Fin de la Zona Fría: alertan subas de hasta 50% en el gas y riesgo de pobreza energética en San Luis

La posible modificación de la Ley Nacional N°27.637, conocida como Ley de Zona Fría, encendió la preocupación en San Luis. La presidenta de la Comisión Reguladora Provincial de la Energía Eléctrica y coordinadora del Plan Maestro de Energía 2026-2036, Laura Giumelli, envió una nota a diputados y senadores nacionales por la provincia para advertir sobre las consecuencias que tendría el proyecto impulsado por el Gobierno nacional.

La iniciativa enviada por el Poder Ejecutivo mediante el Mensaje N°137-2026 propone una serie de “medidas energéticas”, entre ellas la derogación de parte del articulado de la ley que actualmente subsidia el consumo de gas en regiones con bajas temperaturas.

En el documento dirigido a los diputados nacionales Ernesto Alí, Carlos Alberto Almena, Claudio Álvarez, Mónica Becerra y Jorge Fernández, y a los senadores Bartolomé Abdala, Ivanna Arrascaeta y Fernando Salino, Giumelli sostuvo que casi todos los departamentos sanluiseños perderían la condición de Zona Fría.

“La Ley de Zona Fría propiciaba la segmentación bioclimática para la asignación de subsidios al gas natural y categorizaba a casi todos los departamentos de la provincia de San Luis como tal”, expresó.

Según advirtió, la medida implicaría que miles de usuarios dejen de recibir subsidios pese a vivir en zonas con “alta amplitud térmica” y temperaturas extremadamente bajas durante el invierno.

“Los usuarios gasíferos perderán el subsidio, a pesar de que muchos de esos suministros se encuentran en zonas bioclimáticas de alta amplitud térmica que registran temperaturas bajísimas, incluso a nivel país”, señaló.

La funcionaria también remarcó que San Luis realizó importantes inversiones para ampliar la red de gas natural sin asistencia del Estado nacional, con el objetivo de mejorar la calidad de vida y ampliar alternativas productivas.

“San Luis ha destinado importantes inversiones a la ampliación de su red gasífera, sin ayuda nacional, para brindar acceso a los usuarios al gas natural y mejorar la calidad de vida”, sostuvo.

En la nota enviada al Congreso, Giumelli alertó que la eliminación del beneficio impactará de lleno sobre las economías domésticas y podría profundizar situaciones de pobreza energética.

“Muchos usuarios verán impactadas fuertemente sus economías domésticas, en muchos casos poniéndolos en situación de pobreza energética”, afirmó.

Según detalló, el aumento para pequeños usuarios residenciales podría oscilar entre 10 mil y 40 mil pesos mensuales antes de impuestos.

Consideró además que el debate energético no puede limitarse únicamente a una reducción del gasto público y cuestionó que el proyecto avance sin contemplar las diferencias geográficas y climáticas del país.

“La focalización de subsidios es un largo camino que no sólo depende de la situación de vulnerabilidad socioeconómica de quienes los reciben, también del lugar que habitan y de los energéticos que disponen como opciones para cubrir sus necesidades calóricas”, indicó.

Para Giumelli, el régimen de Zona Fría permitía precisamente abordar esas diferencias regionales, algo que, según afirmó, se pretende eliminar sin un análisis integral ni planificación federal.

“Creemos que el debate en relación al acceso, inversiones, precios y tarifas en materia energética tiene que ser articulado a partir de múltiples parámetros, con participación efectiva de las provincias”, expresó.

La funcionaria sostuvo además que el proyecto impulsado por el Gobierno nacional “persigue la disminución de subsidios, sin distinción de las realidades geográficas” y sin contemplar las necesidades calóricas de la población.

También manifestó preocupación por el impacto que podrían tener los cambios tarifarios sobre el consumo energético. Advirtió que muchas familias, al no poder afrontar el costo del gas natural, terminarán recurriendo a la energía eléctrica o al gas licuado de petróleo (GLP), alternativas más caras e inestables.

“De no cubrir sus necesidades con gas natural lo hacen a partir de energía eléctrica, con la consiguiente presión sobre las necesidades de infraestructura, y, lo que es más dañoso, con GLP cuyo acceso y precio es aún más volátil y caro”, señaló.

En otro tramo de la nota, Giumelli cuestionó además el esquema de compensaciones energéticas vinculadas a CAMMESA y planteó que provincias cumplidoras como San Luis no reciben beneficios mientras se compensan deudas de otras jurisdicciones.

“Aprovecho la oportunidad para señalar que las provincias -y menos San Luis- no han generado ‘activos regulatorios’ a favor de la concesionada”, afirmó.

La discusión por la eliminación de la Zona Fría también abrió una fuerte polémica política en San Luis. Los diputados nacionales libertarios Mónica Becerra y Carlos Alberto Almena acompañaron el avance del dictamen impulsado por el oficialismo nacional y celebraron públicamente la iniciativa en redes sociales.

Becerra incluso compartió publicaciones junto a dirigentes oficialistas y destacó el avance del proyecto que elimina subsidios para las zonas incorporadas en 2021. El posicionamiento generó críticas debido al impacto económico que la medida podría tener sobre miles de hogares sanluiseños en medio del aumento de tarifas y la llegada del invierno.

Finalmente, Giumelli advirtió sobre el crecimiento de la pobreza energética en caso de avanzar la reforma. Según explicó, aunque no existe una definición técnica única, se considera que un hogar atraviesa esa situación cuando debe destinar más del 10% de sus ingresos para cubrir necesidades energéticas básicas.