Caso Magalí Morales: Violencia institucional, responsabilidad estatal

Mercedes Romero, Silvina Fernández y Jorgelina Monti para El Corredor Noticias, La Izquierda Diario y ANRed

Florencia Magalí Morales salió de su casa el 5 de abril de 2020, en medio de la pandemia, y no volvió. Horas después, apareció muerta en una de las celdas disciplinarias de la Comisaría del Distrito 25° de Santa Rosa del Conlara, provincia de San Luis. “Suicidio”, dijo la Policía, pero esa nunca fue una opción para su familia, que no duda al decir que “a Magalí Morales la mató la Policía”.

“La Maga”, como todavía la llaman quienes la quieren, tenía 39 años. Trabajaba como empleada en un hotel. Vivía con sus hijos de 11 y 7 años, y con su nieta de 2. Era madre y abuela sola. Oriunda de Mendoza, llegó a San Luis pensando en un futuro mejor. Dejó atrás su pasado, a su familia en La Heras y se radicó en Santa Rosa, un pueblito tranquilo, ubicado en el norte de los, por entonces, terruños de los Rodríguez Saá, cerca de Merlo. En ese poblado de menos de diez mil habitantes, donde las siestas son sagradas, Magalí dejó de soñar.

Era domingo, como parecían todos los días en esas épocas donde regía el Aislamiento Social, Preventivo y Obligatorio más estricto. Agarró su bicicleta y salió a comprar comida para sus niños. Querer alimentarles había sido su delito.

“Nadie se suicida en una comisaría”

La versión de la Policía santarrosina decía que Magalí Morales había sido detenida “cuando circulaba en bicicleta en contramano”, que fue llevada a la comisaría y que “al ser notificada de que iba a quedar detenida porque no le correspondía circular en la vía pública por la terminación de su DNI, intenta darse a la fuga forcejeando con dos policías de guardia”. El parte oficial también sostenía que la mujer se había quitado la vida: “Tenía asido a su cuello un cordón (posiblemente de la capucha del buzo que vestía) atado en el otro extremo a la bisagra superior de la puerta enteriza de madera de la celda”. 

Celeste Morales, la hermana de “Maga”, admite que “había tenido una vida muy sufrida”, sin embargo, ella, a pesar de muchas situaciones que enfrentó, seguía adelante. Sus hijos y su nieta eran su motor. El tiempo, las pruebas y pericias que se fueron incorporando a la causa, confirmaron la sospecha: no se suicidó. 

La cámara de seguridad del banco ubicado frente a esa comisaría captó el momento exacto en que Magalí Morales entraba a la dependencia policial de manera voluntaria. “Tenía una tarjeta de cobro alimentario. Fue a la comisaría alrededor de las 8 de la mañana a retirarla porque la tenía un amigo, oficial de la policía, para hacer la compra de la semana”, cuenta Santiago Calderón Salomón, el abogado que junto Federico Putelli, además de representar a la familia, la acompañan desde el principio.  

En el expediente consta como prueba las grabaciones de las cámaras de la comisaría. Magalí –relata el abogado de la familia- preguntó por su amigo en la comisaría y le contestaron que no estaba. Detrás de ella entró el comisario Heraldo Clavero, que le pidió el documento. Fue en ese momento cuando empezaron los forcejeos. 

 “Lo llamativo acá es que empiezan a intervenir muchos miembros de la Policía para con una sola persona”, relata el abogado que, a su vez, abre un paréntesis para explicar que las personas demoradas durante la pandemia por incumplir el DNU eran alojadas en un patio interno hasta que les abrían la causa, les realizaban un chequeo médico y las mandaban de vuelta a la casa. “En el caso de Magalí, la llevaron directamente a un calabozo que previamente un policía había orinado”, denuncia Calderón.  

Ese día había dos demorados que pudieron oír la desesperación de la mujer. Así recuerda el abogado el relato de los testigos: “Se escuchaban los gritos de la joven que decía que le faltaba el aire. Yo ingresé -al calabozo- cuando hice la inspección ocular y es increíble. Estás un segundo y no te entra una sola bocanada de aire”, describe sobre las condiciones “infrahumanas” de la celda.

Después aparece el amigo de Magalí y no lo dejan tener contacto con ella. Eso lo declara en la causa -aclara-. Tampoco dejan que la vea una vecina que fue a llevarle una mochila y escuchó los gritos de Magalí. Los testigos relatan que cayendo la hora de la tarde veían cómo los policías pasaban rápido por el patio interno donde estaban ellos. Iban y volvían como nerviosos. A las cinco de la tarde aproximadamente se enteraron de que había fallecido. Su hermana Celeste llamó a esa hora a la comisaría y le informaron que había sido demorada. Ya constaba en acta su muerte”, continúa Calderón. 

Movilización en las afueras de la Comisaría 25° (Foto gentileza).

