Del acto radical a la Zumba paga en el Centro de Convenciones
En la Villa de Merlo ya nada sorprende, pero igual indigna. Primero fue la jornada política de la UCR el 17 de enero en el Centro de Convenciones, un espacio público que terminó funcionando como escenario partidario. Ahora, el mismo lugar será sede de una “Masterclass de Zumba y Ritmos edición Carnaval”, arancelada, con un valor de $8.000 por persona.
Hasta ahí podría tratarse simplemente de una actividad recreativa más. El problema no es la zumba. El problema es todo lo demás.
La convocatoria fue difundida por los canales oficiales del Municipio. En la gacetilla se indica que quienes quieran participar deben comunicarse directamente con la esposa del intendente interino, incluyendo su número telefónico particular. Es decir, el Estado promocionando una actividad privada organizada por la pareja formal del jefe comunal suplente.
En cualquier administración que cuide las formas, esto como mínimo exigiría explicaciones. ¿Se alquiló el Centro de Convenciones? ¿Bajo qué condiciones? ¿Se pagó el uso del espacio provincial? ¿Qué criterios se aplican para autorizar actividades aranceladas? ¿Puede cualquier persona acceder en igualdad de condiciones o hay un trato preferencial por el vínculo con el poder?
Mientras tanto, la ciudad muestra otra cara. Calles destruidas e intransitables, falta de iluminación en distintos sectores, pastizales que crecen sin control, veredas rotas, problemas en la recolección de residuos y barrios que sienten que quedaron fuera del radar municipal, además de una temporada turística que deja más dudas que certezas. Esa es la agenda cotidiana de los vecinos.
La postal es incómoda porque revela una brecha entre las urgencias de la ciudad y las decisiones del poder. Mientras muchos esperan respuestas por lo básico, el Estado municipal activa sus recursos para promocionar una actividad paga organizada por la esposa del intendente interino en un edificio provincial que pertenece a todos los sanluiseños.
No es la primera vez que esto genera ruido. El año pasado, el corte de arterias céntricas para una clase de zumba también despertó malestar por la utilización de recursos públicos para un evento de alcance reducido, mientras a otras iniciativas culturales, sociales o comerciales se les niega la posibilidad de realizar actividades en el centro histórico bajo el argumento de preservar el orden o evitar molestias. Esa diferencia de criterio es la que alimenta la sospecha y profundiza el malestar.
La discusión no pasa por el baile ni por el Carnaval. Pasa por la delgada línea entre lo público y lo privado. Por la naturalización del uso de estructuras estatales para iniciativas vinculadas al entorno directo de quien se supone es la máxima autoridad municipal.
Cuando el Estado se convierte en plataforma de promoción para el círculo íntimo del poder, el problema no es estético, es institucional.
Y en una Villa de Merlo que reclama gestión, prioridades claras y transparencia, estas decisiones no son detalles menores. Son señales.
