Adicciones y Salud Mental en Merlo: un abordaje integral para una problemática compleja
Se estima que unos 9 millones de argentinos y argentinas tiene o tuvo algún tipo de adicción. Una encuesta realizada por SEDRONAR en el 2022 arrojó que el alcohol, el tabaco, la marihuana, los tranquilizantes y la cocaína, en ese orden, son las drogas legales e ilegales más consumidas por la población. En tanto que un informe publicado por la Universidad Católica Argentina (UCA) reveló que en los últimos 20 años aumentó el uso de sustancias ilícitas.
Villa de Merlo, una pequeña ciudad de San Luis, no escapa a esta realidad. Aunque del tema mucho no se habla y aún parece ser un tabú, el único hospital de día que existe y hace un abordaje integral de adicciones destinado a personas mayores de edad es Casa Pueblo, un espacio que abrió sus puertas hace poco más de un año y que próximamente tendrá sus primeros “egresados”.
Pese a que en la provincia la institucionalización de personas que padecen esta enfermedad está prohibida por ley desde hace casi 20 años, hasta 2022 no había en el sistema de salud público o privado de la zona, servicios especializados en la atención de este tipo de problemáticas. Sí o sí, para sanar había que viajar.
Poder desintoxicarse implicaba abandonar el lugar de residencia, hacer entre 200 y 400 kilómetros para llegar a Córdoba o Mendoza, pagar cifras no menores a los cinco ceros en algún lugar privado, o ingresar en una lista de espera eterna para internarse en alguno de los pocos establecimientos gratuitos.
“En 2018, fuimos hasta Río Cuarto -a una institución gratuita solventada por una iglesia Evangelista-. El viaje lo costeamos como familia y la consulta también. Ahí nos dijeron que mi papá necesitaba la ayuda. El lugar pidió un par de cosas, como estar limpio, hacerse estudios para ver que no tenga una enfermedad previa”, recuerda Cristina, la hija de un hombre que murió de una afección hepática causada por alcoholismo sobre las dificultades que tuvo que afrontar la familia para que su padre recibiera un tratamiento al que no llegó a acceder.
A pesar de haber sido admitido y de haberse mantenido “limpio” durante unos meses, el hombre nunca recibió la notificación para ingresar y volvió a caer en su adicción. Falleció en 2019. “Las veces que mi papá tuvo que ir al hospital lo trataron bien pero es como que lo super medicaban para sedarlo y hacerle la limpieza de la sangre”, repasa la joven sobre esos duros momentos. “Después de diez días, ya no podían tenerlo más y, una vez que lo largaban, no había una contención psicológica de todo ese proceso porque, si bien había Alcohólicos Anónimos ahí, era una vez por semana. Salían y enfrente había un kiosco que les vendía alcohol”, relata a ECN al tiempo que se pregunta si habría cambiado en algo la situación si en Merlo o la zona hubiera existido en ese entonces un lugar dedicado a la atención de adicciones desde la perspectiva de la Ley Nacional de Salud Mental.
Esta normativa (Ley 26.657) reconoce las capacidades de las personas, más allá del diagnóstico, y recomienda para cada caso una atención integral y humanizada para su recuperación, mediante el abordaje comunitario, interdisciplinario, ambulatorio y gratuito, y de cercanía. En la villa serrana Casa Pueblo es el único centro que brinda una atención acorde a esta ley.
Daniel Espósito, Vanesa Flores y Juan Manuel Baz, están a cargo del espacio ubicado en el barrio de Piedra Blanca, un lugar alejado del centro merlino, y no por casualidad, sino para que las personas que allí asisten no se sientan observadas, ni juzgadas. “El Hospi”, como le dicen, es parte del programa de Casas de Atención y Acompañamiento Comunitario (CAAC), dependiente de SEDRONAR.
Casa Pueblo es parte de una red de CAACs gestionados por el Movimiento Evita.
El dispositivo en Villa de Merlo está coordinado por Daniel Espósito (der.),
Vanesa Flores (ctro.) y Juan Manuel Baz (izq.).
Estos dispositivos, que se distribuyen por todo el país y son gestionados por movimientos sociales y eclesiales, tienen una tarea fundamental: el acompañamiento e inclusión social de personas con adicciones, a través del apoyo de un equipo interdisciplinario que promueve la construcción de proyectos de vida en comunidad.
A nivel local, las estadísticas sobre la prevalencia de consumo de sustancias en la población están cerca del 20 %. Casa Pueblo, además de brindar tratamiento y hacer un trabajo territorial de prevención, se dedica a hacer relevamientos. Los datos que recabaron a partir de encuestas que realizaron en el último tiempo son alarmantes: la edad de inicio promedia los 14 años. Hasta no hace mucho tiempo atrás era de 24 años. “Estamos viendo que la problemática del consumo está en crecimiento. No solo Merlo, en Argentina, en el mundo, sobre todo después de la pandemia”, menciona el psicólogo Juan Manuel Baz.
“Las sustancias que prevalecen son el alcohol, el tabaco y la marihuana. Es lo mismo que a nivel nacional. Y en las grandes urbes estamos más o menos en el mismo número”, explica Baz sobre la realidad. Sin embargo, señala que el problema radica en que, para una ciudad de unos 25.000 habitantes, éste es el único centro público especializado en salud mental de todo el norte de San Luis y ya estaría quedando chico.
