El Congreso inicia el tratamiento de la reforma laboral y la baja de imputabilidad

Este martes comenzará la constitución de las comisiones en el Congreso para tratar, durante el período de sesiones extraordinarias, dos proyectos impulsados por el gobierno de Javier Milei que generan fuerte polémica, el Proyecto de Modernización Laboral y la Ley Penal Juvenil, que propone bajar la edad de imputabilidad.

Luego de haber sido postergado durante 2024, el debate por la reforma laboral se iniciará finalmente en el Senado de la Nación el próximo 11 de febrero, en un contexto de fuerte resistencia sindical y social.

La Libertad Avanza (LLA) busca avanzar con ambas iniciativas mediante negociaciones con los bloques denominados “dialoguistas”, como el PRO, la Unión Cívica Radical (UCR) y la Coalición Cívica. Estas gestiones continúan aun después de las reuniones que el ministro del Interior, Diego Santilli, mantuvo con gobernadores en los últimos meses.

El proyecto de reforma laboral propone una modificación profunda del actual régimen de trabajo. Entre sus principales puntos se encuentra la revisión del sistema de indemnizaciones, la creación de un “Fondo de Cese Laboral” a través de convenios colectivos, la reducción de contribuciones patronales y la incorporación de la figura del “Colaborador Independiente”, un esquema que, según especialistas y sindicatos, encubre relaciones de dependencia bajo formas más precarias.

Asimismo, la iniciativa introduce el denominado “Banco de Horas”, un mecanismo de flexibilidad horaria que reemplazaría el pago de horas extras por compensaciones futuras, una medida cuestionada por abrir la puerta a jornadas laborales más extensas sin retribución adicional.

Las centrales sindicales expresaron un rechazo contundente al proyecto al advertir que no promueve la creación de empleo genuino y representa un retroceso en derechos laborales conquistados. En ese marco, anunciaron movilizaciones frente al Congreso a partir de este martes.

En paralelo, el oficialismo impulsa el proyecto de Ley Penal Juvenil, que propone reducir la edad de imputabilidad de 16 a 13 años. La iniciativa establece un régimen especial para menores, con medidas socioeducativas y penas alternativas, y elimina la posibilidad de reclusión perpetua, fijando un máximo de 20 años de condena.

Sin embargo, el proyecto contempla que adolescentes de 14 años o más que cometan delitos graves puedan recibir penas equiparables a las de adultos, con condenas de hasta 15 años o más, aunque sin ser alojados en cárceles comunes. Organismos de derechos humanos advierten que la iniciativa criminaliza la pobreza y no aborda las causas estructurales de la violencia.

Para delitos con penas menores a tres años, o de hasta diez años sin violencia grave, se priorizan medidas de carácter social y educativo, como la libertad asistida o tareas comunitarias.

Desde el Gobierno sostienen que la propuesta busca terminar con la llamada “puerta giratoria”, mientras que distintos sectores cuestionan que la baja de imputabilidad no resuelve los problemas de inseguridad y profundiza un enfoque punitivo sobre adolescentes en situación de vulnerabilidad, actualmente alcanzados por la Ley 22.278.