Caso Florencia Morales: ordenan detener a las dos policías y agravan la imputación a torturas seguidas de muerte

A seis años de la muerte de Florencia Magalí Morales, la causa registró un giro clave: el Tribunal de Impugnaciones de Villa Mercedes ordenó la detención de las dos policías que permanecían en libertad y agravó su imputación al delito de torturas seguidas de muerte.

La resolución alcanza a la oficial Victoria Johana Paola Torres y a la sargento ayudante María Eugenia Argüello, quienes deberán cumplir prisión preventiva por 90 días en el Servicio Penitenciario Provincial. Con esta decisión, los cuatro imputados en el expediente quedan detenidos bajo la misma calificación penal, ya que el subcomisario Heraldo Reynaldo Clavero y el oficial Marcos Ontiveros ya estaban privados de la libertad.

El fallo, de 136 páginas, fue dictado este martes por los jueces Marcelo Bustamante Marone, Monserrath Bocca y Eduardo Sabaini Zapata. El Tribunal hizo lugar al planteo de la querella, modificó la situación procesal de las dos mujeres y rechazó los recursos de sus defensas.

Hasta ahora, Torres y Argüello estaban imputadas por delitos vinculados a omisiones. Sin embargo, los magistrados consideraron que existen elementos suficientes para atribuirles un rol activo y calificarlas como coautoras del delito de torturas seguidas de muerte, en línea con la imputación que pesa sobre los otros efectivos.

Entre los fundamentos, el Tribunal valoró que ambas se encontraban de servicio al momento de los hechos, conocían las condiciones de detención de la víctima y no intervinieron para impedir lo que la acusación describe como un contexto de sometimiento físico y psicológico. También se tuvieron en cuenta testimonios sobre gritos, las condiciones del calabozo y cuestionamientos a las pericias iniciales.

El hecho ocurrió el 5 de abril de 2020, en plena pandemia, cuando Morales fue detenida en Santa Rosa del Conlara por incumplir las restricciones sanitarias y horas después apareció muerta en una celda de la Comisaría N°25. En un primer momento, la versión oficial sostuvo que se trató de un suicidio, hipótesis que luego fue descartada en el avance de la investigación.

Actualmente, la causa está encuadrada en el delito de torturas seguidas de muerte, una de las figuras más graves previstas en el Código Penal para funcionarios públicos.