Merlo marchó por la universidad pública
La defensa de la universidad pública volvió a las calles de Villa de Merlo. Con banderas, carteles y consignas, estudiantes, docentes, trabajadores nodocentes y vecinos participaron este jueves de la quinta Marcha Federal Universitaria, que partió de avenida del Sol y Eva Duarte y avanzó hasta la plaza Sobremonte.
Al frente de la columna, la rectora de la Universidad Nacional de los Comechingones (UNLC), Agustina Rodríguez Saá, y la decana de la Facultad de Turismo y Urbanismo (FTU) de la Universidad Nacional de San Luis (UNSL), Agustina Generoso, sostenían un pasacalle con los colores de la bandera argentina y la inscripción que resumía el sentido de la convocatoria nacional: “En defensa de la universidad pública. Por la educación, la soberanía y la democracia”.
Detrás, marcharon integrantes de ambas instituciones, representantes de los gremios, agrupaciones estudiantiles, organizaciones sociales, políticas y vecinos.
El reclamo tuvo varios frentes. Por un lado, la aplicación efectiva de la Ley de Financiamiento Universitario, la recomposición de los salarios docentes y nodocentes y la actualización de las becas estudiantiles. A esas demandas se sumó la preocupación por los recursos necesarios para sostener las actividades académicas, la investigación y el funcionamiento cotidiano de las universidades.
La movilización terminó en la plaza Sobremonte, donde representantes estudiantiles y gremiales tomaron la palabra y ratificaron la continuidad de los reclamos. La discusión que atraviesa a las universidades nacionales no se limita a cuánto dinero reciben, sino a las condiciones necesarias para que puedan mantener sus actividades, sostener a sus equipos de trabajo y garantizar que los estudiantes puedan comenzar y completar sus carreras.
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La marcha en Merlo formó parte de una jornada federal que tuvo su convocatoria central frente al Congreso de la Nación, en la ciudad de Buenos Aires, y réplicas en distintos puntos del país. En la capital, la protesta estuvo marcada por graves incidentes entre manifestantes y fuerzas de seguridad en las inmediaciones del Parlamento.
El documento nacional: salarios, becas y presupuesto en la mira
En el marco de la convocatoria, el documento conjunto del Frente Sindical de Universidades Nacionales, la Federación Universitaria Argentina (FUA) y el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) advirtió que las universidades podrían no estar en condiciones de sostener sus funciones durante 2027 si no se modifica el financiamiento previsto para el próximo año.
Uno de los principales cuestionamientos está dirigido al proyecto de Presupuesto nacional presentado por el Gobierno. Según la declaración, la iniciativa no incorpora las partidas previstas en la Ley de Financiamiento Universitario ni contempla la recuperación de las pérdidas acumuladas por el sistema universitario y científico. Frente a ese escenario, el CIN plantea que el presupuesto debería incrementarse un 33,4% respecto de lo propuesto por el Ejecutivo.
El documento también pone el foco en el deterioro de los salarios y en la situación de las becas. Sobre estas últimas, advierte que la gratuidad por sí sola no garantiza el acceso ni la permanencia en las aulas cuando los estudiantes no cuentan con recursos suficientes para afrontar el transporte, los materiales y otros gastos de sus carreras. En particular, cuestiona que las Becas Progresar permanezcan en $35.000 desde 2024.
Otro de los ejes es el financiamiento de la ciencia y la tecnología. Las organizaciones alertan sobre la caída de becas de investigación, las dificultades para sostener proyectos, la falta de insumos y los problemas para mantener la infraestructura científica. Según el documento, la pérdida de equipos y profesionales también compromete la capacidad del país para producir conocimiento y desarrollar tecnología.
La declaración reivindica, además, el papel de las universidades en el desarrollo de las distintas regiones, la movilidad social y la formación profesional. Desde esa perspectiva, sostiene que el financiamiento universitario está ligado a la soberanía nacional y a las posibilidades de crecimiento del país.
El documento también reclama la derogación del DNU 70/23, al considerar que el decreto modificó o derogó leyes sin el debate legislativo correspondiente. Las organizaciones firmantes vinculan ese planteo con la defensa de las instituciones democráticas y el respeto por las decisiones del Congreso y la Justicia.
La discusión tuvo un capítulo propio este jueves en la Cámara de Diputados. La oposición intentó abrir una sesión especial para debatir la derogación del decreto, pero reunió 121 legisladores, por debajo de los 129 necesarios para alcanzar el quórum. La sesión no llegó a comenzar.
