La municipalidad contraataca: niega acusaciones en su contra y justifica suspensiones a trabajadores

Otra vez vuelve a haber tensión entre el ejecutivo de Villa de Merlo y la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE), que recientemente adoptó medidas para visibilizar varios reclamos. 

Las situaciones denunciadas por los gremialistas tienen que ver con la incertidumbre acerca de cómo se les otorgará el incremento salarial del 42% anunciado por el intendente en la apertura de sesiones ordinarias; así como con la violencia laboral, que no solo padecen sus delegados, sino trabajadores contratados, quienes se encuentran en condiciones laborales "precarias" y sufren amenazas de cambio sector o, incluso, hasta de despido. 

También, en relación a la pandemia y los métodos para evitar contagios de covid-19, desde el gremio manifestaron que dentro de las áreas municipales no se cumplen los protocolos para preservar la integridad física de empleadas y empleados y tampoco se cuenta con equipamiento de bioseguridad. "Es inadmisible que un municipio no pueda dar garantía a sus trabajadores de que estarán protegidos", recalcaron desde ATE.

En respuesta a las acciones que se implementaron, la municipalidad a cargo del intendente Juan Álvarez Pinto, quien sigue rechazando al sindicato como interlocutor de los trabajadores, hizo público un comunicado que se emitió a través de los medios de comunicación que éste auspicia. En el mismo, se negó que hayan ocurrido hechos de violencia laboral y se justificó la suspensión de dos de los delegados gremiales.

El Municipio de la Villa de Merlo informa que la Dirección de Movilidad Urbana y Seguridad Ciudadana (Tránsito y Transporte) vio afectada su normal desenvolvimiento en sus oficinas de Avenida Carlos Gardel debido al bloqueo de ingreso y egreso de ciudadanos por parte de 4 delegados de ATE (Asociación de Trabajadores del Estado).

Dicha medida coercitiva nada tiene que ver con lo que manifiestan los carteles que han colocado en el lugar, sino que se relaciona únicamente con la medida sancionatoria que se dispuso para dos de los empleados involucrados, quienes fueron suspendidos de manera justificada por las siguientes causas: incumplimiento y faltas reiteradas a su jornada laboral, falta de respeto reiterada al superior inmediato, negligencia en el cumplimiento de sus tareas y funciones, etc. Todo enmarcado en los artículos 38° inc. B y 39° de la Ordenanza N° 161-IM-1978 (Estatuto del Empleado Municipal), el cual además fija los procedimientos administrativos para que los involucrados en la sanción fijen su descargo, no habiéndose realizado ninguna acción en este sentido al momento. Asimismo, se aclara a la sociedad que en la dependencia afectada no se registra ningún caso activo de COVID-19 positivo tal como quisieron instalar de manera maliciosa los 4 delegados gremiales involucrados en este suceso.