando el "dibujo estadístico":
"Transformar la exigencia de modificaciones de más de la mitad de los encuestados en un supuesto 'apoyo' al plan del Intendente es una falta de respeto a la participación vecinal y un intento de manipular la opinión pública. No aceptamos que transformen un reclamo de cambio en un cheque en blanco".
Los ediles remarcaron que el intento por instalar una “falsa” aceptación busca acelerar los plazos legislativos para eludir la discusión de fondo: "La ciudadanía fue muy clara en la encuesta: no quiere torres, no quiere loteos sin agua y no aprueba este POT en su formato actual. Le exigimos al Ejecutivo que deje de construir relato en redes sociales y se siente a reformular el plan respetando lo que verdaderamente pidieron las y los merlinos".
La "cocina" legislativa: de "POT" a Código Urbanístico exprés
El fracaso del anteproyecto es el resultado de un desgaste que comenzó cuando el plan se gestó a puertas cerradas en Córdoba sin participación de las universidades locales ni colegios profesionales ni la comunidad. Aquel origen derivó en Audiencias Públicas donde solo los funcionarios salieron a defender la propuesta, y en Mesas Técnicas que cerraron sin acuerdo.
Tal como adelantó El Corredor Noticias el pasado 26 de agosto, los técnicos que continuaron asesorando a los concejales y preparando su propio informe advirtieron la imposibilidad de avanzar por la falta de estudios hídricos y la urgencia política de no arrastrar el debate al año electoral 2027.
Hoy, acorralado por los resultados de su propia encuesta, el oficialismo en el Concejo Deliberante dio un giro de estrategia. En los pasillos se habla de que “archivó” formalmente la denominación "POT 2050" y dio por “descartado el documento enlatado”. La nueva intención del bloque oficialista sería utilizar las semanas de octubre para redactar, junto a profesionales locales, modificaciones directas sobre la Ordenanza 744/2000 (el Código Urbanístico actual). O sea, un parche.
El objetivo de la gestión municipal es tratar este nuevo texto en comisión y someterlo a votación antes del cierre de sesiones ordinarias en noviembre o diciembre, buscando cerrar el capítulo urbano entre cuatro paredes antes de que termine el año.
