Diputados aprobó la adecuación del Régimen Procesal Penal Juvenil y el proyecto pasó al Senado

La Cámara de Diputados de San Luis dio media sanción este miércoles al proyecto de adecuación del Régimen Procesal Penal Juvenil, impulsado por el gobernador Claudio Poggi para adaptar la legislación provincial a la nueva normativa nacional que fijó en 14 años la edad mínima de imputabilidad penal. La votación terminó con 27 votos afirmativos y 10 negativos, por lo que la iniciativa será analizada ahora por el Senado.

La propuesta modifica el Código Procesal Penal y la Ley Orgánica de la Administración de Justicia para establecer procedimientos específicos para adolescentes de entre 14 y 18 años involucrados en causas penales.

Durante el tratamiento, el oficialismo argumentó que la provincia debe adecuar su legislación procesal a las disposiciones nacionales. La oposición no centró sus principales objeciones en la necesidad de actualizar las normas, sino en las condiciones previstas para ponerlas en práctica.

Garantías y medidas alternativas a la privación de la libertad

La diputada oficialista Fabiana Zárate defendió el proyecto y sostuvo que las provincias deben adecuar sus procedimientos judiciales a la legislación nacional. También señaló la necesidad de actualizar el régimen vigente, cuya normativa anterior databa de 1980.

El texto incorpora garantías específicas para los adolescentes, como el derecho a recibir información comprensible sobre el proceso judicial, contar con asistencia especializada y ser escuchados. También establece medidas para resguardar su identidad y privacidad.

Entre las herramientas previstas figuran la mediación penal juvenil, la suspensión del proceso a prueba y el criterio de oportunidad. Asimismo, contempla medidas como amonestaciones, servicios comunitarios, restricciones de contacto, monitoreo electrónico y reparación del daño.

En los casos en que se disponga la privación de la libertad, los adolescentes deberán permanecer en establecimientos especializados, separados de las personas adultas y bajo supervisión de personal capacitado.

Zárate destacó que el régimen debe contemplar tanto la responsabilidad por los hechos cometidos como la protección de los derechos de los adolescentes, de acuerdo con las garantías constitucionales y los tratados internacionales.

Las dudas sobre el financiamiento y la infraestructura

El presidente del bloque opositor, Lucas Caymes, advirtió que el proyecto establece nuevas obligaciones para el Estado provincial, pero no detalla cómo se garantizarán los recursos necesarios para cumplirlas.

“La discusión que presentamos es si este proyecto viene con lo necesario para realizar y para que se cumpla de manera correcta esta ley, y lo que creemos es que no acompaña”, expresó.

El legislador cuestionó que la iniciativa deje en manos del Poder Ejecutivo, el Poder Judicial y el Ministerio Público la adopción de las medidas necesarias para implementar el régimen, sin precisar plazos ni fuentes de financiamiento.

“No dice cuándo, no dice quién y no dice con qué dinero”, remarcó.

Entre sus planteos también incluyó la falta de precisiones sobre los establecimientos donde se alojará a los adolescentes que deban cumplir medidas privativas de la libertad y sobre la cantidad y distribución de los supervisores encargados de su seguimiento.

“El proyecto delega toda la reglamentación, no crea el organismo y no fija cuántos supervisores ni dónde van a funcionar”, sostuvo Caymes.

La diputada oficialista Eugenia Gallardo respondió que el presupuesto provincial de 2027 contempla gastos para adecuar la infraestructura y garantizar el funcionamiento del sistema. También mencionó una licitación de vehículos destinados a la Comisaría de Atención a la Niñez, Adolescencia y Familia (CANAF).

“Están previstos para 2027 gastos que van a ser necesarios para adecuar tanto la infraestructura como el funcionamiento de todo lo que este nuevo régimen demanda”, afirmó.

Cuestionamientos por la participación de especialistas

Por su parte, la diputada opositora Silvia Sosa Araujo puso en duda la participación de los profesionales que deberán intervenir en la aplicación de la ley.

La legisladora cuestionó que no se hubiera precisado la intervención de los cuatro jueces penales juveniles de la provincia y preguntó por qué no fueron convocados los colegios de abogados y procuradores.

“No involucramos en las leyes a las personas que saben, que están en la materia, que son los que tienen que trabajar”, manifestó.

Además, advirtió sobre la reducción de cargos de profesionales especializados en el Poder Judicial, particularmente psicólogos y equipos técnicos, y consideró que esa situación podría dificultar la implementación del régimen.

“Hemos visto, en el presupuesto de la Justicia, cómo se eliminaron los cargos, y lo hemos dicho en este recinto, de los psicólogos y grupos técnicos. Y ahora necesitan a los psicólogos que los echaron, los sacaron, le bajaron el personal a la Justicia”, cuestionó.

Sosa Araujo también objetó que el proyecto contemple su aplicación desde la publicación en el Boletín Oficial, sin establecer un período de preparación para completar las adecuaciones necesarias. Por ese motivo, consideró que la normativa no cuenta todavía con las condiciones necesarias para funcionar.

Con la aprobación en Diputados, el proyecto pasó al Senado provincial. Allí continuará el debate sobre la adecuación de los procedimientos judiciales y las condiciones materiales y presupuestarias necesarias para llevar adelante el nuevo régimen.