2026-09-02

San Luis

Reforma constitucional: Diputados convirtió en ley el proyecto impulsado por Poggi

La Cámara de Diputados de San Luis aprobó este miércoles de manera definitiva la ley que declara la necesidad de una reforma parcial de la Constitución Provincial. El proyecto impulsado por el gobernador Claudio Poggi reunió 30 votos positivos y 13 negativos, superó los dos tercios requeridos y quedó habilitado el proceso para avanzar hacia una Convención Constituyente.

La sesión se extendió durante tres horas y media. El oficialismo consiguió el respaldo necesario y sumó adhesiones de bloques aliados, mientras que el Frente Justicialista rechazó la iniciativa.

La sanción no modifica de manera inmediata la Carta Magna provincial. La norma delimita los temas que podrán ser tratados por los convencionales constituyentes, quienes serán elegidos por voto popular en las próximas elecciones provinciales generales.

La Convención estará integrada por 52 representantes, la misma cantidad que surge de la totalidad de las bancas de la Legislatura. La elección utilizará el sistema D’Hont y la distribución será de 11 convencionales para Pueyrredón, 11 para Pedernera, cinco para Ayacucho, cinco para Chacabuco, cuatro para Belgrano, cuatro para Coronel Pringles, cuatro para Gobernador Dupuy, cuatro para Junín y cuatro para San Martín.

Qué cambios quedaron habilitados

Entre los principales puntos se encuentra la posibilidad de establecer una prohibición absoluta para una nueva reelección del gobernador luego de dos períodos, sean consecutivos o alternados. La cláusula transitoria propuesta considera el actual mandato de Poggi, correspondiente al período 2023-2027, como el primero.

También quedó habilitada la incorporación de una segunda vuelta electoral para gobernador y vicegobernador.

En el Poder Legislativo, se propone extender el período de sesiones ordinarias desde el 15 de marzo hasta el 31 de diciembre y eliminar las elecciones de medio término. Diputados y Senado pasarían a renovarse cada cuatro años, en coincidencia con los comicios para gobernador.

El proyecto incluye además una disposición transitoria según la cual los legisladores electos en 2025 permanecerían en sus cargos hasta 2031. La misma modificación alcanzaría a los concejos deliberantes, con el objetivo de unificar los calendarios electorales.

En materia judicial, la reforma contempla separar al Ministerio Público Fiscal del Poder Judicial y crear una Procuración General y una Defensoría General. También propone modificar el Consejo de la Magistratura, incorporar representantes de la academia y del Senado y establecer concursos para la elaboración de órdenes de mérito.

Otro de los cambios habilitados establece nuevas condiciones de permanencia, requisitos profesionales y límites de edad para magistrados y funcionarios de determinados organismos.

El agua y los derechos digitales, entre los nuevos derechos

La iniciativa propone incorporar el agua como derecho humano y recurso estratégico con jerarquía constitucional. También contempla la creación de un funcionario técnico del agua, que sería designado por el Poder Ejecutivo con acuerdo del Senado y tendría un mandato de cinco años.

En paralelo, el texto incorpora un capítulo destinado a los derechos vinculados con la tecnología. Entre ellos aparecen la identidad digital, la protección de datos frente a algoritmos, el acceso universal a la conectividad y el hábeas data.

También se incluyen principios relacionados con el acceso a la información pública y un gobierno abierto y transparente.

En educación, la reforma habilita establecer la obligatoriedad de la escolaridad desde los tres años y de la educación secundaria.

Cuándo comenzará la Convención

Una vez promulgada y publicada la ley en el Boletín Oficial, se abrirá la siguiente etapa del proceso: la elección de los 52 convencionales constituyentes.

Los candidatos deberán cumplir los mismos requisitos establecidos para ser diputados provinciales. La Convención deberá iniciar sus funciones dentro de los 30 días posteriores a la proclamación de los electos.

A partir de su constitución tendrá 60 días para completar su tarea, con la posibilidad de solicitar una única prórroga de otros 30 días.

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