Cristina Kirchner presentó ante la ONU un pedido para revisar su condena
La expresidenta Cristina Kirchner formalizó una presentación ante el Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas (ONU) vinculada con la condena a seis años de prisión e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos que recibió en el marco de la denominada Causa Vialidad.
La presentación fue realizada por sus abogados Carlos Alberto Beraldi, el brasileño Rafael Valim y el español Javier Borrego, quienes incorporaron nueva evidencia al planteo que había sido anticipado públicamente por la defensa durante una conferencia de prensa.
Según sostienen los letrados, durante el proceso judicial se vulneraron derechos fundamentales de la exmandataria. A partir de ese argumento, solicitaron la intervención del Comité de Derechos Humanos y plantearon, entre otros puntos, que se deje sin efecto la inhabilitación para ejercer cargos públicos.
La condena quedó firme luego de que la Corte Suprema de Justicia de la Nación rechazara el recurso extraordinario presentado por la defensa y confirmara el fallo del Tribunal Oral Federal N.º 2.
La defensa busca que el planteo sea analizado durante la sesión del Comité prevista para octubre. El organismo tiene sede en Ginebra y está integrado por 18 expertos independientes encargados de supervisar el cumplimiento del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos por parte de los Estados que forman parte del tratado.
Las decisiones del Comité no tienen carácter vinculante como una sentencia judicial nacional, aunque sus pronunciamientos pueden ser considerados como antecedentes en debates jurídicos e institucionales.
El argumento presentado como nueva evidencia
Durante una conferencia de prensa realizada el 15 de septiembre, Beraldi sostuvo que la defensa había encontrado documentación que, según su interpretación, cuestionaría uno de los fundamentos de la acusación.
El abogado afirmó que, al analizar los fondos asignados por la Dirección Nacional de Vialidad durante el período de gobierno de Cristina Kirchner, las empresas vinculadas a Lázaro Báez habían recibido menos del 1% de los recursos destinados a obra pública.
A partir de esos datos, el letrado sostuvo que la documentación demostraría que no existió una decisión destinada a favorecer al empresario. También señaló que las empresas de Báez se encontraban relegadas frente a otras compañías en la distribución de contratos.
Estos argumentos forman parte de la presentación realizada por la defensa ante el organismo internacional y deberán ser analizados en el marco del procedimiento correspondiente.
