El Diputado Riccardo pide la intervención de la Justicia de San Luis por grave inseguridad jurídica y arbitrariedad manifiesta

Comunicado de José Ricardo, diputado nacional, presidente de la Comisión de Educación de la HCDN y Presidente de la Unión Cívica Radical San Luis:

"Esta presentación responde a la acción deliberada de la Justicia Electoral de San Luis, que en una maniobra descarada y bajo evidente influencia de interés del Poder Ejecutivo Provincial desconoce las decisiones de los órganos legítimos electorales de los Partidos y Frentes políticos de la oposición, en este caso el Frente Avanzar y Cambiemos por San Luis, imponiendo una lista ilegítima no oficializada con el fin de alterar y proscribir la representación de ese Frente Provincial.

En definitiva a través de la intervención arbitraria de la Justicia Electoral legitimada por el Tribunal Electoral Provincial con el voto de la presidenta del Superior Tribunal de Justicia Lila Novillo públicamente confesa afiliada, militante y defensora de los intereses del Gobierno Provincial, quiere proscribir la lista oficial de candidatos del Frente e imponer otra ilegal e ilegítima no reconocida por él.

Como evidencia de la grave afectación del principio de independencia de los poderes la Dra. Lila Novillo, quien en el año 2015 estando en ejercicio de la presidencia del Tribunal Superior de Justiciadel anunció su candidatura para participar en las Elecciones P.A.S.O. de entonces, como precandidata a Intendente de la ciudad de San Luis, en listas del partido político “Alianza Compromiso Federal” -partido que se encuentra en el poder desde el retorno de la democracia-, cosa que sucedió el 9 de agosto. Luego de perder de las P.A.S.O. Novillo actuó como apoderada legal de “Alianza Compromiso Federal” que dirige el actual Gobernador de la Provincia, Dr. Alberto Rodríguez Saá, y luego fue designada nuevamente como presidente del Superior Tribunal de Justicia. En estas circunstancias el voto de la Dra. Novillo ha definido la proscripción de Avanzar y Cambiemos por San Luis y la afectación de su vida interna.

Claramente ese partido político y el Dr. Alberto Rodríguez Saá tiene interés en el desarrollo y resultado del proceso electoral PAS del que estamos hablando, quedando en evidencia la maniobra electoral viciada y connivencia entre el Ejecutivo y la Justicia de San Luis. Efectivamente, el día viernes 23 de julio la Dra. Novillo, en una entrevista radial, manifestó ser parte del partido político del gobierno turno (Partido justicialista) y defender sus ideales, refiriéndose expresamente a él como “MI PARTIDO”.

Riccardo, quien representa al pueblo de San Luis en la HCDN desde 2013, preside la Comisión de Educación y la Unión Cívica Radical de San Luis, detalla en su proyecto firmado por más de 17 Diputados las distintas situaciones que vienen dándose en la Provincia, y que hablan a las claras de la promiscuidad con la que se manejan el poder judicial bajo la influencia manifiesta del poder ejecutivo provincial, cuya división e independencia, son el fundamento liminar del sistema republicano de gobierno, ahora ha emergido como demostración palmaria de ese accionar la interferencia de la Justicia Electoral Provincial en la vida interna de los partidos políticos.

“No sólo se ha afectado el derecho que tienen a desarrollar su actividad sin interferencia, dentro de los márgenes de la ley, sino también el derecho de elegir y ser elegidos como candidatos oficializados y proclamados por los órganos partidarios, en este caso de la Alianza Transitoria Avanzar y Cambiemos por San Luis.”

"El hecho cuya gravedad exponemos –asegura Riccardo- consiste en la intervención de una Justicia totalmente adepta al poder de turno, que pretende hacer competir en una elección primaria abierta y simultánea, a candidatos que no fueron oficializados ni proclamados por la Junta Electoral Partidaria, que en su mayoría no son siquiera afiliados a alguno de los cinco partidos que integran la Alianza Transitoria Avanzar y Cambiemos por San Luis, que jamás presentaron los avales de afiliados que significan el respaldo mínimo establecido por las normas que rigen la vida partidaria, y que jamás impugnaron las decisiones de los máximos órganos de dichos partidos políticos, las que fueron tomadas por unanimidad en todos los casos”.