Magalí Morales fue detenida de forma arbitraria, sin orden judicial ni delito flagrante. Esos son los dos únicos motivos, según la Constitución Nacional, la Constitución de la Provincia de San Luis y los pactos internacionales, en los que una persona puede ser privada de su libertad. No se cumplió, como señala Calderón, ningún protocolo de actuación y detención de personas en pandemia.

María del Carmen Verdú, referente de la Coordinadora contra la Represión Policial e Institucional  (Correpi), reflexiona sobre el caso y asegura que lo ocurrido con Magalí en San Luis no es un hecho aislado. Las muertes en lugares de detención son la primera causa de muerte a manos de las fuerzas de seguridad en el país. Los datos relevados por Correpi son alarmantes: una persona muere cada 17 horas mientras se encuentra bajo custodia policial.

“Las muertes en cárceles y comisarías vienen creciendo exponencialmente en los últimos 20 años, de la mano de las políticas oficiales, reformas legislativas y política judicial híper punitivistas que han convertido la carcelación en regla, excepto cuando se trata de sectores privilegiados como los integrantes de las Fuerzas de Seguridad”, manifiesta Verdú.

Sin fecha para el juicio oral y público

En cuanto a la carátula cambió de “suicidio” a “averiguación de muerte” y, en 2023, a "torturas agravadas por el resultado muerte". Hay un comisario, un subcomisario y dos agentes procesados como coautores, pero todos en libertad. Son Reynaldo Clavero, Marcos Ontiveros, Eugenia Argüello y Victoria Torres, respectivamente. Sus defensores apelaron el fallo de la Cámara de Apelaciones de Villa Mercedes que cambió la calificación de los hechos. Actualmente, el expediente se encuentra en el Superior Tribunal de Justicia. “Ya se han resuelto y fueron rechazados los recursos de casación de inconstitucionalidad que plantearon las diferentes defensas de los imputados  y ahora esperamos que resuelva si hace lugar al pedido de revocatoria in extremis de uno de los defensores o reafirma el cambio de carátula, para volver al juzgado de instrucción, presentar nuevas pruebas y finalmente llegar a juicio oral”, explicó el abogado de la familia.    

La principal irregularidad fue el tema de la autopsia ya que, para el abogado, esta prueba puede ser definitoria. En ese sentido, precisa que, en el primer informe, a cargo del forense Gustavo Lafourcade, no se hallaron moretones en el cuerpo de la víctima. A pedido de la familia, el forense presentó un segundo reporte en el que sí aparecen múltiples lesiones en los miembros superiores e inferiores y en la zona pélvica, compatibles con la autodefensa. Al descubrir esas marcas, solicitaron a Jorge Pinto -juez de la causa-, una segunda autopsia, que se hizo cinco meses después y tuvo que ser solventada por la parte querellante.

“Cuando hacen la reautopsia, estalló un nuevo escándalo porque no estaban los músculos en el cuello. Aparecen varios hematomas, hasta un trapo amarillo dentro del cuerpo. Por la falta de los músculos, el estado de putrefacción, por la burocracia de la apelación y todas las trabas que nos pusieron, no se pudo determinar la causa de la muerte”, lamenta Calderón al repasar los detalles de la causa. 

“Sabemos que hubo tortura, maltrato, violencia, que hubo agresiones e incumplimiento de funcionario público, con privación ilegítima de libertad. Lo que falta determinar es si fue un estrangulamiento o si fue un suicidio inducido. Esto quiere decir que llegaron a un nivel de violencia y de tortura tal que le tiraron el cordón y le dijeron ‘matate o seguí sufriendo’. Nuestros peritos técnicamente consideran que hubo un estrangulamiento, que hubo un femicidio. Todo eso se va a resolver en el juicio”, enfatiza.

 (Foto gentileza)

Después de 4 años, la justicia y la verdad que pide la familia no llega porque no aparece en el horizonte la fecha para el juicio oral y público. “No puede ser que el Superior Tribunal de Justicia todavía no haya contestado. Ya están todas las cartas sobre la mesa. Se demostró todo lo que dijimos. ¿Por qué no se mueve?”, reclama Celeste. “Hemos parido esta causa. Se nos hizo cuesta arriba en plena pandemia”, recuerda con cansancio, pero con fuerza para seguir la lucha hasta el final.

El letrado, por su parte, expone que la causa no avanza por la “burocracia” del Poder Judicial. “Se les vencen los plazos y no resuelven. Aparece un nuevo integrante del Superior Tribunal y suspenden plazos para que estudie el expediente. Y ahora estamos a la espera que se resuelva el último recurso de uno de los acusados. De ahí tiene que volver al juez de instrucción Jorge Pinto para que tome indagatoria por la nueva carátula”, detalla. 

Celeste tiene sed de justicia por “La Maga”, por sus hijos, por su nieta, por ella. “Esperamos perpetua para (Heraldo) Clavero, perpetua para (Marcos) Ontiveros. Y que las otras dos (Eugenia Argüello y Victoria Torres) que se coman veinte años ahí adentro, porque ellas no hicieron nada por mi hermana, no actuaron, no pensaron como mujeres”. 

