Diputados dio media sanción al proyecto de desendeudamiento familiar en San Luis
La Cámara de Diputados de San Luis dio este miércoles media sanción al proyecto de ley “Programa de Desendeudamiento y de Incentivo al Consumo Familiar”, impulsado por el Gobierno provincial. La votación terminó con 30 votos a favor y 9 en contra, luego de más de dos horas de debate.
La iniciativa propone un esquema de refinanciación para personas humanas que tengan deudas en mora como consumidores finales y acrediten al menos dos años de residencia en San Luis. La adhesión de bancos, fintech, proveedores no financieros de crédito y otras entidades habilitadas será voluntaria.
Las deudas deberán registrar una mora superior a tres meses y los planes tendrán un plazo mínimo de 24 meses, al menos dos meses de gracia y cuotas que no superen el 30% de los ingresos del grupo familiar. La tasa nominal anual tendrá como límite la TAMAR más 10 puntos porcentuales y no podrán cobrarse gastos administrativos ni comisiones vinculadas con el plan.
Durante el tratamiento se incorporó además la posibilidad de incluir deudas por servicios públicos de competencia provincial, como las correspondientes a Edesal.
El proyecto contempla distintas alternativas de refinanciación, entre ellas quitas de capital e intereses, reducción de tasas, extensión de plazos y períodos de gracia. También permite consolidar obligaciones contraídas con distintas entidades.
Incentivos al consumo
El segundo eje del programa busca promover el consumo mediante descuentos, reintegros, vouchers y tarjetas prepagas, entre otras modalidades.
Las entidades que otorguen estos beneficios podrán acceder a un crédito fiscal equivalente al 25% del monto efectivamente destinado a esos planes, utilizable para cancelar obligaciones tributarias provinciales.
Además, deberán implementar programas gratuitos de capacitación en administración financiera para prevenir situaciones de sobreendeudamiento.
Cuestionamientos de la oposición
Durante el debate, el diputado Lucas Caymes, del Frente Unidad Justicialista, cuestionó que la iniciativa se concentre en refinanciar las deudas y sostuvo que el problema también está relacionado con la pérdida del poder adquisitivo de los trabajadores.
Por su parte, la diputada Silvia Sosa Araujo señaló que el proyecto no elimina las deudas sino que establece mecanismos para pagarlas en nuevas condiciones. También cuestionó la adhesión voluntaria de las entidades y los beneficios fiscales previstos.
El Ministerio de Hacienda e Infraestructura Pública será la autoridad de aplicación. La ley tendrá una vigencia inicial de un año desde su publicación, con posibilidad de prórroga por parte del Poder Ejecutivo.
Con la aprobación en Diputados, la iniciativa será ahora analizada por la Cámara de Senadores de San Luis.
