Francisco Leiva propuso desalentar inversiones en zonas sensibles en lugar de prohibir construcciones

Según explicó, las restricciones totales pueden generar conflictos legales como el que hoy enfrenta el municipio a partir del denominado “fallo Mercau”, donde se discute el alcance de las limitaciones que puede imponer el Estado sobre la propiedad privada.

“El faldeo de la sierra tiene dueños. No es un parque nacional ni es propiedad del Estado”, señaló Leiva, al referirse al delicado equilibrio entre el derecho a la propiedad privada y la necesidad de proteger el ambiente.

En ese sentido, sostuvo que el nuevo esquema de planificación territorial debería reemplazar la lógica de la prohibición por mecanismos regulatorios más complejos.

“No prohibir las construcciones entre la cota 1000 y la 1100, pero sí hacer que sea muy difícil hacerlo”, explicó.

Entre las herramientas que propuso mencionó la exigencia de estudios de impacto ambiental más rigurosos, infraestructura ambiental a cargo de los privados, tasas especiales, controles más estrictos y medidas vinculadas al uso del agua, reforestación y eficiencia energética.

Según indicó, el objetivo sería encarecer y complejizar las inversiones en esas zonas para que los desarrolladores opten por proyectos en sectores más adecuados para el crecimiento urbano de la ciudad.

Posibles expropiaciones

El actual secretario de Hacienda del Municipio también se refirió a la posibilidad de avanzar en expropiaciones por encima de la cota 1100, una propuesta mencionada en la primera jornada de la audiencia por el ministro de Turismo de San Luis e intendente electo de Merlo, Juan Álvarez Pinto.

“La estrategia debería ser que esas tierras pasen a ser propiedad del Estado para garantizar su preservación”, sostuvo.

Para ello, señaló que el municipio cuenta con un fondo de expropiación, aunque aclaró que cuando asumió la gestión de Álvarez Pinto, en 2019, ese fondo se encontraba sin recursos.