Crisis institucional en Villa de Merlo: denuncian irregularidades y judicializan la sesión preparatoria
La situación política en Villa de Merlo atraviesa un momento crítico luego de que concejales de la oposición formalizaran una nueva denuncia penal. Esta vez, vinculada a la sesión preparatoria realizada el pasado 4 de febrero. Los ediles Daniel Orué, Ana Laura Ferrarotti y Lucía Miranda sostienen que dicho encuentro fue convocado y desarrollado en abierta contradicción con el Reglamento Interno, calificándolo como “manifiestamente inconstitucional” y “nulo de nulidad absoluta”.
La presentación judicial, radicada ante el Ministerio Fiscal de la Tercera Circunscripción Judicial bajo la carátula de “Abuso de Autoridad e Incumplimiento de los Deberes de Funcionario Público”, solicita la suspensión inmediata del tratamiento del proyecto de Resolución Nota N° 039-C.D.-2026, así como de cualquier acto administrativo que intente convalidar las autoridades surgidas de esa sesión.
Desde la oposición advierten que insistir con el tratamiento de dicha resolución, pese a las irregularidades denunciadas, podría interpretarse como un intento de encubrimiento de hechos bajo investigación judicial, lo que acarrearía responsabilidades penales y administrativas.
Asimismo, remarcan que lo actuado en la sesión preparatoria podría derivar en nuevas denuncias e incluso en presentaciones ante el Superior Tribunal de Justicia de San Luis por conflicto de poderes.
El conflicto adquiere mayor dimensión ante la posibilidad de que, si la sesión del 4 de febrero fuera declarada nula, queden automáticamente cuestionadas las autoridades designadas ese día: Leonardo Rodríguez como presidente del Concejo, Patricia Morandé como vicepresidenta primera y María José Álvarez como vicepresidenta segunda.
De confirmarse esa nulidad, todas las decisiones posteriores carecerían de sustento legal. Entre ellas, la sesión extraordinaria en la que, con votos del oficialismo y sin presencia opositora, se aprobó la prórroga de la licencia del intendente electo Juan Álvarez Pinto, habilitando su eventual regreso mediante una simple nota.
Ante este escenario, la oposición sostiene que avanzar con la convalidación de actos “viciados en su origen” no solo profundizaría la inseguridad jurídica, sino que también podría extender la responsabilidad legal a todos los concejales que acompañen dichas decisiones. Por ello, reclaman prudencia legislativa y exigen suspender cualquier tratamiento hasta que la Justicia se expida.
