viernes 20 de noviembre de 2026
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El Senado sancionó la nueva ley de discapacidad y mantuvo la actualización de prestaciones por inflación

La iniciativa fue aprobada por unanimidad, con 71 votos afirmativos. El texto establece la continuidad de las pensiones no contributivas, el nomenclador universal y la compatibilidad del beneficio con el empleo formal bajo determinados límites de ingresos. Ahora resta la reglamentación del Poder Ejecutivo.
El pleno de la Cámara alta durante la sesión de este jueves (Fotos: Prensa Senado)
El pleno de la Cámara alta durante la sesión de este jueves (Fotos: Prensa Senado)

El Senado de la Nación sancionó este jueves la nueva ley de discapacidad, que establece un marco permanente para el sector y deja atrás el régimen de emergencia que vence a fin de año. La iniciativa obtuvo 71 votos a favor y ninguno en contra.

El texto aprobado mantiene varios de los puntos centrales del sistema vigente, entre ellos las pensiones no contributivas por discapacidad, su actualización de acuerdo con la inflación, el nomenclador universal de prestaciones y el arancel unificado.

La norma establece que las pensiones equivaldrán al 70% del haber mínimo jubilatorio y que el Certificado Único de Discapacidad (CUD) será la principal vía de acceso al beneficio. También conserva la compatibilidad entre la pensión y el empleo formal, siempre que los ingresos de la persona beneficiaria no superen dos salarios mínimos, vitales y móviles.

En materia de cobertura de salud, garantiza el acceso de los titulares de pensiones no contributivas por invalidez laboral y discapacidad a las prestaciones básicas contempladas en la Ley 24.901, a través del Programa Incluir Salud.

La legislación también incorpora partidas presupuestarias específicas del Ministerio de Salud para financiar el sistema y contempla compensaciones del Tesoro en caso de que los recursos asignados resulten insuficientes. Además, establece que el ingreso por beneficiario deberá conservar su poder adquisitivo respecto del año anterior.

Controles y pagos a prestadores

Entre las disposiciones incorporadas se encuentran mecanismos de auditoría periódica a cargo de la Secretaría Nacional de Discapacidad, mediante el cruce de información con organismos como ANSES, ARCA, Renaper y el SINTyS.

El texto habilita la suspensión preventiva de beneficios ante incumplimientos objetivos, aunque establece un procedimiento que contempla la notificación a la persona involucrada y la posibilidad de una rehabilitación provisoria.

Por otra parte, la ley fija plazos para regularizar eventuales deudas con prestadores. Si existen pagos pendientes al momento de su sanción, el Poder Ejecutivo deberá publicar un cronograma de cancelación dentro de los 30 días y completar los pagos en un plazo máximo de 90 días.

Los planteos durante el debate

Durante la sesión, distintos legisladores señalaron la necesidad de garantizar los recursos y la capacidad operativa para implementar la nueva normativa.

La senadora Alicia Kirchner advirtió sobre la capacidad de las oficinas de ANSES para llevar adelante las tareas vinculadas con el sistema y mencionó que existen 427 centros para todo el país.

Por su parte, la radical Mariana Juri sostuvo que la reducción de partidas destinadas al área no comenzó con la actual gestión nacional y pidió que el Presupuesto 2027 contemple los fondos necesarios para cumplir con la ley.

El senador Maximiliano Abad también puso el foco en la implementación de las disposiciones, mientras que el pampeano Pablo Bensusán remarcó la importancia de controlar el cumplimiento de los plazos de pago a los prestadores.

La senadora por San Luis Ivanna Arrascaeta, presidenta de la comisión de Salud, participó del debate y sostuvo que la discapacidad requiere un sistema permanente, con reglas estables, recursos asignados y mecanismos de control.

Con la aprobación del Senado, la iniciativa quedó sancionada. El próximo paso será la reglamentación por parte del Poder Ejecutivo, que conserva la facultad de aplicar vetos parciales o totales.

Infobae.