Funcionarios merlinos siguen en carrera por una de las 40 viviendas sociales
De los casi 3.000 inscriptos que tuvo el plan habitacional “Tenemos Futuro” en su primera etapa, finalmente 887 personas quedaron habilitadas para participar del sorteo de viviendas sociales en Villa de Merlo. El dato surge del padrón definitivo publicado por el Gobierno provincial en el Boletín Oficial, tras el proceso de presentación y validación de documentación.
La depuración redujo la lista, pero no modificó uno de los puntos que ya había generado cuestionamientos. Entre quienes avanzaron siguen apareciendo funcionarios municipales, concejales oficialistas y familiares del poder político local. El filtro administrativo dejó afuera a muchos aspirantes, pero no alteró la convivencia de distintos perfiles dentro de la misma nómina.
Lejos de saldarse, la polémica que se había abierto con la primera publicación queda ahora confirmada.
En el padrón figuran Rosario Álvarez Pinto, hermana del intendente electo y actual ministro de Turismo y Cultura -quien además se desempeña como coordinadora de los descentralizadores locales-; el secretario de Comunicación y Eventos Gonzalo Mastronardi; el ahora secretario de Hacienda Francisco Leiva; ediles del oficialismo; y la pareja del propio ministro-intendente. Todos cumplen con los requisitos exigidos y, por lo tanto, están habilitados para participar del sorteo en igualdad de condiciones formales.
El punto adquiere otra dimensión cuando se lo cruza con la escala real del plan. Actualmente, en Villa de Merlo se encuentran en ejecución 40 viviendas sociales, distribuidas entre los barrios El Rosedal y Los Troncos. Ese número fija el límite concreto de una política que deberá responder a una demanda que, pese al recorte, sigue siendo varias veces superior.
En una línea diferente del programa, 194 personas quedaron incorporadas a la modalidad de autoconstrucción, que no forma parte del sorteo de viviendas sociales.
El mecanismo de selección será a través de un sorteo. Según lo informado oficialmente, quienes resulten seleccionados deberán atravesar luego una instancia de verificación con análisis de documentación y visitas sociales, por lo que salir sorteado no implica la adjudicación automática.
Así planteado, el proceso se sostiene en reglas claras. Pero la escena que deja el padrón es más compleja, porque en una misma lista conviven quienes dependen exclusivamente de una política pública para resolver su situación habitacional y quienes forman parte del entramado estatal que la gestiona. Una convivencia que no vulnera normas, pero que, en un contexto de alta demanda y escasa oferta, vuelve inevitable la discusión sobre cómo se distribuyen esas oportunidades.