viernes 16 de octubre de 2026
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San Luis adecuará el régimen penal juvenil y proyecta un instituto para adolescentes

El Gobierno provincial presentó un proyecto de ley para adaptar los procedimientos judiciales a la nueva normativa nacional. También anunció refacciones en los Centros de Atención a la Niñez, Adolescencia y Familia (CANAF), la compra de seis vehículos y una capacitación obligatoria para el personal.
viernes 16 de octubre de 2026
San Luis adecuará el régimen penal juvenil y proyecta un instituto para adolescentes

El Gobierno de San Luis anunció nuevas medidas para implementar el Régimen Penal Juvenil, entre ellas un proyecto de ley para adecuar los procedimientos provinciales, refacciones en establecimientos destinados a la atención de adolescentes y la incorporación de vehículos para los traslados.

Las iniciativas fueron presentadas este jueves por el gobernador Claudio Poggi durante un plenario que reunió a representantes de los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial para analizar los cambios derivados de la Ley Nacional 27.801, que establece la responsabilidad penal juvenil desde los 14 años.

El mandatario firmó el proyecto de adecuación procesal y dos decretos vinculados con los Centros de Atención a la Niñez, Adolescencia y Familia (CANAF), uno para homologar el contrato de refacción de sus instalaciones y otro para convocar a una licitación para adquirir seis vehículos no identificables.

Los cambios en el procedimiento judicial

El proyecto provincial apunta a establecer los mecanismos para aplicar el régimen nacional en San Luis. Entre sus lineamientos figuran el derecho de los adolescentes a contar con defensa técnica, ser escuchados y comprender las actuaciones judiciales, además de la aplicación de medidas adecuadas a cada situación.

La secretaria de Legal y Técnica, Natalia Carranza, explicó que la iniciativa no busca reproducir la ley nacional, sino definir cómo se implementará en la provincia. También señaló que la privación de la libertad debe ser excepcional y que los procedimientos deben evitar demoras innecesarias.

Durante el encuentro, el procurador General, Eduardo Cadelago Filippi, informó que el Ministerio Público Fiscal cuenta con un protocolo de actuación para estos casos. A su vez, la defensora General, Marcela Torres Cappiello, destacó la necesidad de garantizar el debido proceso y las protecciones específicas previstas para los adolescentes.

Obras en tres localidades y seis vehículos

El plan anunciado por el Ejecutivo contempla refacciones en establecimientos de San Luis, Villa Mercedes y Concarán. Según detalló la ministra de Seguridad, Nancy Sosa, los trabajos incluirán la reconversión de celdas en habitaciones y la habilitación de espacios para equipos técnicos, profesionales de asistencia social y psicólogos.

También se prevé adquirir seis vehículos para las dependencias de CANAF de San Luis, Villa Mercedes, Concarán, Buena Esperanza, San Francisco/Quines y Villa de Merlo.

Las unidades tendrán vidrios antivandálicos y sistemas de monitoreo y posicionamiento conectados con el despacho policial del 911. La intención es que los traslados se realicen en vehículos no identificables como patrulleros convencionales, pero con medidas de seguridad.

Capacitación y un nuevo instituto

La ministra anunció una capacitación obligatoria de 100 horas para el personal de CANAF, prevista entre marzo y mayo de 2027. Los contenidos también se incorporarán a los programas de formación continua del Instituto Superior de Seguridad Pública para futuros agentes policiales y subayudantes penitenciarios.

Además, el Gobierno proyecta construir en 2027 un Instituto Penal de Alojamiento Juvenil dentro de un sector del Servicio Penitenciario Provincial, aunque con ingreso independiente. La iniciativa busca disponer de un espacio específico para alojar a adolescentes alcanzados por medidas de privación de libertad, de acuerdo con las normas vigentes.

Por su parte, el ministro de Desarrollo Humano, Gustavo Bertolini, señaló que la implementación deberá contemplar la continuidad educativa, la atención de la salud y el sostenimiento de los vínculos familiares y comunitarios. También planteó que el trabajo para la reinserción social debe comenzar desde el inicio de la intervención estatal.

La jornada reunió a funcionarios, legisladores y magistrados para coordinar las responsabilidades de cada área en la puesta en marcha del nuevo régimen.

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