A 42 años del retorno de la democracia: un aniversario que vuelve a interpelar al país
A 42 años de la asunción de Raúl Alfonsín en 1983, el país recuerda una de sus fechas más significativas: el restablecimiento del Estado de Derecho tras siete años de dictadura cívico-militar. Aquella jornada marcó el inicio de un camino de recuperación democrática, justicia y reconstrucción institucional, cuyo primer gesto fue la derogación de la Ley de Autoamnistía dictada por la Junta Militar mediante la Ley N.º 23.040, aprobada apenas una semana después del cambio de gobierno.
La efeméride coincide, además, con el Día Internacional de los Derechos Humanos, establecido en 1948 cuando la Asamblea General de Naciones Unidas adoptó la Declaración Universal de Derechos Humanos, documento fundacional que sentó las bases éticas y jurídicas para la protección universal de la dignidad humana.
La conmemoración encuentra a la sociedad argentina atravesada por tensiones políticas profundas. Las expresiones públicas del presidente Javier Milei y miembros de su gobierno, que cuestionan la cifra de 30.000 personas detenidas-desaparecidas durante la última dictadura y equiparan el terrorismo de Estado con la violencia ejercida por organizaciones armadas, generaron repudio de organismos de derechos humanos, académicos y amplios sectores de la ciudadanía.
Para estos sectores, estos discursos constituyen una forma de negacionismo que pretende reinstalar la denominada teoría de los dos demonios, deslegitimada y contraria al consenso construido en torno al “Nunca Más” y al carácter genocida del terrorismo de Estado.
En este marco, el 10 de diciembre asume un doble valor: no sólo invita a recordar una de las fechas más significativas de la historia nacional, sino también a defender la memoria, la justicia y la vigencia plena de los derechos humanos como pilares inseparables de la democracia.
A más de cuatro décadas del retorno democrático, la jornada vuelve a interpelar a la sociedad sobre el país que se quiere construir y sobre la importancia de sostener, frente al avance de discursos negacionistas, un compromiso activo con la verdad histórica y las garantías democráticas.