Casa Pueblo tiene en la actualidad 20 “usuarios” fijos. Cuatro están a punto de egresar, lo que significa que recibirán el alta tras 18 meses de un tratamiento que demandó, por sobre todas las cosas, fuerza de voluntad, ya que es totalmente gratuito y ambulatorio y, justamente por eso, requiere de un compromiso extra.
“Además, tenemos 12 familias que vienen porque tienen algún integrante en situación de consumo”, comenta Espósito, coordinador General del CAAC en el que trabajan 42 personas, entre psicólogos/as, psiquiatras, trabajadores sociales, terapeutas, nutricionistas, enfermeros/as, talleristas y administrativos/as.
En cuanto a cómo funciona, se aplica un protocolo: primero la persona es atendida en un espacio de primera escucha, que vendría a ser el primer contacto con la institución. “A partir de ahí, todo eso se sistematiza y se deriva a las distintas especialidades, como a las consultas con la nutricionista, con enfermera y demás. Después, una consulta psiquiátrica, si corresponde. Después, va a los grupos terapéuticos que tenemos armados. Y aparte las terapias individual, grupal y familiar”, detalla Espósito.
“La atención no es solo profesional, sino también desde la necesidad que tenga el usuario para que se sienta cómodo”, por eso lo definen como Hospital de Día, ya que dispone de un espacio donde las personas pueden pasar el tiempo, desde compartir mates hasta cocinarse el almuerzo.
En la práctica cotidiana, los y las profesionales se encuentran con personas que comparten desafección, desarraigo, desvinculación social, que perdieron toda referencia simbólica producto del consumo. Ante esta realidad, el equipo interdisciplinario busca minimizar las consecuencias adversas del consumo problemático de sustancias legales e ilegales partiendo de reconocer las condiciones de exclusión social en las que transitan quienes llegan al CAAC.
“Vivimos en una sociedad capitalista, una sociedad de consumo. Hoy, en vez de vernos nosotros como sujetos de derechos, para el capitalismo somos consumidores. Lo que le interesa al capitalismo es que consumas, no importa qué”, analiza Espósito sobre la lógica con la que se diseñan los talleres que son parte del tratamiento.
El foco está puesto en la resocialización y revinculación. Por eso, hay actividades exclusivas para usuarios/as, como el taller sociolaboral, el taller de DBT (Terapia dialéctico conductual) y arteterapia, y otras abiertas a la comunidad, que las puede tomar cualquier persona de manera gratuita. Estas últimas están pensadas para relacionarse con el afuera y viceversa.
“Una de las formas de recomponer la autoestima de cada persona es generar dominio en cierta competencia, habilidad en una temática específica. No es lo mismo alguien que no sabe hacer algo contributivo para la comunidad que alguien que sí lo sabe hacer. Uno se siente mejor. Eso no lo digo yo, lo dice la ciencia. Por eso es que nosotros lo aplicamos también”, agrega Baz.
“Pero también hay que decir que en San Luis no tenemos otra institución como la nuestra. Si bien hay otros CAACs (dos en la capital y uno en Villa Mercedes), no hay un hospital de día interdisciplinario como el que proponemos nosotros y que además sea ambulatorio”, enfatiza el coordinador general.
“El Hospi” se ubica sobre calle San Vicente y El Chingolo,
en el barrio merlino de Piedra Blanca,
un espacio alquilado que se solventa con fondos de Sedronar.
El CAAC atiende ademas a personas con conductas de alto riesgo
y con trastornos alimenticios.
El primer paso: reconocer la enfermedad
Tanto Vanesa Flores, como Daniel Espósito y Juan Manuel Baz coinciden que para que el tratamiento sea exitoso hay que primero reconocerse enfermo/a. “No es sencillo, generalmente la problemática del consumo no tiene que ver con la persona individual. Hoy sabemos que esta es una problemática bio-psico-social. Esto significa que, si bien puede haber una predisposición, una herencia genética en la cuestión de la posibilidad de desarrollar un consumo problemático, también tiene que ver con eventos psicológicos del desarrollo o de la actualidad o con la cultura”, explican.
En ese sentido, remarcan que el principal desafío es vencer los prejuicios internos y externos: “No conocemos ninguna persona que se quiera hacer daño a sí misma que no tenga alguna enfermedad. Nadie en su salud mental plena puede pensar en hacerse daño”.
Otro de los retos que la persona tiene que sortear es el hecho de aceptar que es “una enfermedad difícil de curar” y que puede haber “recaídas”. “No por nada los tratamientos están durando un año y medio, siendo bastante eficientes con los tiempos, cuando estos tratamientos duran tres años en clínicas privadas, que en parte debe tener que ver con lo económico. Nosotros damos el alta, pero después hacemos mantenimiento, no es que al egresado lo largamos a la vida y ya está”.
“Acá defendemos la salud pública, porque además es un recurso tener salud en la población. Una población enferma no puede trabajar, no puede estudiar, no puede proyectar, no puede construir nada”, subrayan.
A pesar del trabajo llevado adelante por este equipo y el aporte que realiza a la comunidad, aún existen deudas de parte del Estado para poner en la agenda pública la salud mental de toda la ciudadanía, incluyendo a niños, niñas y adolescentes que, tal como reflejan las estadísticas, son también víctimas de este flagelo y se encuentran excluidos/as de estos programas.
Contacto
