San Luis estuvo representada en la Gran Audiencia Pública Nacional por los servicios públicos

El martes 26 de febrero hubo dos Audiencias Públicas, una convocada por el Gobierno Nacional para establecer un nuevo aumento del gas (se estima que se incrementará alrededor de un 35% desde abril) y otra convocada desde la ciudadanía y denominada “Gran Audiencia Pública Nacional” sobre los Servicios Públicos. En ambas estuvieron representados los usuarios de San Luis por medio de la asociación civil “Defensa de Consumidores y Usuarios” (organización con actividad y representaciones en San Luis y Buenos Aires).

Entre los argumentos brindados en la misma los miembros de la asociación señalaron que “el Gobierno de Macri implementó una política tarifaria buscando disminuir los subsidios. La finalidad estaba direccionada a reducir los costos del Estado y que los usuarios (residenciales y comerciales) afrontaran una mayor parte del costo de los servicios. Pero ante el fracaso de la política económica del Gobierno Nacional, y la devaluación del peso, generó que los costos se dispararan ya que la energía tiene sus precios dolarizados. Si los fuertes incrementos tarifarios buscaban reducir los subsidios a los servicios públicos, y pese a ello, el Estado continúa subsidiando, la pregunta es ¿Dónde está ese dinero? ¿Quién se beneficia con los fuertes aumentos de tarifa? ¿Quién se beneficia con el dinero de los subsidios?.

Los representantes de los usuarios también plantearon que los incrementos también fueron extraordinarios en los servicios de energía eléctrica, agua potable y destacaron que “la última gran situación de 'tarifazo' se ha producido con la drástica reducción del subsidio al transporte, lo que produce que en todas las ciudades del país -tanto grandes como pequeñas- en lo que va de este año, se hayan producido incrementos en promedio del 75% en las tarifas del transporte urbano de pasajeros, poniendo además en crisis gran cantidad de empresas con la consiguiente pérdida de puestos de trabajo” y resaltaron que “estos son números, pero detrás de ellos hay millones de compatriotas que sufren, que ven caer día a día su calidad de vida, que significa lo que verdaderamente ha logrado este gobierno: sacarle la plata de los bolsillos a los usuarios para ponerla en la de las empresas…”.

En la Audiencia Pública se hicieron además propuestas desde la asociación “Defensa de Consumidores y Usuarios” y entre ellas mencionaron que “la tarifa debe Ponderar la realidad económica social concreta de los afectados, con especial atención a los sectores más vulnerables y evitando la exclusión cuando estamos ante una tarifa confiscatoria. De ésta manera detrae ingresos de manera excesiva del grupo familiar…” e indicaron que “…ante la grave situación descripta consideramos indispensable y urgente que se declare la 'emergencia' en las condiciones de prestación de los 'servicios públicos' y se realice una reforma integral del régimen de los mismos que debe contemplar los siguientes aspectos:

a-actualización tarifaria considerando las variaciones salariales de la ciudadanía

b-atento que los servicios públicos son actividades que el Estado declara como tales, no cabe realizar diferencia alguna en las obligaciones existentes entre las de carácter domiciliario (por ej. gas, electricidad o telefonía fija) con respecto de aquellas que potencialmente pueden ser designadas como tales y que, por avances de la tecnología, no están sujetas a un domicilio específico (por ej. telefonía celular, internet o servicios de comunicación audiovisual y los tradicionales servicios de transporte público).

c-potestad del usuario en la determinación tanto del organismo que intervendrá en un conflicto así como la jurisdicción del mismo.

d-convocatoria a audiencias públicas cada vez que se pretenda modificar tarifas o condiciones de prestación con carácter vinculante…”.

Finalmente, nos comenta el Dr. Mauricio Bernardo Bianchi, presidente de la asociación, que es necesaria “una Ley Federal de Servicios Públicos que, entre muchos más aspectos, contenga estos principios debería brindar un piso de acceso a los mismos para los ciudadanos y así dar cabal cumplimiento al mandato constitucional y a lo que ha mencionado la Corte Suprema de Justicia en el fallo 'Cepis' al expresar 'el derecho primario o básico de los consumidores o usuarios es el derecho de acceso al consumo', y bajo la premisa fundamental de que 'son sujetos particularmente vulnerables a los que el constituyente decidió proteger de modo especial, y por lo tanto no corresponde exigirles la diligencia de quien celebra un contrato comercial'”.

Quienes deseen comunicarse con la asociación civil “Defensa de Consumidores y Usuarios” pueden hacerlo al correo electrónico [email protected]