La nueva Ley de Discapacidad obtuvo media sanción y pasa al Senado
La Cámara de Diputados de la Nación aprobó durante la madrugada de este jueves 22 de octubre el proyecto de la nueva Ley de Discapacidad, con 237 votos afirmativos, 9 negativos y 4 abstenciones. La iniciativa obtuvo media sanción tras un acuerdo entre el oficialismo, bloques dialoguistas y Unión por la Patria, y fue girada al Senado para continuar su tratamiento.
El proyecto, denominado Ley de Fortalecimiento, Sostenibilidad y Eficiencia Permanente del Sistema de Discapacidad, incorpora buena parte de las prestaciones contempladas en la Ley 27.793, pero elimina el carácter de emergencia y transitoriedad del régimen para establecer un marco permanente.
El entendimiento se alcanzó luego de negociaciones durante la jornada legislativa y de modificaciones al dictamen original. Unión por la Patria decidió acompañar el texto consensuado ante la falta de votos para prorrogar la emergencia en discapacidad hasta el 31 de diciembre de 2027.
Qué cambia con la nueva ley
Entre los principales puntos del proyecto se encuentra la continuidad de las prestaciones y la actualización periódica de los aranceles mediante el índice de movilidad jubilatoria, vinculado al Índice de Precios al Consumidor (IPC).
La iniciativa también contempla la compatibilidad entre las pensiones por discapacidad y el empleo formal o el monotributo, bajo determinadas condiciones de ingresos. Además, establece la cobertura médica básica del Plan Federal Incluir Salud para titulares de pensiones por discapacidad.
Otro de los aspectos incorporados es la compatibilidad entre las pensiones por discapacidad y el cobro de asignaciones familiares, así como la extensión de la cobertura de Incluir Salud a titulares de pensiones por invalidez laboral.
En materia presupuestaria, el proyecto establece que la asignación destinada al Ministerio de Salud no podrá ser inferior, en términos reales, a la del ejercicio fiscal anterior. También prevé auditorías periódicas mediante el cruce de datos de organismos nacionales.
Entre las modificaciones negociadas se incorporó un plazo de 160 días para que las personas cuyas pensiones sean observadas por inconsistencias durante una auditoría puedan presentar su descargo antes de una eventual suspensión del beneficio.
Además, se incluyó una cláusula transitoria que exige establecer un cronograma para cancelar las compensaciones adeudadas a los prestadores, con un plazo máximo de 30 días para la reglamentación por parte del Poder Ejecutivo.
El acuerdo político y las críticas de la oposición
El oficialismo defendió la iniciativa como una alternativa para reemplazar el régimen de emergencia por una normativa permanente. El diputado Gerardo Huesen, miembro informante del proyecto, sostuvo que la propuesta busca construir un sistema con reglas claras, controles y continuidad de las prestaciones.
Desde Unión por la Patria, Juan Marino explicó que el bloque resolvió acompañar el dictamen luego de dialogar con organizaciones vinculadas con la discapacidad y comprobar que no contaba con los votos suficientes para imponer la prórroga de la emergencia.
El legislador advirtió, sin embargo, sobre las dificultades que atraviesa el sector. Durante el debate, señaló que había 324.303 solicitudes de pensión pendientes de resolución y cuestionó el incumplimiento de las obligaciones del Estado nacional.
Victoria Tolosa Paz destacó las modificaciones incorporadas durante la negociación, aunque remarcó que el desafío será garantizar los recursos presupuestarios y la aplicación efectiva de los derechos reconocidos.
El acuerdo no contó con el respaldo de todos los sectores opositores. La diputada del Frente de Izquierda Romina del Plá rechazó el dictamen negociado, mientras que Natalia de la Sota, de Defendamos Córdoba, reclamó que el proyecto volviera a comisiones y cuestionó la falta de garantías presupuestarias.
Por su parte, Maximiliano Ferraro, de la Coalición Cívica, acompañó el texto con modificaciones, pero expresó desconfianza hacia el Gobierno y reclamó que el Senado avance con su sanción definitiva sin demoras.
La definición queda en manos del Senado
Con la media sanción de Diputados, el proyecto deberá ser tratado por la Cámara alta. Allí se definirá si el nuevo marco normativo se convierte en ley.
La discusión continuará atravesada por dos cuestiones centrales: la continuidad de las prestaciones y la capacidad del Estado nacional para garantizar su financiamiento y cumplimiento efectivo.
Mientras el oficialismo sostiene que la iniciativa permitirá dejar atrás un sistema basado en emergencias sucesivas, sectores de la oposición advierten que la eliminación de ese régimen puede reducir las herramientas para exigir respuestas urgentes ante los reclamos de pensionados y prestadores.
La votación de Diputados representó un avance legislativo para el Gobierno, pero la discusión sobre la implementación y el alcance efectivo de los derechos de las personas con discapacidad seguirá abierta durante el tratamiento en el Senado.