"¿Tienen miedo de que se investigue?": la oposición redobló la ofensiva tras el archivo de la denuncia contra Álvarez Pinto y Rodríguez

Lejos de cerrar la polémica, el archivo de la denuncia penal contra el ministro de Turismo y Cultura, Juan Álvarez Pinto, y el intendente interino Leonardo Rodríguez volvió a profundizar el enfrentamiento político en Villa de Merlo.

Después del intenso debate que se vivió este jueves en el Concejo Deliberante, los concejales Ana Laura Ferrarotti, Daniel Orué y Lucía Miranda difundieron un duro documento en el que rechazaron la interpretación del oficialismo sobre la resolución de la Fiscalía y denunciaron un "grave atropello institucional" durante el tratamiento del tema.

La respuesta llega pocos días después de que el Municipio celebrara en una gacetilla de prensa la decisión de la Fiscalía de Instrucción N.º 2 de archivar la denuncia por presunto incumplimiento de los deberes de funcionario público y usurpación de títulos y honores. Ayer, además, esa postura fue defendida por el bloque oficialista, a través de María José Álvarez, quien sostuvo que se trató de "una denuncia sin pruebas y con una clara intención de desestabilizar".

Sin embargo, para los bloques opositores, el pronunciamiento judicial no resuelve el conflicto institucional que vienen denunciando desde hace meses.

"Que el oficialismo no festeje antes de tiempo. El comunicado del Municipio busca confundir a la sociedad y esconder la gravedad de lo que pasó en este recinto", sostuvieron en el texto.

Los ediles remarcaron que el fiscal archivó la causa porque entendió que la discusión pertenece al ámbito político y administrativo, no porque hubiera declarado constitucionales las decisiones cuestionadas.

"El archivo de la Fiscalía no es una absolución sobre el fondo de la cuestión ni una declaración de constitucionalidad. La Justicia penal no resuelve las irregularidades institucionales; las resolvemos nosotros, el Poder Legislativo", afirmaron.

En el documento, Ferrarotti, Orué y Miranda insistieron en que existen elementos objetivos que demuestran un "grave vacío institucional".

Manifestaron que la licencia otorgada a Juan Álvarez Pinto tenía un plazo determinado y que, una vez vencida, transcurrió más de un mes sin un acto formal que respaldara la continuidad institucional del Ejecutivo municipal.

Asimismo, reiteraron que la resolución aprobada el 4 de febrero para extender esa situación fue tratada sin el quórum reglamentario, motivo por el cual ese episodio dio origen a otra denuncia penal que continúa en trámite.

"La matemática no miente", afirmaron al sostener que entre el vencimiento de la licencia y la resolución posterior existió “un vacío institucional”.

Uno de los ejes del documento fue el rechazo del oficialismo a la comisión investigadora propuesta durante la sesión del jueves por Ana Laura Ferrarotti.

La iniciativa buscaba conformar una comisión integrada por cinco concejales, con mayoría opositora y participación de vecinos como veedores, para revisar la legalidad de las resoluciones vinculadas con la licencia de Álvarez Pinto y el interinato de Rodríguez. La moción fue rechazada por la mayoría oficialista.

Para la oposición, esa decisión alimenta las sospechas en lugar de disiparlas: "Una mayoría circunstancial no puede votar cualquier barbaridad para tapar sus propias torpezas institucionales".

Y remataron con una frase dirigida al bloque oficialista: "El que nada debe, nada teme. Si están tan seguros de que actuaron a derecho, voten a favor y permítannos investigar".

El comunicado también cuestiona el desarrollo de la última sesión. Los tres concejales indicaron que la Presidencia del Concejo restringió el uso de la palabra de la oposición y denunciaron un trato desigual durante el debate.

Con este nuevo pronunciamiento, el conflicto político en Villa de Merlo sigue escalando. Mientras el Ejecutivo considera que el archivo de la causa despejó cualquier sospecha sobre la actuación de Álvarez Pinto y Rodríguez, la oposición asegura que la discusión institucional sigue abierta y anticipa que continuará tanto en el ámbito legislativo como en la Justicia.