Senado: el Gobierno aprobó la ley de propiedad privada, pero tuvo que quitar otro capítulo
Tras una sesión que se extendió por más de once horas y estuvo atravesada por fuertes cruces políticos, el Senado de la Nación dio media sanción este viernes al proyecto de Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada, una de las iniciativas promovidas por el Gobierno de Javier Milei. La aprobación llegó luego de que La Libertad Avanza aceptara eliminar dos de los capítulos más resistidos del texto para garantizar el respaldo de sus aliados.
La votación en general terminó con 37 votos afirmativos y 33 negativos. El respaldo provino de La Libertad Avanza, el PRO, la mayoría de la UCR y bloques provinciales, mientras que Unión por la Patria y otros espacios opositores rechazaron la iniciativa.
El primer cambio introducido por el oficialismo fue la eliminación del capítulo que modificaba la Ley de Tierras Rurales, que buscaba flexibilizar las restricciones para la adquisición de campos por parte de extranjeros. Esa decisión se tomó antes del inicio de la sesión, ante la resistencia expresada por gobernadores y legisladores dialoguistas.
Sin embargo, durante el debate quedó en evidencia que tampoco había consenso para avanzar con las modificaciones a la Ley de Manejo del Fuego. Frente a la posibilidad de perder la votación, el Gobierno retiró ese apartado minutos antes del tratamiento en particular, resignando así un segundo capítulo para asegurar la aprobación del proyecto.
La legislación vigente establece que las superficies afectadas por incendios no pueden cambiar su destino durante 60 años en el caso de bosques nativos, humedales y áreas protegidas, y durante 30 años para tierras agropecuarias. La reforma impulsada por el Ejecutivo pretendía flexibilizar esas restricciones al considerar que perjudican a los propietarios de los inmuebles incendiados, pero el planteo encontró resistencia incluso entre senadores que acompañaban el resto del proyecto.
Qué contempla la iniciativa
Con las modificaciones introducidas, el texto aprobado mantiene los capítulos referidos a desalojos, expropiaciones y Registro de la Propiedad Inmueble.
En materia de desalojos, propone que las ocupaciones ilegales se tramiten mediante un procedimiento sumarísimo para reducir los tiempos judiciales. Además, incorpora nuevas herramientas para facilitar la restitución anticipada de inmuebles y habilita las notificaciones electrónicas.
Respecto de las expropiaciones, el proyecto establece que la declaración de utilidad pública deberá interpretarse de manera restrictiva y cumplir criterios de idoneidad, necesidad y proporcionalidad. También modifica la forma de calcular las indemnizaciones, tomando como referencia el valor del bien antes de cualquier intervención estatal que pudiera alterar su precio.
Un debate con fuertes cruces
Durante el cierre del debate, la senadora Patricia Bullrich defendió la iniciativa al sostener que busca garantizar la protección de la propiedad privada, agilizar la recuperación de inmuebles ocupados ilegalmente y brindar mayor seguridad jurídica. "Ahora nadie te va a poder avasallar", afirmó al defender el proyecto.
Desde la oposición, el jefe del bloque justicialista, José Mayans, calificó la propuesta como "inconstitucional" y sostuvo que las modificaciones al régimen de expropiaciones impedirían que futuros gobiernos puedan recuperar bienes estratégicos del Estado. Otros senadores cuestionaron además el procedimiento legislativo utilizado para introducir cambios al dictamen durante la negociación parlamentaria.
Durante la jornada también hubo movilizaciones frente al Congreso convocadas por organizaciones sociales, sindicales y ambientales que rechazaron el proyecto, especialmente por las modificaciones originalmente previstas para la Ley de Tierras y la Ley de Manejo del Fuego. La presencia de manifestantes motivó un importante operativo de seguridad en los alrededores del Palacio Legislativo.
Con la media sanción obtenida en el Senado, el proyecto continuará ahora su recorrido parlamentario en la Cámara de Diputados, donde volverá a debatirse antes de convertirse en ley.
