Una sesión que terminó a los gritos y volvió a poner al oficialismo bajo la lupa por la transparencia

La sesión ordinaria de este jueves en el Concejo Deliberante de Villa de Merlo terminó a los gritos, con interrupciones, acusaciones cruzadas y cuestionamientos a la conducción del debate. Detrás de los cruces políticos, el reclamo que atravesó toda la jornada fue el mismo que domina la agenda desde hace meses, la falta de transparencia en la gestión municipal.

Antes de que arrancara el tratamiento del orden del día, vecinos del barrio El Pantanillo volvieron a exigir explicaciones desde la Banca Ciudadana sobre el destino de los fondos nacionales para las obras de infraestructura que decenas de familias que esperan la conexión definitiva de agua, gas y electricidad.

La oposición viene cuestionando desde hace meses la falta de información sobre la ejecución del convenio firmado con Nación, y advierte que los trabajos realizados no se corresponden con los recursos que habían sido girados al Municipio.

Con ese reclamo como telón de fondo, el oficialismo usó su mayoría para aprobar los balances del segundo, tercer y cuarto trimestre de 2024. Los concejales Ana Laura Ferrarotti, Daniel Orué y Lucía Miranda votaron en contra, al sostener que la documentación sigue siendo insuficiente y que persisten dudas sobre distintos movimientos de fondos públicos, entre ellos los de El Pantanillo.

La denuncia archivada volvió a enfrentar a las bancadas

El momento de mayor tensión llegó con el tratamiento de la resolución de la Fiscalía de Instrucción N.º 2, que desestimó la denuncia de la concejala Ana Laura Ferrarotti contra el ministro de Turismo y Cultura, Juan Álvarez Pinto, y el intendente interino, Leonardo Rodríguez, por presunto incumplimiento de los deberes de funcionario público y usurpación de títulos y honores.

La concejala oficialista María José Álvarez abrió el debate con una intervención de más de diez minutos en defensa del fallo. La calificó como una presentación sin fundamentos y con fines políticos. “Una denuncia sin pruebas y con una clara intención de desestabilizar", dijo. Y acusó a la oposición de haber buscado mediatizar el conflicto a costa de las familias de los funcionarios denunciados.

Ferrarotti le respondió presentando una moción para crear una comisión investigadora de cinco concejales, con mayoría opositora, que analizara la situación institucional derivada de la licencia de Álvarez Pinto y la continuidad de Rodríguez al frente del Ejecutivo. El oficialismo la rechazó. "Seguiremos en la Justicia", advirtió la concejala.

Por su parte, Lucía Miranda cuestionó a su turno las conclusiones de la Fiscalía: "Discrepamos en el análisis y las conclusiones del fiscal Saldaño. Creemos que no corresponde desestimar la denuncia". Apuntó además contra el momento elegido para llevar el expediente al recinto y lo relacionó con la necesidad del oficialismo de correr el eje de la agenda pública tras la serie de traspiés recientes, como la nueva derrota en la asamblea de la Cooperativa de Agua Potable, la polémica por el adoquinado de la calle de la residencia del intendente interino, la crisis turística y los cuestionamientos al Plan de Ordenamiento Territorial, entre otros.

"Esto se conoció en el mes de junio. Hubo un revés, se ve que necesitaban instalar otros temas. ¡Qué raro que no lo sacaron antes!", lanzó con ironía.

Miranda aclaró también que el archivo de esta causa no cierra todos los frentes judiciales, ya que sigue en trámite otra presentación penal por la sesión preparatoria del 4 de febrero, radicada por los tres concejales de la oposición. Y cuestionó la interpretación de la Fiscalía, para la que pidió intervención del Procurador General de la Provincia: "Si ese dictamen no es más político que jurídico, debería analizarlo el Procurador General". Según señaló, la propia resolución reconoce que hubo aspectos que debieron aclararse después: "Reconoce que la primera resolución no era por seis meses y argumenta que no existe un deber legal claro. ¿Y cómo será que lo aclara después, si dice que tuvieron que hacerlo con otra resolución?".

A medida que avanzaba el cruce, el tono siguió escalando. Miranda denunció un trato desigual hacia las concejalas opositoras por parte del oficialismo local: "Hay una misoginia total". Como argumento, señaló que la denuncia contra Álvarez Pinto y Rodríguez fue firmada únicamente por Ferrarotti (ni ella ni el concejal Daniel Orué figuran como firmantes), pero que el oficialismo, a través de sus medios, insiste en nombrar y cuestionar siempre a las dos concejalas mujeres, nunca a su par varón.

La presidenta del Concejo, Patricia Morandé, interrumpió varias veces las exposiciones de las ediles de la oposición, quienes cuestionaron la conducción y denunciaron parcialidad respecto a los tiempos una diferencia concreta en los tiempos de uso de la palabra: a ellas las cortaron mientras que a Álvarez la dejaron hablar sin límites.

Miranda usó también ese tramo para responder a Álvarez, que se había jactado de la mayoría con la que cuenta el oficialismo en el recinto y que responden al ex gobernador Alberto Rodríguez Saá. Le aclaró que no representa "a una persona" sino a un frente, el Justicialista, y reivindicó obras de gestiones peronistas anteriores en Merlo, como la construcción de 600 viviendas, el aeropuerto local y el hospital Madre de Catalina, como respuesta a las críticas recibidas. Sostuvo, además, que esa pérdida de apoyo ya se nota tanto en los medios como en las redes sociales, y disparó: "La gente, a ustedes, ya no les cree".

Transparencia activa

En sintonía con los reclamos de la jornada, Lucía Miranda presentó un proyecto de Ordenanza de Transparencia Activa y Acceso a la Información Pública. Propone un portal digital obligatorio donde el Municipio publique balances, ejecución presupuestaria, contrataciones, licitaciones, proveedores, Banco de Tierras, convenios, pauta oficial, declaraciones juradas patrimoniales, subsidios y la nómina completa del personal municipal, además de sanciones para los funcionarios que incumplan.

"Si tanto declaman la transparencia, sería bueno que aprueben esta ordenanza para demostrar que realmente son transparentes", desafió la autora de la iniciativa. El proyecto fue girado por unanimidad a la Comisión de Economía y Gobierno.

El adoquinado frente a la casa del intendente: el tema que más repercutió puertas afuera del recinto

Si hay un tema que caló en la opinión pública, es el del adoquinado de la calle H. Z. Morán, donde reside el intendente interino Leonardo Rodríguez.

Ferrarotti, Orué y Miranda presentaron un pedido de informes que, según el comunicado oficial del Concejo, refiere a "los criterios técnicos que priorizan la pavimentación de una calle correspondiente al Barrio Francisca Hernández". Pero el reclamo que generó la polémica puertas afuera del recinto es más puntual que esa descripción genérica. Lo que se cuestiona es que la obra haya alcanzado específicamente la cuadra de la calle H. Z. Morán donde vive el funcionario, y no el resto de las calles del barrio que también esperan pavimento.

El proyecto exige que el Ejecutivo detalle los fundamentos técnicos que llevaron a priorizar ese tramo puntual, el presupuesto ejecutado, el origen de los fondos y el cronograma previsto para las demás cuadras que reclaman la misma mejora.

El dato que sobresale es que el expediente se giró a comisión por unanimidad: también el oficialismo votó a favor de que el Ejecutivo dé explicaciones.