Muerte en la comisaría
Caso Magalí Morales: casi seis años después, imputarán a los cuatro policías por tortura seguida de muerte
El 5 de abril de 2020, en plena fase más estricta del aislamiento por la pandemia, Florencia Magalí Morales entró a la Comisaría 25° de Santa Rosa del Conlara. Horas más tarde, estaba muerta en una celda. La versión oficial habló de suicidio. Su familia habló de violencia policial.
Casi seis años después, la causa judicial registra un movimiento concreto. El próximo lunes 16 de marzo se realizará la audiencia de formulación de cargos contra los cuatro expolicías involucrados, por tortura seguida de muerte, una figura que prevé prisión perpetua.
La audiencia se desarrollará a las 9:30, en Concarán, ante el juez de Garantías Nicolás Coppola, con intervención de la fiscal de Género Adriana Cangelosi. Allí se formalizará la acusación contra Reynaldo Clavero, Marcos Ontiveros, María Eugenia Argüello y Johana Paola Torres, señalados como coautores de la muerte de la mujer de 39 años y que llegan a esta instancia en libertad.
En diálogo con San Luis 24, el abogado querellante Federico Putelli calificó la instancia como “un avance sustancial”, aunque tardío: “Después de seis años, recién ahora tenemos una imputación acorde a la gravedad de los hechos”.
En esa audiencia, la Fiscalía deberá exponer formalmente cuál es la hipótesis acusatoria, qué rol atribuye a cada imputado y cuáles son los elementos de prueba que sostienen la acusación. También podrá debatirse la situación procesal de los acusados.
De “suicidio” a tortura seguida de muerte
La causa no siempre tuvo esta calificación. En sus inicios fue investigada como averiguación de muerte, bajo la hipótesis de un ahorcamiento dentro del calabozo.
El reconocimiento del cuerpo, nuevas pericias y la insistencia de la familia impulsaron un cambio sustancial en el enfoque del expediente. Con el paso del tiempo, la investigación fue reformulada bajo la figura de tortura seguida de muerte, que implica que la víctima habría sido sometida a tormentos mientras estaba bajo custodia estatal.
La modificación no fue inmediata. Hubo apelaciones, recursos y planteos ante instancias superiores que dilataron el proceso durante años.
El expediente estuvo atravesado por controversias técnicas, especialmente en torno a la autopsia y la posterior reautopsia. “El recorrido judicial fue escandaloso en muchos tramos. Hubo obstáculos que demoraron una imputación acorde al hecho”, sostuvo Putelli.
En una etapa inicial, los efectivos habían sido vinculados a delitos de menor gravedad. La querella apeló esa decisión hasta lograr que se revisara la calificación.
A pesar de la severidad del delito que se les atribuye -uno de los más graves del Código Penal- los cuatro exintegrantes de la fuerza procesados continúan en libertad. “Ellos siguieron con su vida como si nada”, expresó el abogado.
La querella no descarta que puedan surgir nuevas responsabilidades, ya que al momento del hecho había varios efectivos de guardia en la dependencia.
Si la acusación queda firme, el próximo paso será avanzar hacia la etapa intermedia y eventualmente el juicio oral.
Para la familia, que desde el primer día rechazó la hipótesis del suicidio, la audiencia representa algo más que un trámite procesal, es la confirmación de que la discusión judicial ya no gira en torno a si Magalí se quitó la vida, sino a qué ocurrió mientras estaba bajo custodia policial.