El Senado aprobó por mayoría el proyecto que habilita la reforma de la Constitución de San Luis
El Senado de San Luis aprobó este martes, por mayoría, el proyecto de ley que declara la necesidad y conveniencia de reformar la Constitución provincial. La iniciativa contó con los seis votos de los legisladores de Ahora San Luis, mientras que los tres representantes del Frente Justicialista votaron en contra.
El expediente será girado ahora a la Cámara de Diputados, donde deberá continuar su tratamiento.
Durante el debate, el presidente de la Comisión de Asuntos Constitucionales y Labor Parlamentaria, Martín Olivero, sostuvo que el objetivo es actualizar la Constitución vigente desde 1987 y fortalecer la institucionalidad provincial. Aclaró que la votación no implica la modificación directa de la Carta Magna, sino la definición de los temas que podrán ser abordados por una Convención Constituyente.
Según explicó, la propuesta contempla la incorporación de 23 nuevos artículos, la modificación de otros 23 y la creación de cuatro capítulos.
Cambios en el Poder Ejecutivo
Uno de los principales puntos establece que el gobernador no podrá ser reelegido después de cumplir dos mandatos, ya sean consecutivos o alternados.
El proyecto incluye una cláusula transitoria que considera el período 2023-2027 de Claudio Poggi como su primer mandato. De aprobarse el nuevo texto constitucional, podría aspirar a una sola reelección.
También se propone incorporar el balotaje para la elección de gobernador y vicegobernador.
Elecciones cada cuatro años
La iniciativa plantea eliminar las elecciones legislativas de medio término. Diputados, senadores provinciales y autoridades municipales serían elegidos cada cuatro años, en coincidencia con los comicios para gobernador.
Como disposición transitoria, los legisladores electos en 2025 continuarían en sus cargos hasta 2031. La misma extensión se aplicaría a los integrantes de los concejos deliberantes, con el objetivo de unificar los calendarios electorales.
El proyecto también amplía el período de sesiones ordinarias de la Legislatura. Pasaría a comenzar el 15 de marzo y finalizar el 31 de diciembre, reduciendo el receso actual a 45 días.
Modificaciones en la Justicia
Entre los cambios previstos figura la separación del Ministerio Público Fiscal del Poder Judicial, con una estructura integrada por una Procuración General y una Defensoría General.
Ambos cargos serían designados por el Poder Ejecutivo con acuerdo del Senado.
También se plantea modificar la integración del Consejo de la Magistratura, incorporando representantes de la academia y del Senado. El organismo deberá elaborar órdenes de mérito a partir de concursos y las ternas resultantes serían vinculantes para el Poder Ejecutivo.
La propuesta establece además que los magistrados del Poder Judicial y del Ministerio Público deberán permanecer al menos cuatro años en sus cargos antes de acceder a otras funciones.
Otra modificación fija en 75 años la edad para el ejercicio de cargos en el Tribunal de Cuentas, el Poder Judicial y el Ministerio Público para quienes sean designados después de la entrada en vigencia de la reforma. La continuidad posterior quedaría sujeta a un nuevo acuerdo del Senado.
Agua, educación y derechos digitales
El proyecto incorpora al agua como derecho humano y recurso estratégico, con jerarquía constitucional. También contempla la creación de una autoridad técnica específica, cuyo titular sería designado por el Poder Ejecutivo con acuerdo del Senado y tendría un mandato de cinco años.
En materia educativa, se propone establecer la obligatoriedad de la escolaridad desde los tres años y de la educación secundaria.
Además, se incorporan derechos vinculados con la identidad digital, la protección de datos frente a algoritmos, el acceso universal a la conectividad, el Habeas Data y los principios de acceso a la información pública, gobierno abierto y transparencia.
La posición de la oposición
Los tres senadores del Frente Justicialista rechazaron el proyecto y cuestionaron principalmente los plazos y el proceso de elaboración.
Desde ese espacio reclamaron una mayor participación de los partidos políticos y del ámbito académico, además de plantear modificaciones relacionadas con el régimen municipal.
El senador Hugo Olguín también cuestionó la cláusula que computa el actual mandato de Poggi como el primero. Advirtió que una norma de estas características debe precisar cómo se aplicarán las nuevas restricciones y sostuvo que no debe utilizarse una reforma constitucional para favorecer o impedir la candidatura de una persona determinada.
Olivero rechazó esa interpretación y sostuvo que la limitación busca establecer reglas institucionales generales. También afirmó que los exgobernadores podrán volver a competir por el cargo bajo las nuevas disposiciones.
La Convención Constituyente
El proyecto prevé una Convención Constituyente integrada por 52 representantes, en correspondencia con la cantidad total de diputados y senadores provinciales.
La distribución propuesta contempla 11 convencionales para Pueyrredón, 11 para Pedernera, cinco para Ayacucho, cinco para Chacabuco y cuatro para cada uno de los departamentos Belgrano, Coronel Pringles, Gobernador Dupuy, Junín y San Martín.
La elección se realizaría en los próximos comicios provinciales mediante el sistema D’Hont. Los convencionales deberán reunir los mismos requisitos establecidos para acceder a una banca de diputado.
Una vez proclamados, tendrán 30 días para iniciar sus funciones y deberán completar su tarea dentro de los 60 días posteriores a la instalación de la Convención, con posibilidad de extender ese plazo por otros 30 días.
La iniciativa deberá ser analizada ahora por la Cámara de Diputados, donde continuará el debate sobre el alcance y las condiciones de una eventual reforma constitucional en San Luis.
