La Justicia extendió la investigación por el crimen de Renato Fuentes y analizará posibles responsabilidades policiales

La investigación por el crimen del oficial Renato Mauricio Fuentes continuará abierta al menos 30 días más luego de que el Tribunal de Impugnaciones en lo Penal de la Segunda y Tercera Circunscripción Judicial revocara una resolución del Juzgado de Garantías y ordenara extender la etapa de investigación penal preparatoria. El fallo no solo mantiene bajo análisis la responsabilidad de Julio Daniel “Ringo” Lescano, principal imputado por el homicidio, sino que además habilita profundizar posibles irregularidades policiales e institucionales vinculadas al operativo ocurrido en Cortaderas.

La resolución fue firmada el 21 de mayo por los jueces María Monserrath Bocca, Marcelo Bustamante Marone y Hernán Diego Herrera, quienes hicieron lugar a las apelaciones presentadas tanto por la querella como por la defensa de Lescano. Ambas partes cuestionaban la decisión del juez Jorge Osvaldo Pinto, quien había rechazado una prórroga de la investigación y buscaba avanzar hacia la etapa de control de acusación.

En el expediente surgieron fuertes cuestionamientos al accionar del Ministerio Público Fiscal y a la investigación desarrollada hasta el momento. La querella, encabezada por el abogado Gustavo Reviglio, denunció que nunca se profundizó sobre la falta de chalecos antibalas en la subcomisaría donde prestaba servicio Renato Fuentes, quien murió de un disparo en el tórax durante el procedimiento policial realizado el 20 de septiembre de 2024. Según se expuso durante la audiencia, la dependencia contaba apenas con tres chalecos para ocho efectivos.

La familia del oficial asesinado también denunció presuntas responsabilidades funcionales de superiores policiales y advirtió sobre graves irregularidades durante la pesquisa. Entre ellas mencionaron el extravío de registros fotográficos y fílmicos de la autopsia y de distintas pericias médicas practicadas sobre el cuerpo de la víctima.

Otro de los puntos centrales del fallo está vinculado a la posible participación de una tercera persona en el asalto fatal. Tanto la querella como la defensa sostuvieron que existen testimonios y otros elementos que ubicarían a Uriel Chirino dentro de la banda involucrada en el hecho. La defensa incluso aseguró que la Fiscalía habría citado por error a otra persona con un nombre similar y que nunca profundizó esa línea investigativa.

Durante la audiencia de apelación, la defensora Soledad Poma de Otaegui también cuestionó la consistencia de algunas pruebas incorporadas contra Lescano. Entre los planteos señaló el resultado positivo del dermotest practicado casi 48 horas después del hecho y remarcó contradicciones entre las prendas secuestradas y la vestimenta observada en las cámaras de seguridad. Según indicó, los atacantes utilizaban guantes y la ropa incautada no coincidiría con la registrada en las filmaciones.

Por su parte, el fiscal Marcelo Saldaño rechazó esos cuestionamientos y sostuvo que el caso se encuentra esclarecido. Para el Ministerio Público Fiscal, el crimen fue cometido únicamente por dos personas y no existen pruebas objetivas que acrediten la intervención de un tercer participante. También afirmó que la falta de chalecos antibalas podría derivar en eventuales responsabilidades administrativas o civiles, pero no modifica la atribución penal del homicidio.

Sin embargo, el Tribunal consideró que la causa no puede cerrarse de manera prematura. En su resolución, los magistrados advirtieron que una aplicación rígida de los plazos procesales podría afectar tanto el derecho de defensa como el derecho de las víctimas a conocer toda la verdad sobre lo ocurrido.

Los jueces también tuvieron en cuenta una situación excepcional atravesada por la defensa de Lescano: el fallecimiento del anterior abogado defensor, quien padecía una enfermedad oncológica. Según entendieron, ese contexto debilitó durante parte del proceso el ejercicio pleno de la defensa técnica.

Finalmente, el Tribunal remarcó que la gravedad institucional del caso y las irregularidades denunciadas justifican ampliar la investigación. Los magistrados sostuvieron que el sistema judicial no puede limitarse al mero cumplimiento automático de plazos cuando todavía existen medidas probatorias pendientes y líneas investigativas abiertas.

Con esta decisión, la causa continuará en etapa investigativa durante al menos un mes más. En ese período podrán incorporarse nuevos testimonios, solicitarse informes internos a la Policía y profundizarse las responsabilidades funcionales denunciadas por la familia del oficial asesinado.