Nuevo ordenamiento territorial: el Municipio promete participación pero los antecedentes recientes la ponen en duda
El Ejecutivo de Villa de Merlo anunció este miércoles que enviará al Concejo Deliberante el Proyecto de Plan de Ordenamiento Territorial 2025-2050 y convocará a audiencias públicas y mesas de participación ciudadana. La medida se presenta como un gesto de transparencia y diálogo con la comunidad, pero llega en un contexto de reiteradas polémicas por acciones municipales que van en detrimento del medio ambiente. La última fue la sanción de la modificación de la ordenanza 917, que concentra la aprobación de los Estudios de Impacto Ambiental en una comisión municipal y elimina la participación ciudadana.
Según el comunicado oficial, el proceso será “abierto, plural y profundamente participativo”, e incluirá a instituciones educativas, organizaciones sociales y ambientales, sectores productivos, cámaras empresariales, prestadores turísticos y vecinos interesados.
De acuerdo a lo informado, el Ejecutivo pretende avanzar de inmediato con el plan, inclusive durante el receso de verano, una vez conformado el nuevo cuerpo legislativo. “Esta decisión apunta a agilizar la discusión, evitar demoras administrativas y asegurar que Merlo cuente cuanto antes con un plan actualizado, técnico y consensuado”, se indica en la gacetilla de prensa compartida a los medios de comunicación.
Sin embargo, el texto, que utiliza palabras pensadas para titulares como “amplitud”, “consenso”, “representatividad”, “construcción colectiva”, “mesas temáticas”, no detalla ni adelanta medidas concretas del plan, como criterios de crecimiento urbano, zonificación, infraestructura ni manejo de recursos; o quién redactó el proyecto, qué perfil técnico tiene ni dónde se puede consultar. Tampoco explica cómo se considerarán los aportes de la ciudadanía. De este modo, el anuncio parece más un ejercicio de marketing político que un documento que invite a la planificación. Un intento por mostrar cierta “apertura” mientras la verdadera capacidad de decisión sigue concentrada en el Ejecutivo y algunos privados.
Además, en un contexto de mayoría oficialista automática, se refuerza la percepción de que la participación será simbólica, lo que aseguraría que las decisiones más importantes del plan se aprobarán sin obstáculos o con mínimas introducciones, ya que no hay ninguna instancia vinculante con organismos independientes. O sea, las opiniones vecinales podrían escucharse, pero no modificarían el rumbo de las políticas urbanas ni la aprobación de proyectos impulsados por el Ejecutivo.
La modificación de la ordenanza 917, cuestionada hasta por el Defensor del Pueblo por ser “incongruente” con leyes provinciales y nacionales, dejó en claro que los mecanismos de participación ciudadana propuestos por el Ejecutivo en Merlo son limitados. En este marco, la comunicación oficial de este nuevo proyecto, que enfatiza transparencia y protagonismo comunitario, termina siendo puro humo, un intento de mostrarse de puertas abiertas mientras el control real sobre el desarrollo urbano permanece en manos de unos pocos.
