La causa por el crimen del policía Renato Fuentes en Cortaderas fue elevada a juicio: piden perpetua para Lescano

La causa contra Julio Daniel Lescano, acusado de participar en el robo a una vivienda de Cortaderas durante el cual fue asesinado el oficial principal Renato Mauricio Fuentes, fue elevada a juicio. El Ministerio Público Fiscal solicitó que el imputado sea condenado a prisión perpetua, mientras que la defensa cuestionó las pruebas reunidas durante la investigación.

La decisión se adoptó en una audiencia de control de acusación ante el Juzgado de Garantía N.º 2 de la Tercera Circunscripción Judicial. El juez Jorge Osvaldo Pinto tuvo por formulada la acusación, declaró concluida la investigación penal preparatoria y admitió las pruebas ofrecidas por la Fiscalía, la querella y la defensa.

La causa fue remitida a la Cámara de Apelaciones, que deberá establecer la fecha del debate oral. En la misma audiencia, el magistrado dispuso que Lescano continúe detenido durante otros 90 días, mientras avanza el proceso.

El hecho ocurrió el 20 de septiembre de 2024, alrededor de las 20.30, en una vivienda del loteo El Prado, en Cortaderas, ubicada a unos 800 metros de la Ruta Provincial N.º 1.

Según la reconstrucción del Ministerio Público Fiscal, Lescano y Dolores Mauro Villegas Vieyra ingresaron al domicilio armados y sorprendieron a una mujer y a su hijo, que se encontraban en la planta alta.

El joven se refugió en su habitación, pero los asaltantes habrían amenazado con matar a su madre si no abría la puerta. Finalmente, ingresaron por la fuerza, lo golpearon, le cubrieron la cabeza y lo inmovilizaron con precintos.

De acuerdo con la acusación, los delincuentes exigieron la llave de una caja fuerte y sustrajeron armas de fuego, municiones, teléfonos celulares, un anillo de oro, dos millones de pesos y 3.000 dólares.

La situación cambió cuando llegó la Policía. Fuentes sorprendió a Villegas Vieyra dentro de la vivienda y le ordenó que se arrojara al suelo. El hombre escapó por una puerta trasera y abrió fuego cuando el oficial salió en su persecución.

El enfrentamiento continuó en el exterior de la propiedad, con la intervención del subcomisario Abel Caro. La Fiscalía sostiene que Lescano disparó contra Caro desde el fondo del terreno, mientras Villegas Vieyra intercambiaba disparos con Fuentes.

El oficial recibió tres impactos de bala, en una mano, en la base del cuello y en la región costal izquierda. Las heridas comprometieron órganos vitales y provocaron una hemorragia que causó su muerte.

Para los investigadores, ambos acusados atacaron a los efectivos con el objetivo de facilitar la fuga y evitar ser detenidos por el robo.

Villegas Vieyra también resultó herido y murió al día siguiente en el Hospital Madre Catalina Rodríguez. Lescano, en tanto, logró escapar y fue detenido el 22 de septiembre de 2024 durante un control policial en La Punilla, en el límite entre San Luis y Córdoba. Según la investigación, intentaba viajar hacia la provincia de Buenos Aires.

Para atribuirle participación en los hechos, la Fiscalía presentó distintos elementos, entre ellos imágenes recuperadas de una cámara de seguridad sustraída de la vivienda, prendas secuestradas durante un allanamiento con rastros de deflagración de pólvora, precintos similares a los utilizados para inmovilizar a una de las víctimas, una pericia antropométrica y testimonios.

También incorporó un dermotest que detectó rastros de pólvora en la mano derecha del acusado.

Otro elemento mencionado durante la audiencia fue el testimonio referido a la identificación que habría realizado Villegas Vieyra cuando fue encontrado herido. Según la acusación, habría señalado a su acompañante con el apodo de “Ringo”, que los investigadores vinculan con Lescano.

El fiscal de Instrucción N.º 2, Marcelo Saldaño, y la fiscal adjunta Lucila Giampieri representaron al Ministerio Público Fiscal. La querella estuvo a cargo del abogado Gustavo Reviglio.

La Fiscalía calificó los hechos como robo calificado por el uso de arma de fuego y homicidio doblemente agravado: por haber sido cometido para procurar la impunidad de otro delito —criminis causa— y por tratarse de un integrante de una fuerza policial en ejercicio de sus funciones. Sobre esa base, atribuyó a Lescano la coautoría de ambos delitos y pidió una condena a prisión perpetua. La querella adhirió al planteo.

La defensora Soledad Poma de Otaegui rechazó la acusación y cuestionó la solidez de las pruebas presentadas por el Ministerio Público Fiscal. Entre sus objeciones, señaló que no se encontró el arma que se atribuye a Lescano y puso en duda la fiabilidad del dermotest, debido a que se realizó más de 48 horas después del hecho.

También planteó contradicciones respecto de las prendas secuestradas y sostuvo que la gorra encontrada durante el procedimiento no coincidía con la que aparecía en las imágenes de seguridad. Además, argumentó que la secuencia de los disparos no demostraba por sí sola la participación de Lescano en el homicidio y cuestionó la calificación legal propuesta por la Fiscalía.

Pese a los planteos defensivos, el juez admitió las pruebas ofrecidas por todas las partes y dispuso la apertura a juicio. Los cuestionamientos deberán ser considerados durante el proceso, en el que se determinará la responsabilidad penal del acusado.

La situación procesal de Lescano también fue analizada durante la audiencia. Saldaño había solicitado extender por 120 días la prisión preventiva, al sostener que persistían riesgos procesales y que no existían medidas alternativas suficientes para garantizar la continuidad del proceso.

Entre los argumentos expuestos, mencionó que el acusado no tenía domicilio ni trabajo fijo en Cortaderas, que fue detenido cerca del límite provincial y que llevaba un documento con su fotografía, pero a nombre de otra persona. También hizo referencia a sus antecedentes condenatorios y a la gravedad de la pena que podría recibir en caso de ser condenado.

La querella acompañó el pedido fiscal. La defensa no se opuso a que Lescano continuara detenido, aunque solicitó que la prórroga fuera de 90 días.

Finalmente, Pinto resolvió extender la prisión preventiva por ese plazo. Lescano permanece alojado en el Complejo Penitenciario N.º 2, en Pampa de las Salinas, y seguirá detenido mientras la causa avanza hacia el juicio oral.