Pero en el camino de encontrar la verdad y la justicia quiere que los culpables lleguen a juicio en la cárcel: “Es vergonzoso que ni siquiera estén presos, recién hace un año y medio los echaron de la fuerza. Esta gente seguía disfrutando en libertad, estando con su familia y cobrando un sueldo”.

Pero para la hermana, una condena ejemplar para los cuatro policías no alcanza. Insiste en el castigo para los responsables políticos que, para ella, mintieron: “Yo sigo sosteniendo que son todos delincuentes, fueron todos partícipes necesarios, la Policía, el fiscal, el defensor, el juez y ni que hablar del forense”.

"Las causas donde hay violencia institucional siempre son difíciles, la mayoría termina en archivo", opina Calderón Salomón. Sin embargo, considera que haber logrado el cambio de carátula abre una luz de esperanza y asegura una condena: “Lo que buscamos ahora es que los condenen por lo que corresponde y no por delitos menores y la prisión preventiva mientras esperan el juicio”.  

Pelear hasta el final 

Los amigos y las amigas, sus hermanas, la madre, el padre, las organizaciones feministas, sus abogados, no se olvidan de Florencia Magalí Morales. Los cinco de cada mes, y particularmente al cumplirse un nuevo aniversario, en cada movilización de mujeres y disidencias, rememoran, alzan la voz, gritan en manada, exigen justicia por su muerte. 

Celeste Morales no puede evitar quebrarse por momentos. Le tocó la parte más pesada. Aprovecha que su hijo y sus sobrinos están en la escuela para hablar, descargarse, cargar contra una justicia que todavía no llega y un Estado que siempre estuvo ausente.  “No me queda otra que salir adelante, sobre todo cuando tenés criaturas a cargo y nadie te da una mano”, dice la mujer que es partera y en la entrevista contó que hacía meses que estaba sin trabajo.

Por la memoria de su hermana, para que “los niños crean en la justicia”, para que no “crezcan pensando en que su mamá se suicidó”, ella lucha. Para aliviar el “dolor” de su mamá y su papá, que están atravesadas por la tragedia de haber perdido a otro hijo, ella lucha.  

“Al principio de la causa, alguien me dijo, ‘Celeste, yo quiero que vos sepas algo: Esto va a llevar su tiempo, tiempo largo. Pero lo tenés que ver como una gran pelea. Porque gana quien resiste. Te vas a caer y te tenés que caer. Vas a llorar lo que tengas que llorar. Y te vas a levantar y seguir peleando’. Y es lo que he hecho al lado de mi familia desde entonces”, manifiesta con un tono que transmite orgullo.

Celeste (Izq.) y Alejandra Morales (Der.) al cumplirse el primer aniversario de la muerte de Magalí.

Existen leyes que protegen a las mujeres víctimas de todas las formas de violencia, entre ellas, la institucional. Hay también legislación reparatoria hacia las víctimas del terrorismo de Estado o a familiares de víctimas de femicidios. Pero ninguna de ellas sirvió para que el Estado y sus instituciones acompañen a la familia de una mujer muerta en una comisaría en manos de la Policía.  

El sentimiento de injusticia y abandono se evidencia en cada palabra que sale de la boca de Celeste: “Los niños nunca tuvieron una ayuda psicológica. ¿Por qué tanta burocracia? ¿Por qué no acompañan?  Estoy enojada, sí. Pero hablo desde mi lugar de hermana, porque veo llorar a mi mamá, veo a mi viejo destruido. Estoy viendo crecer a los niños sin su mamá. Como familia nos sentimos desamparados”.

“Una vez la representante de la secretaría de derechos humanos de Mendoza vino para prometer cosas. Y al año siguiente volvió para seguir prometiendo.  Le conté que me quedé sin trabajo, que cerró la clínica donde trabajaba ayudando a dar vida y lo único que recibí fueron excusas. Esperaba que me contacte con alguien, que me oriente. Nunca me llamaron. La secretaría de la Mujer de San Luis solo colaboró con algo dinero para los gastos de la autopsia. El gobernador Alberto Rodríguez Saá nunca nos recibió”, cuestiona.

Magalí Morales era una madre comprometida con la crianza de sus hijos. Era una abuela presente. Así la recuerdan. Desde su muerte, Celeste continuó con su tarea. Cuida y aloja a sus niños, sin ninguna ayuda ni asistencia estatal. A pesar de todas las dificultades que se le presentan, ella sigue. Agradece el apoyo de todas las organizaciones feministas que desde el minuto uno denunciaron, de la prensa que hizo trascender el caso y de los abogados por su persistencia. Sabe que la lucha por verdad y justicia, por cárcel para todas y todos los responsables materiales y políticos, habría sido aún más “cuesta arriba” en soledad.