La Villa de Merlo se incorporará en 2026 al sistema de controles toxicológicos

La Villa de Merlo se incorporará en 2026 al sistema de controles establecido por la Ley de Ejemplaridad y Coherencia en la función pública, en el marco de su implementación en la provincia de San Luis. La medida alcanzará a alrededor de 50 funcionarios municipales.

El anuncio fue realizado en Casa de Gobierno por el director de Legalidad y Ética Pública, Bruno Fernández, junto a los intendentes Luciano Ayala (La Punta) y Leonardo Rodríguez (Villa de Merlo). Según se informó, el universo de personas comprendidas por la ley asciende a unos 12.200 agentes de los tres poderes del Estado, incluidos trabajadores de los sistemas de salud, seguridad y penitenciario. De ese total, se prevé efectuar aproximadamente 5.800 estudios definidos de manera aleatoria.

En el caso de la Villa de Merlo, el intendente interino Leonardo Rodríguez señaló que el municipio contaba con una ordenanza previa a la sanción de la ley provincial, posteriormente ampliada por decreto. En esta primera aplicación, los controles alcanzarán a concejales, integrantes del Departamento Ejecutivo y autoridades del Juzgado de Faltas.

Para la realización de los estudios, el municipio suscribió un convenio con la Universidad Nacional de San Luis (UNSL) y la Facultad de Química, Bioquímica y Farmacia. De acuerdo a lo indicado, cada funcionario deberá asumir el costo del examen.

Respecto a los antecedentes provinciales, se informó que durante el último año se analizaron 1.909 muestras, de las cuales 48 arrojaron resultados positivos: 8 por sustancias ilegales y 40 vinculadas al uso de medicamentos o automedicación.

En caso de detectarse un resultado positivo, interviene el Centro de Prevención y Asistencia a las Adicciones (CPAA) para el acompañamiento correspondiente, mientras que cada poder del Estado aplica los procedimientos administrativos previstos.

Por su parte, la ciudad de La Punta continuará por segundo año consecutivo con la aplicación del sistema. Según confirmó el intendente Luciano Ayala, en 2026 se evaluará a 63 funcionarios y los estudios serán financiados por el municipio. Desde el Gobierno provincial indicaron que la normativa tiene como objetivo establecer mecanismos de control en el ámbito estatal e invitaron a otros municipios a adherir.