El oficialismo busca aprobar la reforma de Glaciares en medio del escándalo por Adorni y protestas en todo el país
El oficialismo se encamina a aprobar este miércoles en la Cámara de Diputados la reforma a la Ley de Glaciares, en una sesión atravesada por el escándalo patrimonial del jefe de Gabinete, Manuel Adorni, y por un aumento de las protestas de organizaciones ambientalistas.
Con respaldo legislativo consolidado, el Gobierno apunta a conseguir la sanción definitiva del proyecto y recuperar iniciativa política en un contexto de desgaste en la opinión pública.
Según estimaciones parlamentarias, el oficialismo y sus aliados reunirían alrededor de 140 votos, con el apoyo de La Libertad Avanza, el PRO, la UCR y bloques provinciales, además de aportes parciales de sectores opositores.
El escenario quedó definido tras el dictamen de mayoría firmado en comisiones, mientras que la oposición presentó despachos de rechazo.
Protestas y rechazo en aumento
Previo al debate legislativo, organizaciones ambientalistas intensificaron sus acciones. Este miércoles por la mañana, activistas de Greenpeace realizaron una intervención en el Monumento a los Dos Congresos, donde desplegaron carteles contra la reforma.
La protesta derivó en un operativo de la Policía de la Ciudad. Los manifestantes fueron retirados del lugar, notificados por contravenciones y posteriormente liberados.
La acción se suma a una convocatoria más amplia prevista para la tarde frente al Congreso, en rechazo a la iniciativa oficial.
Pero las acciones no se limitan a la Ciudad de Buenos Aires. En distintos puntos del país comenzaron a organizarse concentraciones.
En Villa de Merlo y en la ciudad de San Luis, colectivos y asambleas socioambientales llevarán a cabo actividades para visibilizar su oposición a la modificación de la ley, con eje en la defensa de los recursos hídricos.
Presión opositora en el recinto
La sesión no estará centrada exclusivamente en la ley. La oposición anticipó que buscará instalar el caso Adorni con pedidos de interpelación y cuestiones de privilegio.
En ese marco, distintos bloques impulsarán el emplazamiento de la comisión de Asuntos Constitucionales para tratar los proyectos vinculados al jefe de Gabinete.
También podrían sumarse otros temas sensibles para el Gobierno, como los créditos hipotecarios otorgados a funcionarios oficialistas y debates sobre política exterior.
Qué cambia con la reforma
El proyecto modifica la Ley 26.639 al redefinir el alcance de las zonas protegidas. En particular, establece una distinción dentro de las áreas periglaciares para permitir actividades económicas en aquellas que no acrediten una función hídrica estratégica.
Además, otorga a las provincias mayor capacidad de decisión sobre qué zonas preservar, reduciendo la intervención del Estado nacional.
Desde la oposición y organizaciones ambientalistas advierten que la iniciativa implica un retroceso en la protección de reservas de agua y podría habilitar el avance de actividades extractivas en áreas sensibles.
La ley vigente, sancionada en 2010, protege tanto glaciares como ambientes periglaciares. Con la reforma, se mantendría la prohibición sobre los glaciares, pero se flexibilizarían las condiciones en otras zonas.
Con este escenario, el oficialismo se encamina a una victoria legislativa, aunque en medio de una creciente conflictividad política y social que ya se expresa tanto en el Congreso como en distintos puntos del país.
