Cinco años sin justicia para Florencia Magalí Morales

Una nueva marcha en pedido de justicia por Florencia Magalí Morales se realizó este viernes por la tarde en la ciudad de San Luis, un día antes de cumplirse cinco años de su muerte en la Comisaría 25° de Santa Rosa del Conlara. Con una bandera que llevaba su rostro al frente, familiares, amigas y organizaciones sociales recorrieron la Plaza Pringles, en la capital sanluiseña, para exigir condena a los responsables. 

Celeste Morales, hermana de la joven, participó de la movilización acompañada por su abogado y otras mujeres que integran la lucha. “Los asesinos de mi hermana —los policías y los cómplices: juez, fiscal, defensor, todos— siguen libres. Incluso el forense sigue libre”, expresó a medios de San Luis.

Morales también mencionó que fue recibida por el nuevo fiscal de la causa, el doctor Marcelo Sandaño, y dijo que le generó una buena impresión su manera de trabajar. Sin embargo, advirtió que quienes fueron investigados “siguieron con su vida, como si nada”. Y agregó: “Nadie se suicida en una comisaría. Los responsables tienen que pagar con penas ejemplares”.

En su relato, también apuntó contra el juez Jorge Pinto, a quien considera uno de los principales responsables de la falta de avances: “Durante estos cinco años, lo único que han hecho los abogados de los policías es dilatar la investigación y torcerla. Y Pinto siempre les dio lugar. Nosotros seguimos cargando con el dolor”.

Además, Celeste recordó que el pedido que van a presentar solicita el llamado a indagatoria por el delito de tortura seguida de muerte, y que tras esa instancia corresponde avanzar con la prisión preventiva de los acusados.

El caso ocurrió el 5 de abril de 2020, cuando Florencia Magalí Morales fue hallada muerta en una celda tras haber sido detenida por presunta violación del aislamiento obligatorio. La versión policial indicó que se trató de un suicidio, pero la autopsia reveló signos de autodefensa y cortes. También hay testimonios de personas detenidas en celdas contiguas que afirmaron haberla escuchado pedir ayuda.

Por el hecho están imputados Reinaldo Clavero, entonces jefe de la Comisaría, el jefe de guardia Marcos Ontiveros y las oficiales Eugenia Arguello y Victoria Torres. Fueron dados de baja de la Fuerza en 2022, pero permanecen en libertad.