Liberaron a las dos ex policías imputadas por la muerte de Florencia Magalí Morales
Las ex policías María Eugenia Argüello y Victoria Johana Paola Torres recuperaron este jueves la libertad en el marco de la investigación por la muerte de Florencia Magalí Morales, ocurrida el 5 de abril de 2020 en la Comisaría 25ª de Santa Rosa del Conlara.
La decisión fue adoptada por la jueza de Garantía N° 3 de la Segunda Circunscripción Judicial, Natalia Pereyra Cardini, durante una audiencia multipropósito en la que también se resolvió extender por 120 días el plazo de la Investigación Penal Preparatoria (IPP).
Argüello y Torres deberán presentarse una vez al mes para firmar el libro que lleva la Fiscalía durante un período de 90 días. En ese mismo plazo tendrán prohibido salir de la provincia de San Luis y mantener comunicación, por cualquier medio, con familiares de Florencia Morales.
La magistrada rechazó el pedido de prisión domiciliaria formulado por las defensas de ambas imputadas al considerar que los riesgos que habían motivado esa medida se encuentran neutralizados.
Prisión preventiva para otros dos imputados
En la misma audiencia, la Justicia prorrogó por 90 días la prisión preventiva de Heraldo Reynaldo Clavero y Marcos Dionisio Ontiveros, quienes continúan alojados en el Servicio Penitenciario Provincial.
La jueza también rechazó el pedido de prisión domiciliaria presentado por la defensa de Clavero. Entre los fundamentos, señaló que no se realizó el informe socioambiental correspondiente, no se ofreció una persona para controlar el cumplimiento de la medida y que la legislación no contempla esa modalidad para los fundamentos planteados por la defensa.
Los abogados Carlos Varela y Alejandro Miranda interpusieron recursos de revisión contra las decisiones relacionadas con Clavero y Ontiveros. Ambos planteos fueron concedidos y las actuaciones fueron elevadas a la Oficina Judicial del Colegio de Jueces para su tratamiento.
Una investigación que lleva más de seis años
Florencia Magalí Morales fue detenida el 5 de abril de 2020, durante las restricciones de circulación establecidas por la pandemia de coronavirus. Horas después apareció muerta en una celda de la Comisaría N° 25.
En un primer momento, la versión oficial sostuvo que se había tratado de un suicidio. Sin embargo, la investigación continuó a partir del reclamo de la familia y la querella y derivó en la imputación de cuatro efectivos que se encontraban vinculados a la dependencia policial al momento de la muerte.
La Fiscalía investiga a los cuatro como presuntos coautores del delito de torturas seguidas de muerte.
La resolución conocida este jueves extiende por otros 120 días la etapa de investigación. La jueza instó a las partes a incorporar con la mayor rapidez posible las pruebas que todavía permanecen pendientes, teniendo en cuenta la gravedad, complejidad y naturaleza del hecho investigado.
