San Luis

El Senado aprobó la Ley Impositiva 2027 y la reforma del Régimen Penal Juvenil

Ambas iniciativas fueron sancionadas por mayoría oficialista y con el rechazo de la oposición. Durante el debate, hubo cuestionamientos por las actualizaciones de montos tributarios y por la falta de precisiones sobre los recursos necesarios para implementar los cambios en la Justicia.

La Cámara de Senadores de San Luis convirtió en ley la Ley Impositiva Anual para 2027 y la adecuación del Régimen Procesal Penal Juvenil. Los dos proyectos, que ya contaban con media sanción de Diputados, fueron aprobados por mayoría oficialista, mientras que los legisladores opositores cuestionaron distintos aspectos de las iniciativas.

En el tratamiento de la Ley Impositiva, el senador oficialista Adolfo Castro Luna defendió el proyecto y sostuvo que no se incrementan las alícuotas de los impuestos Inmobiliario, Automotor, Ingresos Brutos y Sellos, aunque reconoció actualizaciones de entre el 20% y el 30% en los montos fijos.

Entre los principales cambios, destacó la reducción del 20% en las alícuotas del impuesto Automotor, que pasarán del 2,5% al 2% en el tramo inferior y del 5% al 4% en el superior. También señaló que se amplían las escalas de valuación para evitar que la inflación provoque cambios de categoría. El monto final a pagar dependerá, además, de la valuación fiscal de cada vehículo.

El legislador agregó que se mantienen los descuentos por cumplimiento y las exenciones para jubilados y pensionados que perciben hasta dos haberes mínimos. En el caso del impuesto Inmobiliario, indicó que la exención total para personas con discapacidad se extenderá a las familias que tengan un integrante en esa situación, aunque no sea el titular de la propiedad.

Además, mencionó la ampliación de los topes de facturación para que más pequeñas y medianas empresas puedan acceder a alícuotas reducidas de Ingresos Brutos. También explicó que los contribuyentes que se atrasen en un pago perderán los beneficios por cumplimiento solamente durante ese mes y no por todo el período.

Castro Luna justificó las actualizaciones previstas en función de las proyecciones económicas de la provincia. “Estamos hablando de que los aumentos van entre el 20 y 30% y el presupuesto tenía planificado en promedio un aumento presupuestario del 33%”, argumentó. También destacó que San Luis mantiene beneficios fiscales pese a la reducción de los recursos provenientes de la coparticipación nacional.

Desde la oposición, el senador Hugo Olguín rechazó que los incrementos puedan considerarse simples actualizaciones. “Acá el Gobierno presenta los aumentos como actualizaciones. Pero cambiar el nombre no cambia lo que sale del bolsillo del sanluiseño”, cuestionó.

Como ejemplos, mencionó una suba del 18,71% en el mínimo anual general de Ingresos Brutos y el incremento del monto fijo de Sellos para determinados actos y contratos, que pasará de $93.600 a $112.300. También señaló aumentos del 34,29% en algunas declaraciones juradas y del 33,04% en certificaciones.

Olguín sostuvo que las modificaciones impactarán especialmente en pequeños comercios, trabajadores independientes y emprendimientos. Además, cuestionó que la exención del Inmobiliario para jubilados no contemple beneficios graduales para quienes superen por poco el límite de dos haberes mínimos.

También puso en duda el efecto de la reducción de las alícuotas del Automotor frente a la actualización de las escalas de valuación. Según planteó, no alcanza con señalar que algunas alícuotas no aumentan cuando también se modifican los mínimos y los montos fijos.

Otro de los puntos de discusión fue el artículo 84, que autoriza la reubicación de personal de la Dirección Provincial de Ingresos Públicos (DPIP) ante cambios en las modalidades de trabajo. Castro Luna explicó que la disposición responde a la digitalización de los servicios de recaudación y aseguró que cualquier traslado deberá respetar las categorías y los derechos adquiridos de los empleados.

Olguín, en cambio, calificó el artículo como una “aberración” y cuestionó que una autorización de ese tipo se incorpore en una ley impositiva sin establecer destinos ni criterios específicos para la reubicación del personal.

La reforma penal juvenil también fue aprobada con votos en contra

En la misma sesión, el Senado sancionó la adecuación del Régimen Procesal Penal Juvenil, que modifica el Código Procesal Penal y la Ley Orgánica de la Administración de Justicia para establecer procedimientos específicos en causas que involucren a adolescentes.

La reforma fija la competencia penal juvenil para hechos cometidos por personas de entre 14 y 18 años, incorpora garantías particulares y establece la prioridad de medidas socioeducativas, con la privación de la libertad como recurso excepcional. En las causas que involucren tanto a adultos como a adolescentes, deberá intervenir el juez penal juvenil respecto de estos últimos.

El senador oficialista Martín Olivero explicó que la iniciativa busca adecuar la legislación provincial al régimen nacional y garantizar los derechos de los adolescentes mediante los principios de especialidad, proporcionalidad, mínima intervención y celeridad.

Entre las modificaciones, mencionó la separación del proceso penal del sistema de protección integral de derechos, la capacitación obligatoria de jueces, fiscales y defensores y la regulación de declaraciones mediante Cámara Gesell para evitar la revictimización. También se incorporan procedimientos especiales para víctimas adultas en situación de vulnerabilidad, previa evaluación técnica.

La oposición votó en contra y centró sus cuestionamientos en las condiciones necesarias para poner en marcha el nuevo sistema. El senador Torres advirtió que el proyecto no precisa cuántos profesionales serán necesarios, qué infraestructura estará disponible ni cuánto costará implementar los cambios.

También cuestionó que aspectos relacionados con los supervisores, la capacitación y los espacios de alojamiento queden pendientes de reglamentación, pese a que la ley comenzará a regir desde su publicación.

“No alcanza con decir que después se va a reglamentar. Antes de aprobar necesitamos conocer el costo, los recursos disponibles y los plazos de preparación”, sostuvo Torres.

El legislador reclamó que se consulte a jueces, fiscales, defensores y equipos profesionales antes de poner en funcionamiento la normativa. Además, advirtió que la falta de recursos podría afectar tanto a los adolescentes y las víctimas como a los trabajadores judiciales responsables de aplicar el nuevo régimen.

Fuente: lagacetadigital.com

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