La Justicia ordenó reparar de forma inmediata las rutas nacionales 7, 8 y 33
La Justicia federal ordenó al Gobierno nacional la reparación de manera inmediata e integral de las rutas nacionales 7, 8 y 33 en el departamento General López, Santa Fe. El fallo busca garantizar la plena transitabilidad vial en el sur de la provincia.
La resolución judicial, a cargo del juez federal de Venado Tuerto, Aurelio Cuello Murúa, determinó que la prolongada falta de mantenimiento constituye una irregularidad. El magistrado catalogó la inacción de las autoridades como una omisión con "arbitrariedad o ilegalidad manifiestas".
El dictamen hace lugar a una acción de amparo presentada por la senadora provincial Leticia Di Gregorio. La legisladora santafesina, representante de Unidos para Cambiar Santa Fe, impulsó la causa contra la Dirección Nacional de Vialidad (DNV).
La responsabilidad estatal frente a los contratos privados
La medida judicial establece con claridad que la obligación del Estado de reparar las calzadas subsiste aunque las obras sean ejecutadas por empresas privadas. El Gobierno federal deberá asegurar el cumplimiento de la orden judicial sin importar el estado de las concesiones.
Cuello Murúa dispuso que las refacciones sean canalizadas a través de la propia Dirección Nacional de Vialidad o el organismo estatal que asuma sus competencias en el futuro. Asimismo, las tareas podrán delegarse en las empresas concesionarias actuales o futuras.
Para el magistrado, las modificaciones y cambios de carácter contractual que se ejecuten no pueden convertirse en un obstáculo para reparar las rutas. El fallo se conoce en medio de nuevas adjudicaciones dentro de la Red Federal de Concesiones.
Específicamente, el expediente consigna que la Ruta 33 fue adjudicada a la empresa CPC SA en el tramo Portuario Norte. Por su parte, las rutas 7 y 8 quedaron bajo la órbita de Creditech SA, Plantel SA, Basaa SA y Cecosa SA.
Falta de presupuesto y demoras de Vialidad Nacional
La senadora provincial Leticia Di Gregorio inició este reclamo de amparo en marzo de 2025. Durante el trámite, la legisladora obtuvo una medida cautelar que obligaba a Vialidad a señalizar los sectores deteriorados.
Dicha medida cautelar previa, que fue confirmada por la Cámara Federal de Rosario, exigía también desvíos y bacheo. Sin embargo, la Dirección Nacional de Vialidad reconoció un cumplimiento meramente parcial de las tareas.
En marzo de 2026, Vialidad Nacional admitió de manera oficial que los trabajos sobre la Ruta 33 no habían sido reanudados. El organismo argumentó que faltaba la autorización de una solicitud de provisión.
Asimismo, la dependencia nacional alegó en una nota posterior que se encontraba a la espera de una ampliación presupuestaria. Vialidad advirtió que las restricciones presupuestarias y financieras impedían realizar las tareas mínimas de conservación.
Denuncias por fondos retenidos y plazos fijos
El fallo judicial se conoce en simultáneo con un debate sobre la administración de los fondos viales en el país. El Gobierno nacional recaudó importantes sumas de dinero destinadas a obras viales en los últimos dos años y medio.
Según datos recientes, el Estado nacional recaudó más de $ 1,5 billones destinados a la Red Federal y obras viales. No obstante, el Ministerio de Economía ejecutó apenas una cuarta parte de lo percibido.
El saldo restante, que supera el billón de pesos, habría sido colocado por la administración central en plazos fijos y títulos públicos. Esta colocación financiera se realizó con el objetivo de sostener el indicador de "déficit cero".
Esta retención de recursos derivó en la presentación de una denuncia penal por presunta malversación de caudales públicos. El expediente penal investiga la posible comisión de delitos por parte de funcionarios de la administración nacional.
La Voz
