El turismo de los datos inciertos

En Villa de Merlo, el destino turístico más importante de la provincia, la discusión ya no pasa únicamente por si la ocupación fue del 70% o del 45%. El verdadero conflicto parece estar en la credibilidad de los datos oficiales, en la falta de una estrategia clara de promoción y en la creciente tensión entre el sector privado y quienes hoy conducen la política turística local.

La polémica volvió a encenderse durante el último fin de semana largo por el feriado del Día del Trabajador, cuando desde el área de Turismo municipal se difundieron porcentajes de ocupación que rápidamente fueron puestos en duda por prestadores turísticos. Empresarios hoteleros, cabañeros y referentes vinculados a la actividad sostienen que el movimiento real estuvo lejos de los números comunicados oficialmente y cuestionan, sobre todo, cómo se construyen esas estadísticas tan festejadas por el municipio.

El problema no es menor. En una localidad con cerca de 600 establecimientos de alojamiento y más de 13.000 plazas disponibles, los datos funcionan como una herramienta central para medir temporadas, planificar inversiones, orientar campañas promocionales y evaluar el comportamiento del mercado. Cuando esos números pierden credibilidad, el impacto no es solamente político, también afecta la toma de decisiones del sector privado.

Las críticas apuntan a varios frentes. Por un lado, operadores turísticos advierten que no existiría un relevamiento suficientemente amplio ni trabajo de campo sostenido que permita construir indicadores representativos del conjunto de la oferta de la localidad. También remarcan la falta de información complementaria que siempre formó parte de los informes del sector, como la procedencia de visitantes, nivel de gasto, estadía promedio o perfil del turista.

La situación genera más ruido porque Villa de Merlo cuenta formalmente con un Observatorio de Turismo, creado precisamente para producir información sistemática y confiable sobre la actividad. Su función institucional incluye la generación de datos para la planificación pública y privada, además del análisis técnico del comportamiento turístico del destino. Sin embargo, en los últimos meses crecieron los cuestionamientos sobre la escasa difusión de informes completos y las demoras en el acceso a la información oficial.

De hecho, ante consultas realizadas por este medio sobre los porcentajes de ocupación previstos para el fin de semana largo que se avecina, desde el municipio respondieron únicamente que “todavía los chicos están relevando”. Ni una palabra de más que adelantara cómo venían las consultas.

Pero detrás de la discusión estadística aparece otro problema de fondo. Dentro del propio sector turístico crece una percepción de ambigüedad sobre quién conduce realmente la política turística en la ciudad. El escenario se complejiza porque el intendente electo, actualmente en uso de licencia, ocupa al mismo tiempo el cargo de ministro de Turismo provincial.

En los últimos meses, distintas áreas, oficinas y estructuras que históricamente funcionaban bajo la órbita provincial comenzaron a articularse o descentralizarse hacia el ámbito municipal, otorgándole a la gestión local mayor presencia operativa. Sin embargo, muchos prestadores de servicios sostienen que las decisiones estratégicas, lineamientos políticos y acciones de promoción continúan dependiendo de la estructura provincial.

Esa dinámica genera un esquema difícil de interpretar hasta para los propios actores turísticos porque, si bien el municipio gana protagonismo administrativo, la conducción política parece seguir concentrada en la Provincia. El resultado, de acuerdo a lo que describen las fuentes consultadas, es una cadena de mando difusa donde no siempre queda claro quién toma las decisiones, quién define las prioridades y quién asume la responsabilidad sobre los resultados de la actividad turística en el destino estrella de San Luis.

A eso se suma otro foco de malestar que comienza a escucharse con más fuerza puertas adentro, que tiene que ver con la idea de que determinadas acciones promocionales, articulaciones institucionales o niveles de visibilidad beneficiarían principalmente a un grupo reducido de actores privados (muy) cercanos al poder político de turno.

A su vez, cada vez que surgen cuestionamientos sobre los datos o sobre la gestión turística, desde el oficialismo se intenta instalar el relato de que quienes critican “están en contra del turismo” o perjudican la imagen del destino. Pese a ello, muchos prestadores rechazan esa interpretación y sostienen que discutir estadísticas, políticas de promoción o criterios de gestión no implica atacar la actividad, si no, más bien, reclamar mayor profesionalización y transparencia en uno de los motores económicos centrales de la región.

Porque, en definitiva, la discusión ya no pasa solamente por cuánto midió un fin de semana. Lo que empieza a romperse en Villa de Merlo es la confianza entre el sector turístico y el Estado, en un contexto donde crecen las dudas sobre cómo se manejan los datos, quién toma realmente las decisiones y por qué ciertos sectores parecen tener siempre más lugar, más promoción y más respaldo que otros.