La oposición pidió la nulidad de la sesión preparatoria y busca retrotraer todo lo actuado el 4 de febrero
El conflicto en el Concejo Deliberante de Villa de Merlo continúa y elevó la tensión política. Después de semanas de cruces por la licencia del intendente electo, denuncias por “vacío institucional” y un escándalo en el recinto, la oposición formalizó este viernes un pedido para que se declare la nulidad de la sesión preparatoria realizada el pasado miércoles 4 de febrero.
En la nota presentada ante la Presidencia del cuerpo, los concejales Daniel Orué, Ana Laura Ferrarotti y Lucía Miranda sostienen que aquella sesión fue convocada y realizada en contradicción con el Reglamento Interno. La califican como “manifiestamente inconstitucional” y “nula de nulidad absoluta”.
En el texto cuestionan la figura de “sesión preparatoria extraordinaria”, que -según remarcan- no existe en el reglamento interno, y señalan que la convocatoria surgió a partir de una nota firmada por el intendente interino.
“El reglamento es claro. La sesión preparatoria es una atribución del Concejo. No puede el Ejecutivo decirnos cuándo tenemos que hacerla”, explicó Lucía Miranda a El Corredor Noticias.
Si cae la preparatoria, cae todo
Si la sesión preparatoria fuera declarada nula, quedarían automáticamente bajo cuestionamiento las autoridades proclamadas ese día: Leonardo Rodríguez como presidente del Concejo, Patricia Morandé como vicepresidenta primera y María José Álvarez como vicepresidenta segunda.
Y si la designación de esas autoridades estuviera viciada en su origen, "todo lo actuado posteriormente podría quedar sin sustento legal", manifestó Miranda.
Eso incluye la sesión extraordinaria realizada más tarde, en la que se intentó tratar la situación de la licencia -que la oposición considera vencida- del intendente electo Juan Álvarez Pinto. Aquella sesión terminó con la aprobación, únicamente con los votos del oficialismo y sin la presencia de la oposición en el recinto, de una resolución que prorrogó la licencia del jefe comunal sin plazo determinado y habilitó su eventual regreso mediante una simple nota, sin nuevo tratamiento legislativo.
En ese mismo texto se incorporó además un artículo que intimaba a los concejales opositores a pedir disculpas públicas en un plazo de 72 horas, bajo advertencia de denuncia penal por denunciar un presunto "vacío institucional" y haber puesto "en riesgo la tranquilidad y la paz social".
Sin embargo, según explicó Miranda, nunca fueron notificados formalmente: “No nos llegó absolutamente nada. Ni la resolución ni ninguna comunicación oficial”.
El plazo ya habría vencido sin que los ediles realizaran retractación alguna. Hasta el momento, tampoco se conoce que aquella advertencia se haya traducido en una denuncia penal por parte del oficialismo.
Si prospera el planteo de nulidad, no solo quedaría cuestionada la preparatoria. También la extraordinaria y la resolución que encendió el conflicto podrían quedar sin efecto.
“Lo mejor es ordenar institucionalmente”
Aunque en la presentación elevada dejaron planteada la posibilidad de recurrir al Superior Tribunal de Justicia, Miranda sostuvo que la intención no es judicializar este conflicto.
“La idea es resolverlo por la vía institucional. Lo mejor sería volver a convocar a una sesión preparatoria como corresponde, con quórum y respetando el reglamento. Ellos tienen la mayoría, seguramente será el mismo resultado, pero quedaría todo ordenado”, señaló.
Con el inicio de las sesiones ordinarias previsto para el 1° de marzo, el escenario queda abierto. La oposición apuesta a que el oficialismo retroceda y repita la preparatoria. Si eso no ocurre, la disputa podría pasar del recinto a los tribunales.
Lo que empezó como una discusión sobre una licencia hoy se transformó en una pulseada política que pone en juego la legitimidad de todo lo actuado en las últimas semanas.
