El oficialismo de Merlo ahora quiere volver a las audiencias públicas que eliminó hace un año
En un viraje legislativo que muestra a las claras una directa contradicción, el interbloque oficialista UCR-Avanzar presentó en el Concejo Deliberante un proyecto de ordenanza para restablecer los mecanismos de participación ciudadana en los procedimientos de Evaluación de Impacto Ambiental (EIA).
Mediante la Nota R. N° 271-C.D.-2026, la misma bancada que en agosto de 2025 votó para eliminar las audiencias públicas y desplazar los controles provinciales del procedimiento ambiental ahora propone declarar la adhesión a la Ley Provincial N° IX-0876-2013 y su Decreto Reglamentario 7755/MMA/2014.
El proyecto, que lleva la firma de los concejales Lucas Di Diego, María José Álvarez, Patricia Morandé, Magdalena Albornoz y Jorge Cornejo, contrapone de manera frontal la postura que el oficialismo sostiene desde hace trece meses.
El 7 de agosto de 2025, tras un polémico empate 4 a 4 definido por el voto dirimente de la presidenta del Concejo, Patricia Morandé, el oficialismo aprobó la reforma de la Ordenanza 917 argumentando la necesidad de “no depender de la Provincia” y concentrar el poder de aprobación ambiental en un comité cerrado de funcionarios políticos locales, excluyendo la consulta a universidades y organizaciones sociales.
Paradójicamente, aquella controvertida reforma de 2025, que eliminó las audiencias públicas, nunca llegó a ser reglamentada, lo que mantuvo los procedimientos ambientales en una situación de incertidumbre jurídica durante más de un año.
El apuro del oficialismo por “emparchar” la norma coincide con la cuenta regresiva que corre en la Justicia.
Referentes de la Multisectorial de Noreste de San Luis, impulsores, junto con otras organizaciones, de una demanda de inconstitucionalidad contra la modificación de la Ordenanza 917 ante el Superior Tribunal de Justicia, confirmaron a El Corredor Noticias que la causa entró en una etapa decisiva y que se esperan novedades para el mes que viene. “En teoría, en octubre tienen que expedirse”, dijeron.
La causa ante el máximo tribunal provincial fue impulsada a fines del año 2025 y respaldada por un centenar de firmas y un pronunciamiento del Defensor del Pueblo de San Luis, Guillermo Belgrano Rawson.
La presentación cuestionó, entre otros puntos, la supresión de las audiencias públicas y planteó que la reforma implicaba una regresión respecto del nivel de protección y participación establecido por la Ley Nacional General del Ambiente 25.675 y la Ley Provincial 876/2013.
Al proponer ahora la adhesión a esa misma norma provincial, el proyecto oficialista aparece como un intento de corregir el marco cuestionado antes de que el máximo tribunal se pronuncie. Si la nueva regulación avanza, podría abrirse ante la Justicia la discusión sobre si la modificación de la Ordenanza 917 dejó de ser materia de controversia antes de una eventual sentencia definitiva.
La iniciativa mayoritaria tiene, además, un antecedente. La oposición había presentado para la “Sesión Verde”, realizada en junio, una propuesta destinada a volver a modificar la Ordenanza 917, devolver las audiencias públicas e incorporar un esquema de control técnico plural.
Pese a las reiteradas solicitudes de tratamiento, la mayoría de UCR-Avanzar mantuvo la iniciativa en comisión durante casi cuatro meses.
El oficialismo vuelve sobre la misma cuestión y presenta una propuesta propia para recuperar la participación ciudadana en los procedimientos ambientales.
La discusión se da, además, en un contexto en el que el POT 2050 reveló el reclamo por mayor participación ciudadana. El Relevamiento Territorial Barrial, las audiencias públicas y las mesas de trabajo mostraron que vecinos y sectores de la comunidad quieren ser parte de las decisiones sobre cómo crece Merlo, qué se puede construir y qué debe protegerse.
En ese marco, la participación ciudadana vuelve a ser una demanda concreta de vecinos y sectores que reclaman tener voz en las decisiones sobre el territorio.
De avanzar el proyecto, la adhesión a la Ley IX-0876-2013 incorporaría al procedimiento municipal las instancias de participación previstas en esa normativa, entre ellas los talleres comunitarios y las audiencias públicas.
La legislación provincial establece además el procedimiento de Evaluación de Impacto Ambiental y los requisitos técnicos aplicables a los estudios ambientales. El sitio oficial del Gobierno de San Luis identifica a la misma como la norma que regula este procedimiento.
El proyecto será puesto este jueves a consideración del Concejo Deliberante. Si obtiene el pase correspondiente, continuará su recorrido en la Comisión “A” de Planeamiento Urbano y Ambiente, donde se encontrará con la iniciativa opositora presentada en junio.
Todo esto ocurre mientras corren las semanas que podrían llevar a la Justicia a definir la constitucionalidad de la normativa ambiental que el propio oficialismo ahora busca modificar.
