Cristina Kirchner defendió la expropiación de YPF tras el fallo en EE.UU. y afirmó que fue “conforme a derecho”

La expresidenta Cristina Fernández de Kirchner defendió la expropiación de YPF tras el reciente fallo de la Justicia de Estados Unidos a favor de la Argentina, y aseguró que el proceso llevado adelante en 2012 se realizó “conforme a derecho” y en el marco de la soberanía estatal.

A través de un extenso mensaje público, la exmandataria sostuvo que “las disposiciones del estatuto de una sociedad no pueden prevalecer sobre la Constitución y el ordenamiento jurídico de un país”, en referencia a uno de los ejes centrales del litigio que se tramita en tribunales de Nueva York.

En ese contexto, agradeció al estudio jurídico Sullivan & Cromwell LLP por la defensa del Estado argentino y destacó el trabajo realizado desde 2020. “Como ex presidenta y como ciudadana argentina, mi agradecimiento al staff de abogados (…) que llevaron adelante la defensa del Estado argentino”, expresó.

Además, desde su rol como abogada, valoró que el equipo legal haya sostenido los argumentos vinculados a la primacía de la Constitución Nacional. Según indicó, esa postura implica “reconocer la soberanía de los Estados”, un principio que consideró clave en el resultado del fallo.

Kirchner también afirmó que la posición argentina fue respaldada por distintas administraciones de Estados Unidos, tanto demócratas como republicanas, y remarcó que esto refuerza la legitimidad del proceso de expropiación.

En otro tramo de su mensaje, la exjefa de Estado vinculó la estatización con la política energética del país y destacó su impacto en el desarrollo de Vaca Muerta. “La decisión política de recuperar YPF y nuestra soberanía energética fue estratégica”, sostuvo, y añadió que actualmente la Argentina registra superávit en la balanza energética.

El fallo que motivó sus declaraciones fue dictado por la Cámara de Apelaciones del Segundo Circuito de Nueva York, que revirtió la sentencia de primera instancia de 2023 emitida por la jueza Loretta Preska, quien había condenado al país a pagar más de US$16.000 millones.

Si bien la resolución representa un alivio para el Estado argentino, el proceso judicial —iniciado en 2015— aún no está cerrado, ya que las partes pueden recurrir a la Corte Suprema de Estados Unidos como última instancia.